En un movimiento que intensifica las «guerras culturales» en el ámbito educativo, Florida, bajo el liderazgo del gobernador Ron DeSantis, se ha asociado con otros cinco estados del sur para crear un nuevo organismo de acreditación para la educación superior. La iniciativa, que establece la «Commission for Public Higher Education», se presenta como una rebelión directa contra lo que DeSantis ha calificado como los «cárteles de acreditación woke», acusándolos de imponer una agenda ideológica.
La propuesta, que incluye a los sistemas universitarios de Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte, Tennessee y Texas, busca ofrecer una alternativa a acreditadores tradicionales como la Southern Association of Colleges and Schools (SACS), con la que Florida ha tenido múltiples enfrentamientos. La acreditación es un proceso vital, ya que es un requisito para que las universidades puedan acceder a la ayuda financiera federal para sus estudiantes.
Los defensores de la medida argumentan que el sistema actual es burocrático y se enfoca más en el cumplimiento de normativas ideológicas, como las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión (DEI), que en el «rigor académico real». Sin embargo, la medida ha generado una fuerte reacción entre el profesorado y expertos en educación. Críticos como la American Association of University Professors (AAUP) y el Council for Higher Education Accreditation (CHEA) advierten que este no es un simple cambio burocrático, sino un intento de ejercer un mayor control estatal sobre las universidades, erosionando la autonomía institucional y la libertad académica.
Para la masiva comunidad hispana de Florida, que constituye una porción significativa del alumnado en el sistema universitario estatal, las implicaciones son profundas. Si el nuevo organismo acreditador no logra obtener el mismo nivel de reconocimiento y legitimidad que los entes tradicionales a nivel nacional, los títulos obtenidos bajo su supervisión podrían ser devaluados. Esto afectaría directamente las perspectivas laborales y de posgrado de miles de estudiantes latinos, poniendo en riesgo el valor de su inversión educativa y su capacidad para competir en el mercado laboral nacional.
