El Departamento de Justicia de EEUU anunció que, como parte de la «Operación Take Back America», más de 1150 individuos fueron imputados por delitos migratorios en los distritos de la frontera suroeste durante la segunda semana de junio. Esta ofensiva busca «repeler la inmigración ilegal».
La administración Trump ha intensificado sus esfuerzos para combatir la inmigración irregular a través del sistema de justicia penal. El Departamento de Justicia (DOJ) informó este 10 de junio de 2025 que, durante la segunda semana de junio, las Fiscalías Federales de los distritos de la frontera suroeste imputaron a más de 1150 personas por violaciones criminales de las leyes de inmigración de Estados Unidos. Estas acciones se enmarcan en la «Operación Take Back America».
«Operación Take Back America»: Objetivos y Alcance
Lanzada desde el inicio de la actual administración presidencial, la «Operación Take Back America» tiene como objetivo declarado «repeler la inmigración ilegal, eliminar cárteles y organizaciones criminales transnacionales (TCOs), y proteger a las comunidades de perpetradores de crímenes violentos». La iniciativa busca optimizar los recursos de los grupos de trabajo del DOJ como los OCDETFs (Organized Crime Drug Enforcement Task Forces) y el Proyecto Vecindarios Seguros (PSN).
La escala de las imputaciones recientes subraya un esfuerzo concertado y masivo para criminalizar las infracciones migratorias, yendo más allá de las deportaciones administrativas y utilizando de forma extensiva el aparato de justicia penal.
Desglose de Imputaciones por Distritos Fronterizos
Las cifras de la segunda semana de junio reflejan una actividad judicial intensa a lo largo de la frontera con México:
* Distrito Sur de Texas: Se presentaron 202 casos, incluyendo 7 relacionados con tráfico de personas (human smuggling). Un total de 129 personas fueron acusadas de entrada ilegal, mientras que otras 63 enfrentan cargos por reingreso criminal tras una deportación previa.
* Distrito Oeste de Texas: Se iniciaron 410 nuevos casos criminales relacionados con inmigración. Entre ellos, se destaca la imputación de individuos con extensos historiales delictivos y múltiples deportaciones previas, algunos enfrentando hasta 20 años de prisión si son condenados por reingreso ilegal.
* Distrito de Arizona: Se presentaron cargos contra 199 individuos. De estos, 74 fueron por reingreso ilegal, 104 por entrada ilegal, y 18 casos involucraron a 20 personas acusadas de tráfico de migrantes. Adicionalmente, una persona fue imputada por agredir a un agente de la Patrulla Fronteriza.
* Distrito Sur de California: Se registraron 131 casos vinculados a la frontera, abarcando delitos como agresión a un oficial federal, introducción de extranjeros con fines de lucro, reingreso tras deportación e importación de sustancias controladas.
* Distrito de Nuevo México: Se formularon 211 cargos criminales, incluyendo 67 por Reingreso Ilegal tras Deportación, 5 por Tráfico de Extranjeros y 50 por Entrada Ilegal, entre otros.
Este volumen de casos inevitablemente ejerce una presión considerable sobre los recursos del sistema judicial en los distritos fronterizos, desde los tribunales y fiscalías hasta los defensores públicos, lo que podría tener consecuencias en la celeridad y la calidad de los procesos judiciales.
«Proteger a los agentes del orden es una parte clave de la vigilancia fronteriza.» – Comunicado del DOJ sobre los cargos en Arizona.
Un Contexto de Endurecimiento y Controversia
Esta ofensiva judicial se produce en un contexto de endurecimiento general de las políticas migratorias. Un caso que ilustra la postura de la administración y las controversias legales que pueden surgir es el de Kilmar Abrego Garcia. Deportado a El Salvador en lo que inicialmente se reconoció como un error, fue posteriormente devuelto a Estados Unidos para enfrentar cargos federales por presunto tráfico de personas, una acusación que sus abogados califican de «absurda» y «pretextual». La Fiscal General Pam Bondi, al anunciar el regreso de Abrego Garcia, declaró: «Así es la justicia americana».
Mientras la administración presenta estas operaciones como un medio necesario para disuadir la inmigración ilegal y garantizar la seguridad nacional, organizaciones de derechos humanos y abogados de inmigración suelen expresar preocupaciones sobre el debido proceso, el impacto en las familias y la potencial criminalización de la búsqueda de asilo. La situación de Abrego Garcia, cuya familia «ha sufrido suficiente» según sus defensores , pone de relieve la dimensión humana detrás de estas cifras y políticas.
