La Corte Suprema de Estados Unidos despejó el camino para que la administración Trump implemente su controvertido plan de reducción a gran escala de la fuerza laboral federal, una medida que podría eliminar cientos de miles de empleos y afectar servicios esenciales para los ciudadanos.</Intro>
En una decisión que reconfigura drásticamente el panorama del gobierno federal, la Corte Suprema de Estados Unidos ha dado luz verde al plan del presidente Donald Trump para llevar a cabo una reducción masiva de la fuerza laboral federal. El martes, los jueces anularon las órdenes de tribunales inferiores que habían congelado temporalmente los recortes, permitiendo que la administración avance con una de sus iniciativas más ambiciosas y polémicas.
La orden del tribunal, emitida sin firma, se centró cuidadosamente en la autoridad del presidente para emitir la directiva, en lugar de en las consecuencias de los recortes específicos. Este enfoque procedimental evita pronunciarse sobre el impacto real en los servicios públicos, pero en la práctica, desbloquea una reorganización radical del aparato gubernamental que ya está en marcha.
La única voz disidente fue la de la jueza Ketanji Brown Jackson, quien advirtió sobre las «enormes consecuencias en el mundo real». En su escrito, acusó a sus colegas de un «entusiasmo demostrado por dar luz verde a las acciones legalmente dudosas de este Presidente en una postura de emergencia».
«Esta acción ejecutiva promete despidos masivos de empleados, la cancelación generalizada de programas y servicios federales, y el desmantelamiento de gran parte del Gobierno Federal tal como el Congreso lo ha creado». – Jueza Ketanji Brown Jackson, en su voto disidente.
El Plan «DOGE»: La Maquinaria Detrás de los Recortes
La iniciativa es la pieza central de la orden ejecutiva de febrero de 2025, que busca «eliminar el despilfarro, la hinchazón y el aislamiento» en la burocracia federal. La implementación ha sido liderada por el llamado Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE, por sus siglas en inglés), un organismo creado para este fin y que fue dirigido temporalmente por el multimillonario Elon Musk.
El plan instruye a las agencias federales a desarrollar «Planes de Reorganización y RIF (Reducción de Fuerza)» con el objetivo de eliminar funciones no obligatorias por ley y optimizar la eficiencia. La Casa Blanca celebró la decisión como una «victoria definitiva». El portavoz Harrison Fields declaró que el fallo «reprende claramente los continuos asaltos a los poderes ejecutivos autorizados constitucionalmente por el Presidente por parte de jueces izquierdistas».
Sugerencia: Gráfico que muestre las agencias más afectadas y el porcentaje de recortes propuesto.
El Impacto Humano y Sistémico: Cifras y Consecuencias
Aunque no hay una cifra oficial consolidada, los efectos ya son tangibles. Según los informes, al menos 75,000 empleados federales ya han aceptado programas de renuncia diferida y miles de trabajadores en período de prueba han sido despedidos.
Los recortes amenazan con afectar a una amplia gama de servicios de los que dependen millones de estadounidenses. Los críticos y los tribunales inferiores habían advertido sobre posibles colapsos en áreas críticas como:
- * La seguridad alimentaria del país.
- * La atención médica para veteranos.
- * La administración de la Seguridad Social.
- * La protección del medio ambiente.
Agencias clave ya están preparando sus planes de reducción:
- * Departamento de Estado: Se prepara para notificar despidos inminentes, con el objetivo de reducir su personal en EE. UU. en un 18%. El plan también contempla la eliminación de programas de ayuda a refugiados, inmigración y promoción de la democracia.
- * NASA: La agencia espacial enfrenta la pérdida de más de 2,145 empleados de alto rango, incluidos 875 de sus ingenieros y científicos más experimentados (nivel GS-15). Expertos advierten de una «fuga de cerebros» que podría poner en peligro futuras misiones a la Luna y Marte.
Una Batalla Legal y Política
El fallo de la Corte Suprema no es el final del camino legal, pero sí un punto de inflexión crucial. La demanda, presentada por sindicatos de trabajadores federales y ciudades como Baltimore, Chicago y San Francisco, ahora regresa a los tribunales inferiores, pero sin la protección de una orden de congelación.
La estrategia legal de la administración Trump ha demostrado ser efectiva. En lugar de defender los méritos de cada recorte individual, sus abogados enmarcaron el caso como una cuestión de autoridad presidencial. Al aceptar este marco, la Corte Suprema ha validado una poderosa herramienta para que el ejecutivo implemente cambios radicales, dejando que las consecuencias políticas y sociales se desarrollen fuera de la sala del tribunal.
Para cientos de miles de trabajadores federales y los ciudadanos que dependen de sus servicios, la incertidumbre sobre el futuro del gobierno estadounidense acaba de intensificarse drásticamente.
