Este es un trabajo de la Unidad de Investigaciones Especiales
En la periferia norte de Mérida, el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Norte se erige como un símbolo del Yucatán moderno y eficiente que el ex gobernador Mauricio Vila Dosal promovió incansablemente. Inaugurado oficialmente en marzo de 2024, el CETRAM fue presentado como un nodo estratégico de conectividad, diseñado para integrar más de 20 rutas de transporte urbano y foráneo, beneficiando a miles de ciudadanos y consolidando el sistema «Va y Ven», el proyecto insignia de movilidad de su administración. Con su diseño integral, sala de espera, espacios comerciales y conexión Wifi gratuita, la instalación prometía una movilidad más ágil, segura y digna para los yucatecos.
Sin embargo, bajo esta fachada de progreso y eficiencia se esconde una estructura financiera que ha levantado serias alarmas. Según medios locales, esta infraestructura pública crucial está construida sobre un terreno privado, sujeto a un contrato de arrendamiento que le costará al erario público la suma de 22 millones de pesos mexicanos al año durante un periodo de 15 años. El costo total para los contribuyentes asciende a 330 millones de pesos, un acuerdo que ha llevado a que el CETRAM Norte sea apodado «el paradero más caro de Latinoamérica».
Este reportaje se adentra en las sombras de este acuerdo, moviéndose más allá de las acusaciones para ejecutar una auditoría forense exhaustiva del contrato de arrendamiento. El objetivo es desmantelar la arquitectura financiera de la transacción y responder a las preguntas fundamentales que emanan de ella: ¿Quiénes son los verdaderos beneficiarios de este lucrativo acuerdo? ¿El precio pactado refleja el valor justo de mercado o representa un sobreprecio deliberado y sistémico? Y, de manera crucial, ¿es esta una transacción aislada o la pieza central de un sofisticado esquema de patrocinio diseñado para enriquecer a un círculo privilegiado a expensas del erario? Siguiendo la ruta del dinero, esta investigación busca exponer la verdad que yace bajo el concreto del progreso yucateco.
CAPÍTULO I. EL ARQUITECTO: EL ASCENSO Y LA MARCA DE MAURICIO VILA DOSAL
Para comprender la magnitud del acuerdo del CETRAM Norte, es indispensable analizar la figura de su principal artífice político: Mauricio Vila Dosal. Su carrera ha sido una clase magistral en la construcción de una marca personal como un gestor moderno, competente y con visión de futuro, una imagen que contrasta marcadamente con un historial de serias interrogantes sobre su conducta financiera.
Una Imagen de Modernización
Mauricio Vila Dosal se proyectó en la escena política nacional como un líder de una nueva generación. Su currículum es, en apariencia, impecable: Licenciado en Derecho, con maestrías en Administración de Negocios por la University of Phoenix y en Gerencia Política y Gobernanza Estratégica por la George Washington University. Su trayectoria política fue meteórica: diputado local (2012-2015), presidente municipal de Mérida (2015-2018), gobernador de Yucatán (2018-2024) y, finalmente, senador de la República desde 2024.
Durante su mandato, cultivó una imagen de estadista global, participando en foros internacionales sobre cambio climático y ciudades inteligentes. Se posicionó como un defensor del medio ambiente y un modernizador, siempre identificándose a sí mismo no solo como político, sino fundamentalmente como un «empresario».8 Esta identidad fue clave para su marca, sugiriendo una mentalidad de eficiencia y resultados del sector privado aplicada a la gestión pública.
Un Historial de Señales de Alerta
A pesar de esta imagen pulcra, la carrera de Vila Dosal está marcada por episodios que levantan profundas dudas sobre su transparencia y probidad financiera. Estos incidentes, lejos de ser resueltos, parecen haber sentado un precedente de opacidad que culmina en el acuerdo del CETRAM Norte.
La Riqueza Redactada
Un análisis de su declaración patrimonial como gobernador revela un patrón de ocultamiento de información. La mayoría de sus bienes más significativos, incluyendo propiedades, inversiones, joyas y beneficios privados, aparecen como «información clasificada», testados para impedir el escrutinio público. Esta falta de transparencia es particularmente alarmante considerando los activos que sí se conocen. Vila declaró poseer el 79% de las acciones de la compañía MID Proyectos y el 25% de Operadora Orientalito del Sureste. Curiosamente, y en una afirmación que desafía la lógica empresarial, declaró no recibir ningún ingreso de ninguna de estas dos empresas en las que tiene una participación mayoritaria o significativa. Esta anomalía sugiere la posibilidad de estructuras financieras diseñadas para ocultar la verdadera magnitud de su riqueza y sus flujos de ingresos.
El Modelo de las Empresas Fantasma
El episodio más grave y revelador de su historial previo es el escándalo que estalló en 2018, durante su campaña para la gubernatura. La Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) inició una investigación formal sobre el presunto desvío de al menos 220 millones de pesos del erario municipal de Mérida durante su gestión como alcalde.
La acusación, presentada por su entonces oponente político, detallaba un sofisticado esquema que utilizaba una red de 21 empresas fantasma registradas como proveedoras del ayuntamiento, principalmente en el área de mantenimiento de parques y jardines. El modus operandi era sistemático y descarado:
Facturación Exorbitante: Las empresas facturaban servicios por montos que iban desde 1.5 hasta 20 millones de pesos.
Domicilios Ficticios: La mayoría de los domicilios fiscales registrados eran viviendas particulares, terrenos baldíos o locales cerrados, careciendo de la infraestructura necesaria para prestar los servicios facturados.
Falta de Capacidad Operativa: Las empresas carecían de empleados registrados ante el IMSS o el SAT, o tenían un número insuficiente para las tareas que supuestamente realizaban.
Cliente Único: El ayuntamiento de Mérida era el cliente principal o único de estas empresas de fachada, que a su vez transferían los recursos entre ellas para diluir el rastro del dinero.
Este escándalo, documentado con nombres de empresas y montos específicos, no fue un obstáculo para que Vila ganara la gubernatura. El hecho de que una investigación formal de la ASEY sobre un presunto fraude de tal magnitud no tuviera consecuencias políticas significativas es un factor crucial. Sugiere una capacidad notable para navegar o neutralizar investigaciones serias, o una debilidad institucional en los órganos de fiscalización. Este precedente es fundamental para entender el contexto del acuerdo del CETRAM Norte. La aparente impunidad del pasado pudo haber creado un ambiente de confianza para ejecutar arreglos financieros aún más ambiciosos y opacos, bajo la premisa de que el riesgo político era manejable. El contrato de arrendamiento del CETRAM, por lo tanto, no debe ser visto como una primera ofensa, sino como la posible culminación de un modelo de operación perfeccionado a lo largo del tiempo, lo que hace que la necesidad de una auditoría forense sea aún más perentoria.
CAPÍTULO II. EL ACUERDO EN LAS SOMBRAS: UNA AUDITORÍA FORENSE DEL ARRENDAMIENTO DEL CETRAM NORTE
El núcleo de esta investigación reside en el desmantelamiento del contrato de arrendamiento del terreno del CETRAM Norte. Este capítulo analiza la transacción desde tres ángulos forenses: los beneficiarios, el precio y la lógica financiera. El análisis revela un acuerdo que parece diseñado no para servir al interés público, sino para canalizar una cantidad extraordinaria de fondos públicos hacia un círculo cerrado de individuos con conexiones directas al más alto nivel del poder estatal.
Los Beneficiarios – Un Círculo de Confianza
La investigación periodística ha identificado a los dos propietarios del terreno y, por ende, los beneficiarios directos del lucrativo contrato de arrendamiento: Ana Gabriela Cejudo Valencia y Emilio Alberto Loret de Mola Gomory. Un análisis de sus perfiles revela que no son simples terratenientes que tuvieron la suerte de poseer una parcela estratégicamente ubicada. Son, en cambio, figuras prominentes de la élite empresarial yucateca con vínculos directos y documentados con la administración de Mauricio Vila.
Perfil: Ana Gabriela Cejudo Valencia. Es una de las empresarias más poderosas de la península de Yucatán. Como presidenta de Grupo Nicxa, dirige un imperio de franquicias que incluye decenas de restaurantes de marcas internacionales como Burger King. Su influencia va más allá de los negocios. Documentos y reportes la identifican con un rol clave y de alta confianza dentro de la administración de Vila: «Asesora de comunicación institucional». Esta doble función como asesora gubernamental y beneficiaria de un contrato de arrendamiento de 330 millones de pesos, pagado por ese mismo gobierno, constituye un conflicto de interés flagrante y directo. La línea entre el servicio público y el beneficio privado se desdibuja hasta desaparecer.
Emilio Alberto Loret de Mola Gomory. Es otro magnate regional, cabeza de Grupo Lodemo y presidente del consejo de administración de la cadena de gasolineras La Gas. Sus intereses empresariales abarcan sectores clave como la logística, la distribución, el desarrollo inmobiliario y el sector energético. Es importante aclarar, para evitar confusiones, que no tiene parentesco con el periodista Carlos Loret de Mola. Su perfil es el de un empresario profundamente arraigado en la economía de la región, el tipo de actor económico con el que el gobernador Vila buscó activamente forjar alianzas, como lo demuestran sus constantes llamados al sector empresarial para invertir en el estado.
El hecho de que los beneficiarios de este contrato sean precisamente una asesora del gobernador y un prominente empresario del círculo con el que su gobierno colaboraba estrechamente, transforma la naturaleza del acuerdo. No se trata de una transacción de mercado entre partes independientes, sino de un acuerdo que involucra a miembros del círculo íntimo del poder político.
El Precio – Una Valoración Forense
El aspecto más alarmante del acuerdo son sus términos financieros. El gobierno del estado se comprometió a pagar 22 millones de pesos anuales durante 15 años, para un total de 330 millones de pesos, por el arrendamiento del terreno. Para determinar si este precio es justo, es necesario compararlo con el valor de mercado de propiedades similares en la misma zona geográfica: el Periférico Norte de Mérida, un corredor de alta plusvalía comercial e industrial.
Un análisis riguroso de listados inmobiliarios comerciales en esta área revela un rango de precios significativo, pero ninguno que justifique la magnitud del pago del arrendamiento. Los precios por metro cuadrado para terrenos comerciales en la zona varían desde aproximadamente 2,000 pesos hasta 13,850 pesos. Un listado particularmente relevante ofrece un terreno de 4 hectáreas sobre el Periférico Norte a un precio de 12,000 pesos por metro cuadrado.
Es fundamental distinguir entre el valor comercial (el precio de mercado) y el valor catastral (utilizado para el cálculo de impuestos), siendo este último siempre considerablemente más bajo. El arrendamiento debe evaluarse contra el valor comercial para juzgar su equidad.
Aunque la superficie exacta del terreno del CETRAM Norte no se ha hecho pública —una omisión de transparencia en sí misma—, es posible modelar el sobreprecio utilizando una estimación conservadora. Si se asume una superficie generosa de 20,000 metros cuadrados (2 hectáreas), el valor de compra de ese terreno, utilizando un promedio de mercado alto de 8,000 pesos/m2, sería de 160 millones de pesos. El contrato de arrendamiento, por 330 millones de pesos, no solo duplica el costo de comprar la propiedad, sino que al final del plazo, el estado no poseerá ningún activo.
La siguiente tabla consolida los datos de mercado para establecer un punto de referencia objetivo:
ANÁLISIS COMPARATIVO DEL VALOR DE TERRENOS – PERIFÉRICO NORTE, MÉRIDA.
Esta tabla demuestra que, incluso considerando los precios más altos de la zona, el acuerdo de arrendamiento representa una erogación de fondos desproporcionada. Proporciona un punto de referencia basado en datos que permite cuantificar la magnitud del posible sobreprecio, haciendo tangible el perjuicio financiero para el estado.
La Lógica – Arrendar vs. Comprar
Desde una perspectiva de finanzas públicas y gestión de proyectos, la decisión de arrendar un terreno para una infraestructura permanente y estratégica, en lugar de comprarlo, es profundamente cuestionable. Un análisis de costo-beneficio de ambas opciones revela la irracionalidad financiera de la decisión tomada por la administración de Vila.
Escenario de Arrendamiento: El estado paga un flujo constante de 22 millones de pesos anuales. El costo total después de 15 años es de 330 millones de pesos. Al final del contrato, el estado no tiene ningún activo y se enfrenta a la necesidad de renegociar el arrendamiento (posiblemente a un costo mayor), reubicar el CETRAM (con un costo de construcción adicional) o abandonar la infraestructura.
Escenario de Compra: El estado realiza una inversión de capital inicial. Usando la estimación conservadora de 160 millones de pesos, este es el costo total. Al final del periodo de 15 años, el estado es propietario de un activo valioso (el terreno), que probablemente se habrá apreciado en valor, y tiene seguridad jurídica a perpetuidad sobre la infraestructura construida.
La elección del arrendamiento no fue simplemente una mala decisión financiera; fue una decisión estratégicamente ventajosa para fines de patrocinio y opacidad. Una compra directa de 160 millones de pesos habría aparecido como una partida de gasto de capital masiva en el presupuesto estatal, atrayendo un intenso escrutinio legislativo y público. En cambio, un arrendamiento de 22 millones de pesos anuales se disfraza de gasto operativo, una línea recurrente en el presupuesto de la Agencia de Transporte que es mucho menos visible y más difícil de cuestionar año tras año.
Esta estructura convierte un proyecto de capital transparente en un costo operativo opaco y recurrente. Fue una elección deliberada para ocultar el costo total a largo plazo de la transacción y, lo que es más importante, para garantizar un flujo de ingresos constante y multimillonario durante 15 años a individuos políticamente conectados, todo ello evitando el debate público que habría generado una compra directa de tal magnitud. La forma en que se pagó es tan incriminatoria como la cantidad que se pagó.
La siguiente tabla visualiza el impacto financiero a largo plazo de esta decisión:
PROYECCIÓN FINANCIERA A 15 AÑOS – ESCENARIO DE ARRENDAMIENTO VS. COMPRA DIRECTA
Como demuestra la tabla, a partir del octavo año, el costo del arrendamiento supera el costo de la compra. Al final del plazo de 15 años, el estado no solo habrá pagado 170 millones de pesos más de lo que habría costado comprar el terreno, sino que se quedará sin nada que mostrar por su inversión de 330 millones de pesos, mientras que los beneficiarios privados habrán recibido un rendimiento extraordinario y seguirán siendo dueños de la valiosa propiedad.
CAPÍTULO III. EL FACILITADOR: LA AGENCIA DE TRANSPORTE COMO INSTRUMENTO DE UN MODELO FALLIDO
El exorbitante contrato del CETRAM Norte no podría haberse ejecutado en un vacío. Requirió de una agencia gubernamental dispuesta a facilitar un acuerdo financieramente perjudicial para el estado. Sin embargo, la responsabilidad final no recae en el ejecutor, sino en el arquitecto del sistema. La Agencia de Transporte de Yucatán (ATY), bajo la administración del exgobernador Mauricio Vila Dosal, operó como el vehículo para un modelo de gestión cuya insostenibilidad y opacidad ahora son evidentes.
El Operador Designado: Rafael Hernández Kotasek
Rafael Hernández Kotasek, economista de formación, fue el hombre de confianza de Vila al frente de la ATY durante el periodo en que se gestó y ejecutó el proyecto del CETRAM Norte. Como director de la agencia responsable del sistema «Va y Ven», era la figura central en la supervisión de los proyectos de movilidad más importantes del sexenio. Su nombramiento directo por parte de Vila lo convertía en el operador de una visión y un modelo financiero definidos desde la más alta esfera del poder ejecutivo. Su gestión no puede entenderse como autónoma, sino como la implementación de las directrices del gobernador.
El Legado: Un «Colapso Financiero» y Dinero en Cajones
La gestión de Hernández Kotasek, y por extensión el modelo de Vila, terminó de manera abrupta y sospechosa. En enero de 2025, Kotasek presentó su «renuncia irrevocable», solo para ser nombrado inmediatamente como titular de Movilidad en Quintana Roo, una transición que sugiere un movimiento coordinado para alejarlo del inminente colapso.
Lo que su sucesor encontró arroja una luz sombría sobre el sistema que Vila construyó. Jacinto Sosa Novelo, designado por el nuevo gobierno, no tardó en calificar el sistema heredado como un «colapso financiero» y un «festín multimillonario». Su diagnóstico fue demoledor: el sistema «Va y Ven» es «financieramente insostenible».
Este diagnóstico fue respaldado por un descubrimiento inquietante. Durante la transición, el nuevo equipo de la ATY encontró 2.446 millones de pesos en efectivo escondidos en cajones de escritorio y cajas de archivo, dinero proveniente del pago de tarjetas que nunca fue depositado oficialmente. Sosa Novelo anunció la presentación de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por este hallazgo.
Conectando los Puntos: El Fracaso del Modelo Vila
El descubrimiento de millones en efectivo y la declaración oficial de un déficit proyectado de casi 1,860 millones de pesos para 2025 no son fallas de un solo funcionario; son el resultado de un modelo de gestión diseñado e implementado bajo la supervisión directa del exgobernador Vila. La cultura de opacidad que permitió ocultar dinero en efectivo es la misma que permitió la firma de un contrato de arrendamiento de 330 millones de pesos con sus propios asociados.
El propio Sosa Novelo ha puesto en duda la lógica de Vila detrás de estas obras, calificando la infraestructura de los CETRAM como «innecesaria en este momento» y parte de un proyecto con «cuestionados interrogantes en su diseño y distribución».
El contrato del CETRAM Norte no es, por tanto, un acto aislado de un director de agencia. Es la máxima expresión del modelo de Vila: un proyecto de infraestructura presentado como modernizador, pero estructurado de una manera financieramente ruinosa para el estado y extraordinariamente lucrativa para un círculo político cercano. La responsabilidad no termina en Kotasek, el operador; comienza con Mauricio Vila, el arquitecto.
CAPÍTULO IV. LA FACHADA DE LA LEGALIDAD: ELUDIENDO LA CONFIANZA PÚBLICA
Todo esquema de patrocinio sofisticado opera bajo una fachada de legalidad, utilizando las complejidades de la ley no para servir al interés público, sino para proteger y legitimar transacciones que lo socavan. El contrato de arrendamiento del CETRAM Norte parece ser un ejemplo de libro de texto de este principio, donde el proceso y la ética de la gobernanza fueron torcidos para beneficiar a unos pocos.
El Marco Legal
La contratación pública en Yucatán se rige por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado.40 El objetivo explícito de esta ley, en consonancia con el artículo 134 de la Constitución mexicana, es asegurar que el estado obtenga siempre las «mejores condiciones» disponibles en cuanto a precio, calidad y oportunidad en todas sus contrataciones. Estas «mejores condiciones» se logran típicamente a través de procedimientos de licitación pública y competitiva, que garantizan la transparencia y la competencia entre proveedores.
Cuestionamientos sobre el Proceso
El contrato de arrendamiento del CETRAM Norte plantea preguntas críticas sobre el cumplimiento de este marco legal. La pregunta central es: ¿se llevó a cabo una licitación pública y abierta para el arrendamiento de este terreno? ¿Se invitó a otros propietarios de terrenos en la zona a presentar ofertas para asegurar que el estado obtuviera el mejor precio posible?
Dada la identidad de los beneficiarios —una asesora directa del gobernador y un prominente empresario de su círculo cercano—, es altamente probable que el acuerdo se haya realizado mediante una adjudicación directa. Si bien la ley contempla excepciones para la licitación pública, un contrato de esta magnitud y duración, otorgado sin competencia a asociados del poder ejecutivo, representa una violación flagrante del espíritu de la ley de adquisiciones. El propósito de la ley es prevenir precisamente este tipo de acuerdos, donde la conexión política, y no el mérito económico, determina quién recibe los contratos públicos. La falta de transparencia en torno al proceso de adjudicación es en sí misma una señal de alerta.
La Ética de la Gobernanza
Incluso si los arquitectos del acuerdo lograron encontrar un resquicio legal para justificar una adjudicación directa, la transacción representa una profunda brecha ética y una traición a la confianza pública. La gobernanza no se trata solo de cumplir con la letra de la ley, sino de adherirse a los principios de imparcialidad, equidad y el manejo prudente de los recursos públicos.
Utilizar un cargo público para dirigir un contrato de 330 millones de pesos a lo largo de 15 años a una socia comercial y asesora pagada es la definición misma de un conflicto de intereses. Socava la legitimidad del gobierno y refuerza la percepción ciudadana de que las decisiones públicas no se toman en beneficio de la comunidad, sino para el enriquecimiento de una élite conectada. Este tipo de acuerdos, que privatizan las ganancias mientras socializan los costos, generan un profundo cinismo y erosionan el tejido social, como se ha visto en la oposición pública a otros proyectos percibidos como no transparentes y beneficiosos para intereses privados en la región.
El contrato del CETRAM Norte, por lo tanto, no es solo un problema de cifras y sobreprecios. Es un caso de estudio sobre cómo se puede manipular el aparato estatal para servir a intereses privados, todo ello mientras se presenta al público una narrativa de progreso y modernización.
CAPÍTULO V. EL COSTO HUMANO: «UN MODELO LESIVO PARA LA SOCIEDAD»
El sábado 4 de octubre de 2025, la compleja arquitectura financiera del sistema «Va y Ven» colapsó, y su impacto no se sintió en las oficinas gubernamentales, sino en las calles de Mérida. Desde las primeras horas de la mañana, miles de ciudadanos se encontraron varados, mientras los autobuses de la ruta «Circuito Metropolitano» permanecían estacionados y fuera de servicio. La razón: los operadores no habían recibido su salario.
En medio de la crisis, el nuevo director de la ATY, Jacinto Sosa Novelo, se enfrentó a los trabajadores en paro. Fue allí, ante los rostros de los choferes que habían dejado sin pago, donde pronunció el diagnóstico más brutal del legado de Vila. Calificó el sistema heredado como «un modelo de operación lesivo para la sociedad». Afirmó que a los ciudadanos «le vendieron castillos en el aire» y que la nueva administración es «heredera del desastre».
Frente a los trabajadores, Sosa Novelo desglosó la magnitud del fracaso financiero: el sistema «Va y Ven» tiene un costo operativo mensual de 203 millones de pesos, pero solo genera ingresos por 70 millones, dejando un déficit que deben cubrir todos los yucatecos. Calificó el esquema como «un modelo de operación y un modelo financiero fallido desde el principio», una «situación penosa» que llevó directamente al paro que afectó a miles de los 650,000 usuarios diarios del sistema.
Este evento no es un incidente aislado. Es la consecuencia directa y tangible de las prioridades financieras del gobierno de Mauricio Vila. Mientras su administración comprometía 22 millones de pesos anuales para alquilar un terreno a sus socios políticos, el sistema que opera en ese mismo terreno se declaraba «financieramente insostenible» y era incapaz de cumplir con su obligación más fundamental: pagar a sus trabajadores.
La ironía es brutal. El «paradero más caro de Latinoamérica» se convirtió, durante un fin de semana, en el epicentro de una crisis laboral que paralizó la movilidad de la ciudad. La ATY, la misma entidad que bajo el mando de Vila facilitó el contrato de arrendamiento, tuvo que improvisar un operativo de emergencia con autobuses viejos para mitigar el caos.
Al día siguiente, el domingo 5 de octubre, la frustración ciudadana se materializó en una protesta frente al Palacio de Gobierno. Un grupo de estudiantes se manifestó con pancartas que exigían un «Va y Ven seguro y popular», un grito que resume la desconexión entre el discurso oficial de un transporte de primer mundo y la realidad de un servicio precario y poco fiable.
El paro de labores es el rostro humano del escándalo del CETRAM Norte. Demuestra que cuando un gobierno prioriza los negocios con un círculo íntimo sobre la viabilidad financiera de sus servicios públicos, las consecuencias las pagan los ciudadanos de a pie: el trabajador que no llega a su empleo, el estudiante que pierde clases y el operador que no puede llevar el sustento a su familia. El sistema no colapsó por falta de fondos, sino por un modelo de gestión diseñado desde su origen para ser un castillo en el aire.
CAPÍTULO VI. CONCLUSIÓN: UN LEGADO DE CONCRETO Y CLIENTELISMO
Al final de esta auditoría forense, la imagen del CETRAM Norte se transforma. Lo que fue presentado como un monumento al progreso y la modernización de Yucatán emerge como un símbolo de un sistema de gobernanza donde la infraestructura pública se convierte en un vehículo para el enriquecimiento privado. La evidencia, examinada en su conjunto, dibuja un cuadro coherente y preocupante.
Los hallazgos clave de esta investigación son claros y contundentes:
Un Contrato Desproporcionado: El estado de Yucatán está comprometido a pagar 330 millones de pesos durante 15 años por el arrendamiento de un terreno, un monto que, según análisis de mercado, podría superar en más de 170 millones de pesos el costo de haberlo comprado directamente. Al final del plazo, el estado no poseerá ningún activo.
Beneficiarios del Círculo Íntimo: Los receptores de este extraordinario flujo de dinero público no son partes anónimas, sino figuras directamente conectadas con el exgobernador Mauricio Vila Dosal: su asesora de comunicación institucional, Ana Gabriela Cejudo Valencia, y un prominente empresario de la élite local, Emilio Alberto Loret de Mola Gomory.
Una Institución Facilitadora: La Agencia de Transporte de Yucatán (ATY), bajo el liderazgo del designado por Vila, Rafael Hernández Kotasek, operó en un ambiente de opacidad financiera, como lo demuestra el posterior descubrimiento de millones de pesos en efectivo no declarados. Esta cultura institucional fue el caldo de cultivo ideal para facilitar un acuerdo tan perjudicial para el interés público.
Un Patrón de Conducta: Este acuerdo no es un hecho aislado. Se inscribe en un patrón de conducta que se remonta a la gestión de Vila como alcalde de Mérida, marcada por un escándalo de 220 millones de pesos desviados a través de una red de empresas fantasma, un caso que nunca tuvo consecuencias políticas significativas para él.
El verdadero costo del CETRAM Norte trasciende la sangría financiera de cientos de millones de pesos. El costo más profundo es la erosión de la confianza pública. Cuando los ciudadanos ven que los proyectos diseñados para servirlos se convierten en instrumentos para beneficiar a los amigos del poder, la legitimidad de las instituciones se desmorona. El legado que deja este acuerdo no es solo de concreto y acero, sino de un profundo cinismo sobre la integridad de la gestión pública en Yucatán.
CAPÍTULO VII. RECOMENDACIONES PARA LA ACCIÓN
Ante la gravedad de los hallazgos, es imperativo que se tomen medidas concretas e inmediatas para establecer la verdad completa y exigir responsabilidades. Por lo tanto, este informe concluye con un llamado a la acción dirigido a las instituciones de fiscalización y al gobierno actual:
Auditoría Independiente: Se exige a la Auditoría Superior del Estado de Yucatán (ASEY) que inicie de manera inmediata una auditoría especial, exhaustiva y completamente independiente del contrato de arrendamiento del CETRAM Norte. Esta auditoría debe incluir una valoración pericial del terreno, un análisis del proceso de adjudicación y una investigación sobre el flujo de fondos.
Transparencia Total: Se insta al actual gobierno del estado de Yucatán a que, en un acto de compromiso con la rendición de cuentas, publique de inmediato el contrato de arrendamiento completo y sin redacciones, junto con todos los documentos de soporte, en la Plataforma Nacional de Transparencia.56 Esto debe incluir el número de tablaje catastral del predio para permitir la verificación pública e independiente de su historial de propiedad.
Reforma Legislativa: Se recomienda al Congreso del Estado de Yucatán que emprenda una reforma a la Ley de Adquisiciones para cerrar las lagunas que permiten este tipo de acuerdos. La reforma debe incluir la obligatoriedad de licitaciones públicas y competitivas para todos los arrendamientos a largo plazo y asociaciones público-privadas que superen un umbral financiero definido, así como el requisito de un análisis de costo-beneficio, verificado por un tercero independiente y hecho público, antes de la aprobación de cualquier proyecto de esta naturaleza.
