El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) inició esta semana operativos en Chicago y Boston, aumentando la presencia de agentes federales, especialmente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Uno de los principales asesores de Trump, Tom Homan, conocido como el «zar» de la frontera, confirmó que se desplegará a la Guardia Nacional en varias ciudades que protegen a la comunidad migrante, conocidas como ciudades “santuario”.
Si se concretan los planes, Chicago y Boston serían la tercera y cuarta ciudad en recibir tropas federales, tras Los Ángeles y Washington D.C., en menos de ocho meses de mandato de Trump. El presidente también ha puesto la mira en Seattle, Baltimore, San Francisco y Portland.
Riesgos legales del despliegue militar
Juristas y expertos constitucionales han advertido sobre la dudosa legalidad de enviar fuerzas militares a ciudades contra la voluntad de autoridades locales.
Michael Waldman, presidente del Brennan Center for Justice, calificó la medida como “una maniobra de poder brutal” que va en contra de la Constitución y del papel de los estados en mantener el orden público.
El Gobierno ya enfrenta demandas por desplegar tropas, incluidos marines, en California durante protestas contra la política migratoria. Un juez federal declaró ilegal ese despliegue, prohibiendo al Pentágono utilizar soldados en funciones de policía local. Sin embargo, la resolución solo aplica en California tras la limitación del Tribunal Supremo sobre órdenes de alcance nacional.
