El Departamento de Justicia de la administración Trump ha autorizado la venta de los controvertidos gatillos de restablecimiento forzado («forced-reset triggers»), que permiten a los rifles semiautomáticos disparar a una velocidad significativamente mayor. Esta decisión, que anula una prohibición de la era Biden, ha reavivado intensamente el debate sobre el control de armas en Estados Unidos.
En una medida que marca un cambio significativo en la política de armas de fuego de Estados Unidos, el Departamento de Justicia (DOJ), bajo la administración Trump, permitirá nuevamente la venta de los llamados «forced-reset triggers». Estos dispositivos de posventa, diseñados para rifles semiautomáticos como los de estilo AR-15, aumentan drásticamente su cadencia de fuego, una característica que llevó al gobierno anterior a argumentar que convertían efectivamente estas armas en ametralladoras ilegales según la ley federal.
La decisión se formalizó como parte de un acuerdo que resuelve una serie de litigios sobre estos gatillos. Uno de los principales actores en estos casos es Rare Breed Triggers, una empresa que, notablemente, fue representada anteriormente por David Warrington, quien actualmente se desempeña como consejero de la Casa Blanca de Trump. Como parte del acuerdo, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) deberá devolver los gatillos que habían sido incautados o entregados voluntariamente. A cambio, Rare Breed Triggers se ha comprometido a no desarrollar dispositivos similares para pistolas.
Reacciones Encontradas y la Postura del DOJ
La Fiscal General, Pam Bondi, defendió la medida con una firme declaración: «Este Departamento de Justicia cree que la Segunda Enmienda no es un derecho de segunda clase». Esta afirmación subraya la postura de la administración, que prioriza una interpretación de la Segunda Enmienda favorable a los fabricantes y propietarios de armas por encima de los esfuerzos regulatorios destinados a frenar la violencia armada.
Sin embargo, la decisión ha sido recibida con alarma por los defensores del control de armas. Vanessa Gonzalez, vicepresidenta de asuntos gubernamentales y políticos de GIFFORDS, un prominente grupo de control de armas, expresó su consternación: «La administración Trump acaba de legalizar efectivamente las ametralladoras. Se perderán vidas a causa de sus acciones».
Por el contrario, los defensores de los derechos de portación de armas han celebrado el acuerdo. Lawrence DeMonico, presidente de Rare Breed Triggers, lo calificó como un «momento histórico en la lucha contra el exceso de alcance gubernamental tiránico».
«Este Departamento de Justicia cree que la Segunda Enmienda no es un derecho de segunda clase.» — Pam Bondi, Fiscal General de EE.UU.
Implicaciones Políticas y Legales
Este cambio de política no es un ajuste menor; representa una reversión drástica de las regulaciones previas y señala una postura considerablemente más agresiva a favor de los derechos de posesión de armas por parte de la administración Trump. Es probable que esta decisión sea un presagio de una mayor desregulación en el sector de las armas de fuego.
La participación del actual consejero de la Casa Blanca, David Warrington, como exrepresentante legal de Rare Breed Triggers, la empresa directamente beneficiada por el acuerdo, inevitablemente plantea interrogantes sobre posibles conflictos de interés y la influencia que actores específicos de la industria podrían tener en las decisiones políticas del DOJ. Si bien la información disponible no prueba una incorrección, la proximidad entre el consejero presidencial y el resultado favorable para su antiguo cliente podría generar un escrutinio adicional sobre la transparencia y la equidad del proceso de toma de decisiones que condujo a este acuerdo.
Las reacciones diametralmente opuestas de los grupos de control de armas y los defensores de los derechos de armas ponen de manifiesto la profunda polarización que caracteriza el debate sobre las armas en Estados Unidos. Este cambio de política no solo alterará la regulación existente, sino que también infundirá nueva energía a ambos lados de la contienda, alimentando futuras batallas políticas y legales sobre la regulación de armas de fuego a nivel nacional. Se espera que este tema continúe siendo un punto álgido y divisivo en la política estadounidense.
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