María, una trabajadora agrícola de México sin estatus legal permanente en Estados Unidos, teme quedarse en su casa de madera durante un huracán en Florida Central. En tormentas anteriores, buscaba refugio en la casa de su hermana o en un albergue escolar. Pero el aumento de detenciones y deportaciones en su comunidad de Apopka la hace dudar de la seguridad de estos lugares.
“Pueden llegar a donde sea”, afirmó María, de 50 años, pidiendo que no se publicara su apellido. La colaboración de autoridades locales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) convierte incluso espacios tradicionalmente neutrales, como escuelas y hospitales, en zonas de riesgo para migrantes.
Elección entre seguridad física y riesgo de detención
Dominique O’Connor, organizadora de la Asociación de Trabajadores Agrícolas de Florida, señaló que los migrantes enfrentan decisiones imposibles: exponerse a tormentas o poner en riesgo a sus familias en refugios que podrían estar sujetos a vigilancia migratoria. Este dilema no se limita a huracanes; otros desastres como olas de calor o incendios forestales también pueden obligar a evacuar bajo riesgo de detención.
Las agencias federales y estatales no han especificado si la aplicación de la ley migratoria se suspendería durante desastres naturales. Para María y otros migrantes, la confianza en las autoridades se ha erosionado tras años de políticas agresivas de deportación impulsadas por la administración de Donald Trump.
El aumento de la capacidad de aplicación de la ley migratoria significa que muchas de las agencias responsables de la respuesta a desastres también participan activamente en la vigilancia de inmigrantes, incrementando los riesgos para quienes buscan seguridad durante emergencias naturales.
