México cuenta con algunas de las playas más bellas del mundo, y no es raro que miles de turistas extranjeros se enamoren de sus paisajes. Sin embargo, en más de una ocasión, ese encanto ha derivado en intentos por apropiarse de zonas que, por ley, pertenecen a todos los mexicanos.
En distintos puntos del país se han reportado casos en los que personas extranjeras, tras adquirir propiedades cercanas al mar, buscan cerrar accesos públicos e incluso impiden la entrada a los locales, alegando tener “derechos de propiedad” sobre áreas que en realidad son bienes nacionales. Esta conducta no solo es ilegal, sino que ha provocado conflictos legales y sociales.
Las playas son patrimonio nacional, no propiedad privada
La Ley General de Bienes Nacionales es clara. Su Artículo 7, fracción IV, establece que todas las playas, costas y zonas marítimas bajo jurisdicción nacional son de uso común. Esto significa que nadie puede restringir el paso ni privatizar estos espacios, sin importar si tiene un hotel, casa o desarrollo inmobiliario cercano.
A pesar de esta normativa, hay al menos tres playas mexicanas que han sido objeto de intentos de apropiación por parte de extranjeros:
- Playa del Amor, en Los Cabos, Baja California Sur, donde turistas han instalado cercos en zonas aledañas.
- Bahía de Balandra, en La Paz, también en Baja California Sur, donde se han presentado denuncias por el bloqueo de accesos.
- Playa Escondida, en Nayarit, que ha sido objeto de vigilancia privada y señalamientos de restricciones ilegales.
En todos estos casos, las autoridades han tenido que intervenir para garantizar que los mexicanos puedan ejercer su derecho al libre tránsito y acceso a sus playas.
La belleza de las costas mexicanas es innegable, pero eso no justifica que se intente convertir lo público en privado. Las playas son parte del patrimonio natural del país y, como tal, deben seguir siendo disfrutadas libremente por todos sus ciudadanos.
