Citan a hija de juez de Trump: Acusan sesgo político en el juicio

Citan a Hija de Juez de Trump: Acusan Sesgo Político en el Juicio

La batalla legal por el veredicto de culpabilidad de Donald Trump ha escalado a una guerra política total. El Comité Judicial de la Cámara de Representantes, liderado por el republicano Jim Jordan, ha citado formalmente a la empresa de consultoría política dirigida por la hija del Juez Juan Merchan.

En una medida que intensifica dramáticamente el enfrentamiento entre el poder legislativo y el judicial, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes ha emitido una citación (subpoena) a Authentic Campaigns, la firma de consultoría política progresista presidida por Loren Merchan, hija del juez que supervisó el juicio penal de Donald Trump en Nueva York. La acción, calificada por sus oponentes como un «abuso de poder», busca investigar lo que los republicanos describen como un flagrante conflicto de interés y sesgo político que, según ellos, impidió un juicio justo para el expresidente.

Esta ofensiva legislativa no es un acto aislado, sino la culminación de una estrategia republicana poste-veredicto para delegitimar el proceso judicial. Desde que un jurado de Manhattan encontró a Trump culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales, figuras clave del Partido Republicano han cerrado filas, calificando el juicio como una «farsa», una «cacería de brujas» y una «interferencia electoral» orquestada por sus adversarios políticos.

La acusación central: Un conflicto de interés millonario

El núcleo del argumento del Comité Judicial se centra en una acusación explosiva: que el Juez Merchan nunca debió presidir el caso debido a los vínculos financieros y políticos de su hija. La citación exige documentos y comunicaciones que demuestren cómo Authentic Campaigns, y por extensión Loren Merchan, se beneficiaron económicamente de la acusación y condena de Trump.

Los republicanos presentan como prueba clave el hecho de que dos de los principales clientes de la firma —la campaña al Senado de Adam Schiff y el Senate Majority PAC— lanzaron masivas campañas de recaudación de fondos utilizando el juicio de Trump como gancho. Según el comité, estos grupos recaudaron en conjunto al menos 93 millones de dólares desde que comenzaron a solicitar donaciones tras la acusación formal del expresidente. La campaña de Schiff por sí sola habría recibido 20 millones de dólares en ayudas, mientras que el PAC del Senado recaudó 73.6 millones.

Para el presidente del comité, Jim Jordan, esta conexión financiera crea, como mínimo, «la percepción de que usted y Authentic Campaigns podrían beneficiarse considerablemente de la acusación contra el presidente Trump en un foro supervisado por su padre». Esta narrativa transforma un complejo debate sobre ética judicial en una historia simple y potente de supuesta corrupción, un mensaje diseñado para resonar con la base republicana y sembrar dudas sobre la legitimidad del veredicto.

El veredicto y la reacción republicana unificada

La investigación del comité debe entenderse en el contexto de la reacción inmediata y coordinada del Partido Republicano al veredicto. El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, lo calificó como «un día vergonzoso en la historia de Estados Unidos» y un «ejercicio puramente político, no legal». El líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell, afirmó que «los cargos nunca deberían haberse presentado» y que esperaba que la condena fuera «anulada en la apelación».

Este coro de condenas, que incluye a figuras como los senadores Marco Rubio y J.D. Vance, establece el marco político para la investigación del comité. No se trata solo de una pesquisa legislativa; es parte de una campaña de relaciones públicas para reforzar la narrativa de que Trump es una víctima de un sistema de justicia «armado» en su contra.

La defensa del Juez y la empresa bajo fuego

Frente a estas acusaciones, tanto el juez como la empresa de su hija han montado una defensa firme. El Juez Merchan, antes del juicio, solicitó la opinión del Comité Asesor sobre Ética Judicial del Estado de Nueva York. El comité concluyó que «la imparcialidad del juez no puede ser razonablemente cuestionada» basándose en las actividades comerciales o políticas de su familiar. A pesar de ello, y de rechazar tres peticiones de recusación, la presión republicana no ha cesado.

Por su parte, Michael Nellis, CEO de Authentic Campaigns, ha respondido a la citación con indignación, calificándola como «otro abuso de poder, destinado a promover una teoría de conspiración de la derecha sin fundamento». En una publicación en LinkedIn, Nellis fue tajante: «Permítanme ser claro: estas acusaciones contra nuestra empresa son completamente falsas y puramente motivadas por la política. […] Nos negamos a ser intimidados».

«Este es un intento flagrante de intimidarnos y desviar la atención de la condena de Donald Trump. Nos negamos a ser intimidados y no permitiremos que los republicanos de la Cámara o los extremistas de MAGA difundan mentiras sobre nuestro trabajo.» – Michael Nellis, CEO de Authentic Campaigns.

Un precedente peligroso para la separación de poderes

Más allá del destino de Donald Trump, esta confrontación plantea serias dudas sobre la salud de la democracia estadounidense y la separación de poderes. El comité ha dejado claro que su supervisión tiene un objetivo legislativo: informar una ley que permitiría a un presidente o expresidente trasladar un proceso penal estatal a un tribunal federal, un foro considerado «más neutral».

Expertos legales, como los que testificaron ante el propio comité, advierten que este tipo de acciones del poder legislativo para investigar a un juez en funciones por un caso en curso no solo es una intrusión en las competencias del poder judicial, sino que sienta un precedente peligroso. El objetivo parece ser erosionar la confianza pública en las instituciones judiciales, creando una estructura de permiso para que los ciudadanos desconfíen de cualquier resultado legal que no favorezca a su bando político. La guerra por el legado del juicio a Trump apenas comienza, y sus próximas batallas se librarán en el Congreso y en los tribunales de apelación, con la propia independencia judicial en la balanza.

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