El Departamento de Justicia (DOJ) presentó una demanda contra el Departamento de Policía del Condado de Los Ángeles por retrasos irrazonables en la emisión de licencias para portar armas ocultas.
Según la División de Derechos Civiles del DOJ, estos retrasos violan la Segunda Enmienda, que protege el derecho de los ciudadanos respetuosos de la ley a portar armas fuera del hogar. La secretaria de Justicia, Pam Bondi, afirmó:
«El Condado de Los Ángeles puede no estar de acuerdo con ese derecho, pero la Constitución no les permite infringirlo.»
Datos sobre el retraso en las licencias
La investigación federal reveló que el departamento de policía tardaba un promedio de 281 días en iniciar el procesamiento de las solicitudes, muy por encima de los 90 días que exige la ley estatal de California.
Además:
- Solo dos de más de 8,000 solicitudes fueron aprobadas casi dos meses después de la notificación de la investigación.
- Algunas entrevistas para aprobar licencias estaban programadas hasta dos años después de recibir la solicitud completa.
Estos retrasos han generado un conflicto legal directo entre las autoridades locales y la justicia federal, poniendo en debate la efectividad de los procesos de control de armas en el condado más poblado de California.
Implicaciones legales y políticas
La demanda busca que el tribunal federal emita una orden judicial permanente que obligue al Departamento de Policía de Los Ángeles a procesar y emitir las licencias de manera oportuna, cumpliendo con la Constitución y las leyes estatales.
Por su parte, el gobernador de California, Gavin Newsom, se ha destacado por impulsar regulaciones estrictas en control de armas, y ha manifestado su intención de mantener presión sobre las autoridades locales para garantizar la seguridad pública.
Este caso también resalta el equilibrio entre los derechos individuales a portar armas y la responsabilidad de las autoridades de mantener procedimientos administrativos eficientes y justos.
Contexto histórico y relevancia
Los retrasos en licencias no son un fenómeno aislado. En diversos condados de Estados Unidos, la burocracia y la falta de recursos han provocado esperas prolongadas que afectan a ciudadanos legales que buscan cumplir con los requisitos de la ley.
La demanda de DOJ representa un precedente en el que se confrontan:
- Derechos constitucionales (Segunda Enmienda).
- Regulación estatal y local sobre control de armas.
- Obligación de eficiencia administrativa para proteger derechos civiles.
Expertos legales advierten que el resultado podría influir en otros estados donde se registren retrasos similares, marcando un hito en la protección de derechos de porte de armas.
