La tensión entre el gobierno federal y las autoridades locales en Estados Unidos sigue escalando. Una jueza federal en Chicago, April Perry, decidió extender por 30 días la orden que bloquea el despliegue de la Guardia Nacional en la ciudad, en medio de una serie de batallas legales que enfrenta la administración del presidente Donald Trump contra varios estados y municipios gobernados por demócratas.

El fallo, emitido este miércoles, mantiene temporalmente detenida la intención del gobierno de enviar tropas a Chicago, una medida que la Casa Blanca justifica como necesaria para garantizar el orden público, pero que las autoridades locales consideran una intromisión federal y una amenaza a la autonomía estatal.

Un conflicto político y judicial en expansión

La decisión de Perry se suma a una cadena de disputas judiciales en todo el país. Mientras la Suprema Corte analiza si permitirá el despliegue de tropas en Chicago, un tribunal de apelaciones federal revisa el recurso interpuesto por el gobernador de California, Gavin Newsom, contra el envío de militares a Los Ángeles.

Además, Portland, Oregon, podría convertirse en el próximo foco de conflicto, dependiendo de los fallos que se emitan en los próximos días.

El despliegue de la Guardia Nacional ha sido uno de los temas más controversiales de la administración Trump, especialmente en ciudades gobernadas por demócratas que se oponen a la militarización de la seguridad interna. Los críticos sostienen que estas medidas buscan debilitar políticamente a los gobiernos locales, mientras que los defensores argumentan que la intervención federal es necesaria ante el aumento de la violencia urbana.

La decisión judicial en Chicago: un freno temporal

La jueza Perry ya había emitido una orden inicial de restricción que bloqueaba la llegada de la Guardia Nacional por dos semanas. Ahora, tras una nueva audiencia, decidió extenderla por 30 días adicionales, aunque dejó abierta la posibilidad de que las partes revisen la medida antes de una nueva reunión programada a las 3 p.m. (hora local).

La jueza señaló que no podría emitir otra extensión posterior, lo que significa que el futuro del caso podría depender de lo que decida la Suprema Corte de Estados Unidos en las próximas semanas.

Por su parte, los abogados del gobierno federal argumentaron que están dispuestos a aceptar esta extensión temporal “por cortesía procesal”, pero insistieron en que la restricción causa un “daño grave e irreparable” al Ejecutivo al limitar su capacidad de actuar frente a lo que consideran una amenaza a la seguridad pública.

La presión desde la Casa Blanca

El procurador general D. John Sauer presentó un escrito ante la Suprema Corte el martes pasado, en el que reiteró la solicitud de una orden de emergencia que permita desplegar inmediatamente a la Guardia Nacional en Chicago.

“Cada día que esta orden de restricción temporal inapropiada permanece en efecto impone un daño grave e irreparable al Ejecutivo”, escribió Sauer, subrayando que el gobierno federal tiene la obligación de proteger la seguridad de los ciudadanos cuando los gobiernos locales —según su visión— no logran mantener el orden.

Desde la Casa Blanca, la administración Trump ha sostenido que las ciudades bajo control demócrata “han fallado en controlar el crimen”, y que la intervención de la Guardia Nacional es una medida preventiva y legítima. Sin embargo, alcaldes y gobernadores han respondido que la seguridad pública es competencia de los estados, no del Ejecutivo federal.

El debate constitucional: seguridad vs. autonomía estatal

El caso ha reavivado un viejo debate en la política estadounidense: ¿hasta dónde puede llegar el presidente en el uso de fuerzas federales dentro de los estados? Expertos en derecho constitucional señalan que la situación podría sentar un precedente histórico sobre los límites del poder ejecutivo.

Los críticos de la medida sostienen que el despliegue militar erosiona la confianza ciudadana y podría intimidar a los manifestantes o a comunidades vulnerables. Por otro lado, los defensores del gobierno argumentan que las ciudades han perdido el control de la seguridad y que la intervención federal es una respuesta necesaria y temporal.

El bloqueo judicial al despliegue de la Guardia Nacional en Chicago refleja mucho más que un desacuerdo operativo: es un choque institucional entre el poder federal y las autoridades locales, con implicaciones políticas, legales y sociales de gran alcance.

Mientras la Suprema Corte se prepara para decidir si respalda o revierte la orden, el país observa con atención un conflicto que podría definir el equilibrio entre seguridad nacional y autonomía estatal en Estados Unidos.

Por ahora, Chicago seguirá sin tropas federales, pero la batalla judicial apenas comienza, y su desenlace podría marcar un punto de inflexión en la relación entre Washington y las ciudades gobernadas por demócratas.