Aún no hay un documento formal en el Congreso de la Unión, pero el tema ya está sobre la mesa. La presidenta Claudia Sheinbaum ha delineado los ejes de una posible Reforma Electoral que, de concretarse, se discutiría en las próximas semanas. El solo anuncio reactivó un debate viejo y sensible en aspectos como cuánto cuesta la democracia, cómo se eligen los representantes y hasta dónde puede llegar la austeridad sin poner en riesgo la autonomía de las elecciones.
Este reportaje busca ordenar la discusión pública. Separar lo que hoy son anuncios políticos de lo que podría convertirse en normas constitucionales. Explicar con claridad qué se sabe, qué está en construcción, qué cambiaría respecto a reformas pasadas y cuáles son los alcances reales de una reforma electoral en 2026, año en el que inicia el proceso electoral para las elecciones intermedias.
¿Por qué ahora?
La primera pregunta que surge es el momento. ¿Por qué una reforma electoral ahora y no después de las elecciones intermedias? Para el analista político José Luis Rascón, el timing no es casual. “Las reformas electorales casi siempre se plantean desde el poder y en momentos de alta legitimidad política. El problema es que eso suele generar sospecha, incluso cuando hay argumentos válidos”, señala.
Desde el gobierno se insiste en que la reforma responde a demandas ciudadanas expresadas en foros y encuestas. Desde la oposición, en cambio, se acusa una intención de reconfigurar las reglas antes de que cambie el ánimo electoral. Entre ambas posturas, la discusión pública se ha llenado de ruido.
Lo que ha adelantado la presidenta
Aunque no existe iniciativa formal, la presidenta Sheinbaum ha sido clara en algunos puntos. Ha hablado de reducir el gasto público destinado a partidos políticos, disminuir los costos operativos del Instituto Nacional Electoral (INE) y de los organismos electorales locales, fortalecer la vigilancia del uso de recursos públicos y ampliar los mecanismos de democracia participativa, como consultas y revocación de mandato.
También ha puesto sobre la mesa un cambio en la representación proporcional. Los diputados plurinominales no desaparecerían, pero sí cambiaría la forma de elegirlos. La crítica presidencial se centra en las listas cerradas que, dice, responden a “burocracias partidarias” alejadas de la ciudadanía.
Un punto novedoso es la propuesta para que los mexicanos en el extranjero elijan directamente a sus representantes legislativos y otro punto es la regulación del uso de inteligencia artificial en procesos electorales, un tema prácticamente ausente en reformas anteriores.
El costo de las elecciones, en el centro
El argumento más repetido desde el Ejecutivo es el costo. Según Sheinbaum, México tiene una de las elecciones más caras del mundo y esos recursos podrían usarse en otras áreas. Para el analista José Luis Rascón, el planteamiento tiene eco social, pero requiere cuidado. “Reducir costos no es sinónimo automático de mejorar la democracia. Si se hace sin fortalecer fiscalización y controles, el riesgo es abrir la puerta al dinero ilegal”, advierte.
El debate no es menor. El financiamiento público nació para reducir la influencia de intereses privados y del crimen organizado. Recortarlo sin un rediseño profundo puede afectar más a los partidos pequeños y a la equidad de la competencia.
La mayoría calificada y el Congreso
Para que la reforma avance, no basta la voluntad del Ejecutivo. Se requiere mayoría calificada en el Congreso. El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, ha señalado que existe un plazo definido para recibir la iniciativa, previsiblemente en febrero, y que hasta ahora no ha llegado ningún documento oficial.
El legislador morenista reconoce que hay un borrador preliminar y que será indispensable el respaldo de los partidos aliados, como el PT y el PVEM. Sin esos votos, cualquier cambio constitucional quedaría en el camino.
La Comisión Presidencial
El 14 de enero se formó la Comisión Presidencial sobre la Reforma Electoral, encabezada por Pablo Gómez. La integran figuras del oficialismo, como Ignacio Mier, Adán Augusto López, Arturo Zaldívar y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.
Este grupo tiene la tarea de recoger propuestas, sistematizarlas y convertirlas en una iniciativa formal. Su composición, sin embargo, ha sido criticada por la oposición, que acusa una falta de pluralidad.
¿Qué dice el INE?
En paralelo, el INE entregó a la comisión un documento con 241 propuestas. Muchas van a contracorriente del discurso oficial. El instituto propone mantener y mejorar el sistema de representación proporcional, reforzar sus facultades de fiscalización y blindar su autonomía constitucional y presupuestal.
Entre sus advertencias destaca el riesgo de mayor sobrerrepresentación si se tocan los plurinominales sin cuidado. También sugiere listas abiertas, para que la ciudadanía influya en quién accede a una curul, y una aplicación estricta del artículo 54 constitucional para evitar “mayorías artificiales”.
El INE también plantea ampliar sus capacidades para investigar gastos en redes sociales, levantar secretos bancarios y sancionar con mayor dureza las irregularidades en campañas, incluidas las judiciales.
La oposición prende las alarmas
PAN y PRI han reaccionado con dureza. Sus coordinadores en el Senado han advertido que la reforma podría significar un retroceso democrático y la comparan con modelos autoritarios. Hablan de un intento por controlar las elecciones y debilitar a los árbitros electorales.
Más allá del tono, su mensaje central es que no acompañarán cambios que afecten la autonomía del INE o concentren el poder en el Ejecutivo. Sin esos votos, la reforma no alcanzaría la mayoría calificada.
Una propuesta desde la sociedad civil
En medio del choque político, la organización civil Somos México presentó una propuesta alterna. Plantea fortalecer, no debilitar, a las autoridades electorales; cerrar el paso al dinero del crimen organizado; regular redes sociales e inteligencia artificial; establecer primarias obligatorias y corregir la sobrerrepresentación.
También rechaza que los consejeros del INE se elijan por voto popular y propone un comité técnico independiente. Su argumento es que el gasto en democracia representa apenas el 0.03% del PIB y que ahorrar ahí no resolverá los problemas económicos del país.
¿QUÉ ESTÁ REALMENTE EN JUEGO CON ESTA REFORMA ELECTORAL?
La reforma electoral de 2026, de la cual ya existe un borrador, podría tocar el corazón del sistema democrático. Para el analista político Manuel Bermúdez, “el riesgo no está en discutir cambios, sino en hacerlo sin consensos amplios y con prisas”. Y añade: “Las reglas electorales deben pensarse para cuando el poder cambia de manos, no para cuando se ejerce”.
La pregunta de fondo es si la reforma busca corregir fallas estructurales o responde a una agenda política coyuntural. La respuesta dependerá del contenido final, del proceso legislativo y de la capacidad de diálogo entre fuerzas políticas.
En las próximas semanas se conocerá la iniciativa formal. Entonces, el debate dejará de ser hipotético. Por ahora, lo que hay son señales, advertencias y posiciones encontradas. Para la ciudadanía, entender qué cambia, qué no y por qué importa es muy importante.
“La reforma electoral no es un asunto técnico reservado a especialistas”, dice Bermúdez. “Define cómo se compite por el poder y cómo se traduce el voto en representación. Por eso, más allá de filias y fobias, yo creo que el reto es discutirla con información, memoria histórica y sentido democrático”.
POSIBLES PUNTOS QUE TENDRÍA LA REFORMA
- Reducción del financiamiento público a partidos políticos, con el argumento de disminuir el costo de las elecciones.
- Ajustes al presupuesto del INE y de los organismos electorales locales, bajo un enfoque de austeridad.
- Modificación al sistema de representación proporcional: los diputados plurinominales no desaparecerían, pero cambiaría la forma en que se eligen.
- Revisión de las listas plurinominales, para evitar que sean definidas solo por las dirigencias partidistas.
- Fortalecimiento de la fiscalización de recursos públicos y privados usados en campañas electorales.
- Mayor vigilancia sobre el uso de dinero en redes sociales y plataformas digitales durante los procesos electorales.
- Regulación del uso de inteligencia artificial en campañas, para identificar contenidos generados con estas herramientas.
- Impulso a mecanismos de democracia participativa, como consultas populares y revocación de mandato con efectos vinculantes.
- Voto y representación directa de los mexicanos en el extranjero para cargos legislativos.
- Posibles ajustes para evitar la sobrerrepresentación en el Congreso, aplicando de forma más estricta los límites constitucionales.
- Cambios en la organización de elecciones judiciales, tras los problemas detectados en procesos recientes.
- Revisión del papel y atribuciones del INE, tema que genera el mayor debate entre gobierno, oposición y sociedad civil.
RUTA LEGAL
- Presentación de la iniciativa
El proyecto es enviado al Congreso de la Unión, generalmente por el Poder Ejecutivo, aunque también puede provenir de legisladores. - Turno a comisiones
La iniciativa se envía a comisiones dictaminadoras, donde se analiza, discute y puede modificarse. - Discusión y aprobación en la Cámara de origen
El dictamen se debate en el pleno. Para reformas constitucionales, se requiere mayoría calificada (dos terceras partes de los votos). - Revisión en la Cámara revisora
Una vez aprobada, la iniciativa pasa a la otra Cámara para repetir el proceso: comisiones, discusión y votación con mayoría calificada. - Aprobación de los congresos estatales
Al tratarse de una reforma constitucional, debe ser avalada por al menos 17 congresos locales del país. - Declaratoria de constitucionalidad
El Congreso de la Unión emite una declaratoria oficial confirmando que la reforma cumplió con todos los requisitos legales. - Publicación en el Diario Oficial
La reforma se publica y esto le da validez jurídica.
