La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa de reforma constitucional que propone aplazar la segunda elección popular del Poder Judicial de 2027 a 2028, además de introducir cambios estructurales en el proceso de selección de candidaturas y en la organización de los comicios. La propuesta fue dada a conocer por la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, quien detalló los ajustes que se enviarán al Congreso de la Unión para su discusión en un posible periodo extraordinario.
Esta iniciativa surge a partir de un análisis de las fallas detectadas durante la elección judicial de 2025, considerada un ejercicio inédito en el país. El objetivo central es mejorar la claridad del proceso, facilitar la participación ciudadana y homologar criterios de evaluación para quienes aspiren a cargos como jueces, magistrados y ministros.
Aplazamiento de la elección judicial
Uno de los puntos principales de la reforma es el cambio de fecha de la elección judicial. Actualmente prevista para 2027, se propone trasladarla al domingo 4 de junio de 2028. Esta modificación aplicaría tanto a nivel federal como local.
Con este ajuste, en 2028 se elegiría la segunda mitad de los cargos judiciales que no fueron renovados en 2025. Posteriormente, las elecciones seguirían un esquema concurrente con procesos ordinarios en 2030, 2033 y 2036, para cubrir vacantes que se generen.
La elección prevista para 2028 contempla un número importante de cargos en el Poder Judicial. Se renovarán cuatro magistraturas electorales de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como 463 magistrados de tribunales colegiados de circuito y 385 jueces de distrito. A nivel local, se elegirán 424 magistrados y 2,831 jueces en 25 entidades federativas.
Comisión para evaluar candidatos
Otro de los cambios relevantes es la creación de una comisión coordinadora integrada por representantes de los comités de evaluación de los tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Actualmente, cada poder cuenta con su propio comité encargado de evaluar aspirantes; sin embargo, la propuesta plantea que exista una instancia que homologue criterios y verifique requisitos básicos.
“Que esta comisión pueda verificar cumplimiento de requisitos formales y que establezca también criterios y metodologías unificadas de evaluación”, detalló la consejera jurídica Luisa María Alcalde.
La intención es que se revisen de manera uniforme aspectos como la formación académica, la experiencia profesional y los conocimientos jurídicos de las y los aspirantes, sin eliminar la autonomía de cada comité.
Reducción de candidaturas
La iniciativa también plantea disminuir el número de candidatos en las boletas, con el objetivo de facilitar la decisión del electorado. De acuerdo con lo expuesto por Alcalde, los comités de evaluación seleccionarán a cuatro perfiles por cargo, para después reducirlos a dos mediante un proceso de insaculación pública.
“Que no tengamos un número tan elevado de candidatas y candidatos y sea más fácil para la ciudadanía poder conocerlos a tiempo”, señaló.
Este cambio implicaría, por ejemplo, que en órganos como la Suprema Corte se pase de tres propuestas a dos candidaturas finales por cada puesto.
Simplificación de la boleta electoral
Uno de los aspectos más relevantes de la reforma es la modificación del diseño de las boletas electorales. La propuesta busca hacerlas más claras y comprensibles para los votantes, a partir de una estructura que permita identificar con facilidad a las candidaturas.
Cada ciudadano votaría por un juez y un magistrado por especialidad dentro de su distrito judicial, mientras que las boletas distinguirían con claridad qué poder postuló a cada candidato mediante el uso de colores diferenciados.
“Que la boleta sea clara en distinguir qué poder es el que lo está postulando”, explicó la funcionaria.
Además, el Instituto Nacional Electoral dividiría el territorio en distritos judiciales específicos, con el fin de que cada votante elija únicamente a un candidato por materia, lo que busca simplificar el proceso.
Capacitación obligatoria para juzgadores
La iniciativa incluye la implementación de programas de capacitación permanente para jueces y magistrados. Esta formación estaría a cargo del Tribunal de Disciplina Judicial en coordinación con la Escuela Judicial, con el objetivo de mantener actualizados a los integrantes del Poder Judicial.
La legislación secundaria definiría los criterios, metodologías y plazos de estas evaluaciones, con la intención de garantizar procesos transparentes y continuos.
Homologación de reglas en los estados
Otro de los cambios busca fortalecer la armonización de los procesos judiciales en las entidades federativas. La reforma propone que los estados adopten criterios similares a los establecidos a nivel federal, tanto en los mecanismos de evaluación como en los procedimientos electorales.
“Que sean homologados los procesos en las entidades federativas y que no se salten pasos”, subrayó Alcalde.
Con ello, se pretende evitar inconsistencias entre entidades y asegurar que las reglas sean claras y uniformes en todo el país.
Ajustes operativos en la elección
La propuesta también contempla modificaciones operativas para mejorar la organización electoral. Entre ellas se encuentra la posibilidad de que las elecciones judiciales y ordinarias se realicen en la misma casilla, garantizando que los partidos políticos no intervengan en el proceso judicial.
Asimismo, se plantea que el escrutinio y cómputo de votos se realice en el mismo lugar, además de adelantar de septiembre a abril el plazo para que el Senado emita la convocatoria general. Esto daría más tiempo a los electores de conocer a los candidatos.
También se establece que las vacantes por muerte, renuncia o destitución se cubran en la siguiente elección, y se propone la creación de dos secciones en la Suprema Corte para agilizar la resolución de asuntos menos complejos que no requieran su atención en el Pleno.
¿CON QUÉ CRITERIOS SE REDACTÓ ESTA REFORMA?
La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el aplazamiento responde a criterios logísticos y de participación ciudadana. En 2027 coincidirán diversas elecciones federales y locales, lo que podría complicar la organización de la elección judicial.
“Es la facilidad para elegir, porque el 2027 será una elección muy grande”, afirmó.
La mandataria recordó que en ejercicios anteriores se registraron dificultades cuando los votantes debían trasladarse a distintos lugares para emitir su voto en procesos concurrentes. “La gente iba a votar a un lugar y luego ya no iba a votar al otro”, explicó, recordando los casos de Durango y Veracruz, que el año pasado instalaron en otra ubicación las casillas al Poder Judicial y la gente no acudía. El hecho de colocarlas en un lugar distinto a la votación ordinaria obedeció a que la elección judicial es ciudadana y no deben tener a los partidos políticos cerca, observando.
“Son algunas cosas que aprendimos en el 2025 de la elección del Poder Judicial, para poder facilitar las boletas y facilitar también la participación de la gente”, dijo Sheinbaum.
RUTA LEGISLATIVA DE LA REFORMA
La iniciativa fue enviada ayer lunes a la Cámara de Diputados para su análisis. El proceso contempla su discusión en comisiones, su votación en el Pleno y su posterior envío al Senado.
“Nosotros enviaremos la propuesta y la idea es que el Congreso de la Unión pueda tomar la decisión de llevar a cabo un periodo extraordinario, que se evalúe en comisiones y pueda ser aprobado en pleno a más tardar en los primeros días del mes de junio”, dijo Luisa María Alcalde.
Al tratarse de una reforma constitucional, también requerirá la aprobación de la mayoría de los congresos estatales. Una vez avalada, se establecerá un plazo de 60 días para que las entidades federativas adecuen sus constituciones locales a las nuevas disposiciones.
Aunque la iniciativa fue enviada ayer, será recibida por la Comisión Permanente mañana miércoles, el día en que sesiona.
