El lunes, la Corte Suprema de Estados Unidos avaló las redadas migratorias masivas en Los Ángeles, en un fallo dividido (6-3) que marca un nuevo triunfo para la administración de Donald Trump en su política de inmigración.
La medida autoriza a los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a detener a personas por «sospechas razonables» de estancia ilegal, lo que críticos describen como una licencia para perseguir a migrantes por su apariencia, idioma o lugar de trabajo.
Una batalla legal con fondo constitucional
La jueza federal Maame Ewusi-Mensah Frimpong había suspendido previamente estas redadas, al considerar que existía una “montaña de evidencia” de violaciones a la Cuarta Enmienda, que protege contra detenciones arbitrarias.
El fallo de la Suprema Corte ahora deja el camino abierto para que ICE intensifique las operaciones en barrios de migrantes. Activistas señalan que incluso ciudadanos estadounidenses de origen latino han sido víctimas de detenciones indebidas.
Voces a favor y en contra
Mientras el juez Brett Kavanaugh defendió la legalidad de las redadas, argumentando que estas prácticas se han aplicado “durante décadas”, la jueza Sonia Sotomayor lanzó una dura crítica:
“No deberíamos vivir en un país donde el gobierno puede detener a cualquiera que parezca latino o hable español. Disiento profundamente”.
Lo que sigue para Los Ángeles y el país
El fallo no resuelve de manera definitiva la demanda presentada por migrantes y activistas, pero envía un mensaje claro: el alto tribunal respalda la estrategia de Trump contra la inmigración irregular.
La decisión ha generado protestas en California y Washington D.C., donde organizaciones de derechos humanos alertan sobre un precedente peligroso que puede extenderse a otras ciudades.
