El tráfico de fentanilo y las redes operativas del Cártel de Sinaloa volvieron a recibir un golpe financiero por parte del Gobierno de Estados Unidos. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro anunció este miércoles un nuevo paquete de sanciones que congela los activos de más de una docena de personas y empresas mexicanas.
La ofensiva binacional demuestra que los negocios cotidianos están bajo la lupa. Entre las entidades penalizadas por tráfico de fentanilo destaca un conocido restaurante en Chihuahua y una firma de seguridad privada. Ambas estructuras presuntamente servían para lavar las ganancias ilícitas de la droga más letal que cruza la frontera norte.
Entre los objetivos principales de este listado se encuentra Jesús González Peñuelas, alias «Chuy González». Este fugitivo de la justicia es acusado de coordinar el envío de grandes cargamentos de narcóticos y blanquear capitales para la organización criminal. El Departamento de Estado mantiene una recompensa de 5 millones de dólares por información que lleve a su captura.
Asimismo, las autoridades estadounidenses designaron a Armando de Jesús Ojeda Avilés. A este individuo se le señala directamente por facilitar el lavado de dinero proveniente del tráfico de fentanilo. Las operaciones financieras del cártel utilizaban establecimientos comerciales legítimos para reintroducir las ganancias al sistema legal.
El restaurante de Chihuahua y las empresas fachada
Dentro de los objetivos comerciales implicados en el tráfico de fentanilo y afectados aparece Gorditas Chiwas, un restaurante ubicado en el estado de Chihuahua. El negocio es propiedad del empresario sancionado Alfredo Orozco Romero, quien presuntamente prestaba la estructura comercial para las operaciones delictivas. Una empresa de seguridad privada también fue incluida en el bloqueo.
Con estas medidas, los sancionados quedan completamente excluidos del sistema bancario estadounidense. A partir de hoy, tienen prohibido realizar transacciones con ciudadanos de ese país o mantener cualquier tipo de bienes en territorio norteamericano. El impacto real dependerá de su nivel de integración en las finanzas de la Unión Americana.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que mantendrán la presión económica contra estos grupos. El funcionario enfatizó en un comunicado oficial que la prioridad institucional será proteger a las comunidades y desarticular los recursos de los cárteles terroristas que amenazan la seguridad nacional.
La crisis global y el combate al tráfico de fentanilo
El tráfico de fentanilo representa la mayor crisis de salud pública en territorio estadounidense. Este opioide sintético es sumamente peligroso, ya que una dosis mínima de apenas 2 miligramos puede resultar mortal para cualquier consumidor. La letalidad de la sustancia ha transformado por completo las agendas de seguridad internacional.
Aunque las muertes por sobredosis por el tráfico de fentanilo crecieron un 520% entre 1999 y 2023, los datos más recientes muestran una ligera reducción del 3% en el último año. No obstante, las agencias de inteligencia mantienen la alerta máxima sobre las rutas de suministro. La Administración para el Control de Drogas (DEA) identifica a México y China como los puntos clave.
La cadena de producción inicia en el continente asiático, donde laboratorios fabrican los precursores químicos. Estas empresas suelen utilizar direcciones falsas y etiquetas engañosas para burlar las aduanas. Posteriormente, los químicos llegan a territorio mexicano para la confección y distribución final del estupefaciente hacia el mercado norteamericano.
La presión política también ha escalado de manera notable en los últimos meses. Tras catalogar al Cártel de Sinaloa como grupo terrorista, la administración del presidente Donald Trump ha insistido en la posibilidad de desplegar fuerzas militares para combatir a las organizaciones criminales en la región.
Este operativo financiero contó con la participación activa del Gobierno de México. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) colaboró de forma coordinada con el Tesoro y la DEA para ubicar las cuentas bancarias. El intercambio de información estratégica permitió congelar de manera inmediata los recursos de la red criminal.
