En una importante victoria para los grupos de derechos de los inmigrantes, la Corte Suprema de Estados Unidos se negó a permitir que Florida aplique su controvertida ley SB 4-C, que criminaliza la entrada al estado de personas indocumentadas, asestando un golpe a la agenda del gobernador Ron DeSantis.
La comunidad inmigrante de Florida y sus defensores celebran una victoria legal significativa después de que la Corte Suprema de Estados Unidos decidiera mantener bloqueada la ley estatal SB 4-C. La decisión representa un importante revés para el gobernador Ron DeSantis y su política de «mano dura» en materia de inmigración, reafirmando que la regulación migratoria es una prerrogativa del gobierno federal.
Decisión Clave: La Corte Suprema Mantiene Bloqueada la Ley SB 4-C
Sin emitir comentarios ni registrar disidencias, el máximo tribunal rechazó la solicitud de emergencia del estado de Florida para levantar la suspensión que un tribunal inferior había impuesto sobre la ley. Esta acción mantiene la ley inactiva mientras continúa la batalla legal sobre su constitucionalidad, y se suma a una serie de derrotas judiciales para leyes similares en estados como Texas, Oklahoma, Iowa e Idaho.
¿Qué Prohibía la Ley? Las Cláusulas que Generaron la Polémica
Firmada por el gobernador DeSantis en febrero, la ley SB 4-C creaba un nuevo delito estatal: convertía en un delito menor de primer grado, con una pena mínima obligatoria de 9 meses de cárcel, el hecho de que un adulto indocumentado entrara o intentara entrar a Florida. Una segunda ofensa se convertía en un delito grave de tercer grado.
Los críticos argumentaron que la ley era inconstitucional porque usurpaba la autoridad del gobierno federal para hacer cumplir las leyes de inmigración y porque inevitablemente conduciría a la discriminación y al perfilamiento racial. De hecho, la ley saltó a los titulares nacionales cuando un ciudadano estadounidense fue arrestado erróneamente bajo esta legislación.
«Un Principio Fundamental»: La Reacción de Grupos de Derechos Civiles
La coalición que demandó al estado, incluyendo la Florida Immigrant Coalition y la Farmworker Association of Florida, celebró la decisión. Bacardi Jackson, directora ejecutiva de la ACLU de Florida, declaró: «El intento de Florida de eludir la autoridad federal y armar a las fuerzas del orden locales para vigilar el estatus migratorio no solo era ilegal, sino que también ponía a miles de personas en riesgo de detención injusta, separación y abuso».
«Esta negación reafirma un principio fundamental que data de hace 150 años: los estados no pueden regular la inmigración. Ya es hora de que los estados entiendan el mensaje.» – Cody Wofsy, Subdirector del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes de la ACLU.
La Postura del Gobernador: La Estrategia de «Mano Dura»
La oficina del gobernador DeSantis ha defendido enérgicamente la ley como una medida necesaria para proteger al estado de lo que consideran los «efectos perjudiciales» de la inmigración ilegal, en línea con la agenda nacional de Donald Trump.
A pesar de los reveses legales, la administración estatal ha mantenido una postura desafiante. El Fiscal General de Florida, James Uthmeier, ha sido un firme defensor de la ley y de otras medidas como la creación de un centro de detención de inmigrantes gestionado por el estado, apodado «Alligator Alcatraz». En respuesta a una demanda relacionada, un portavoz de DeSantis calificó la acción legal de «frívola» y afirmó que «Florida continuará liderando en la aplicación de la ley de inmigración».
Este fallo judicial es un capítulo clave en la creciente tensión entre los estados y el gobierno federal sobre quién tiene la autoridad final en materia de inmigración, una batalla con profundas implicaciones para las comunidades latinas en Florida y en todo el país.
