Trump lanza la mayor deportación de la historia contra ciudades demócratas, pero exime a industrias clave. Conoce la verdad detrás de esta contradicción.
El presidente Trump ordenó a ICE lanzar la «mayor deportación masiva de la historia» contra ciudades como Los Ángeles y Chicago, mientras una directiva interna frena las redadas en granjas y hoteles, revelando una compleja estrategia política y económica.
En una medida que promete intensificar la polarización en Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha ordenado a las agencias federales de inmigración llevar a cabo «el programa de deportación masiva más grande de la historia». La directiva, anunciada a través de sus redes sociales, apunta explícitamente a las grandes ciudades gobernadas por demócratas, a las que calificó como lugares «donde residen millones y millones de extranjeros ilegales». Sin embargo, detrás de esta retórica de mano dura, una directiva interna revela una estrategia de doble cara: la administración ha ordenado simultáneamente una «pausa» en las redadas en sectores económicos cruciales como la agricultura, los restaurantes y la hotelería.
Esta aparente contradicción expone la tensión fundamental entre el discurso político de la administración y las realidades económicas del país, utilizando la política migratoria como un arma contra sus adversarios políticos mientras protege a industrias que dependen de la mano de obra inmigrante.
Una Guerra Política contra las Ciudades Santuario
La orden de Trump es clara y directa: intensificar las detenciones y deportaciones en centros urbanos como Los Ángeles, Chicago y Nueva York. La meta, según el asesor de la Casa Blanca Stephen Miller, es aumentar drásticamente el número de arrestos diarios, pasando de un promedio de 650 a por lo menos 3,000. Esta escalada se produce después de semanas de protestas masivas en todo el país, como las manifestaciones «No Kings», que criticaron las políticas de Trump como autoritarias.
El enfoque en ciudades demócratas no parece ser una coincidencia. Estas metrópolis, a menudo autodenominadas «ciudades santuario», han adoptado políticas para limitar su cooperación con las autoridades federales de inmigración. La directiva de Trump puede interpretarse como una represalia directa y una estrategia para generar caos y presión sobre administraciones locales opositoras. El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, ya ha hecho un llamado a la ciudad para «levantarse» y «resistir» las redadas, preparando el escenario para un enfrentamiento directo entre autoridades locales y federales.
La Excepción Económica: Una «Pausa» Estratégica
Mientras la administración proyecta una imagen de dureza implacable, una realidad económica más pragmática se desarrolla tras bambalinas. Según un funcionario estadounidense, la administración ha ordenado a los agentes de ICE que detengan las investigaciones y redadas en lugares de trabajo como granjas, empacadoras de carne, restaurantes y hoteles.
Esta decisión se produjo después de que el propio presidente Trump reconociera públicamente haber escuchado a líderes de estas industrias, quienes le expresaron su preocupación por cómo su «política muy agresiva sobre inmigración les está quitando trabajadores muy buenos y de mucho tiempo». Este reconocimiento silencioso de la dependencia económica de la mano de obra inmigrante, documentada o no, contrasta fuertemente con la retórica pública.
«Hemos visitado a todos nuestros detenidos», afirmó el cónsul de México en Los Ángeles, reflejando la intensa actividad consular en respuesta a las redadas que ya están en marcha y el clima de miedo que se vive en la comunidad.
Esta dualidad en la política migratoria sugiere una estrategia calculada:
* Rendimiento político: Las redadas en centros urbanos y las deportaciones masivas satisfacen a la base electoral del presidente, que exige una postura firme contra la inmigración ilegal.
* Pragmatismo económico: La pausa en sectores clave evita una disrupción catastrófica en la cadena de suministro de alimentos y en la industria de servicios, sectores que podrían colapsar sin su fuerza laboral actual.
El resultado es una política que castiga a los bastiones demócratas y a sus residentes inmigrantes, mientras protege los intereses económicos de sectores industriales que son vitales para la economía nacional. La medida no solo agudiza la división política del país, sino que también crea un sistema de aplicación de la ley migratoria selectivo y, para muchos, hipócrita.
