El nombre de Rafael Caro Quintero, uno de los narcotraficantes más emblemáticos en la historia del crimen organizado en México, volvió a ocupar titulares internacionales. El Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó una prórroga hasta el 15 de septiembre para responder sobre las condiciones carcelarias del exlíder del extinto Cártel de Guadalajara.
La petición se dio justo el 18 de agosto, día en que vencía el plazo establecido por el juez Frederick Block. De inmediato, el periodista Arturo Ángel reveló el documento donde el Gobierno estadounidense pide tiempo adicional para coordinarse con la Oficina de Prisiones, el Centro de Detención Metropolitano y la Oficina de Operaciones de Cumplimiento.
Las duras condiciones de su encarcelamiento
La defensa de Caro Quintero ha denunciado que el capo se encuentra en aislamiento extremo:
- Vive en una celda pequeña y sin ventanas.
- No tiene acceso a ejercicio físico.
- Sus alimentos se entregan a través de una ranura en la puerta.
- La luz permanece encendida las 24 horas.
- Padece frío por falta de ropa y cobijas.
Ante estas circunstancias, sus abogados solicitaron la eliminación de las Medidas Administrativas Especiales, consideradas demasiado estrictas. La defensa accedió a la prórroga, lo que permite que la decisión final quede en espera.
Del riesgo de pena de muerte a un futuro incierto
El caso de Caro Quintero no solo genera debate por sus condiciones carcelarias, sino también por las acusaciones en su contra. Tras su extradición en febrero de 2025, fue procesado por el secuestro, tortura y asesinato de Enrique “Kiki” Camarena, agente de la DEA.
Aunque en un inicio se abrió la posibilidad de que enfrentara la pena de muerte, el 5 de agosto se dio a conocer que el Gobierno estadounidense retiró esa solicitud. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la decisión al recordar que México se opone firmemente a esta práctica, aunque reconoció que fue un asunto exclusivo de Washington.
¿Qué significa este aplazamiento?
El retraso en la resolución mantiene en suspenso el destino de uno de los criminales más conocidos en México. Para Estados Unidos, se trata de un proceso que debe equilibrar la seguridad nacional con el respeto a los derechos humanos de los prisioneros, incluso si se trata de un narcotraficante de alto perfil.
La fecha clave ahora será el 15 de septiembre, día en que se espera que el Departamento de Justicia dé una respuesta definitiva.
