Una pensión construida durante décadas de trabajo puede depender de decisiones que todavía están en discusión. Para miles de personas que pertenecen al régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, la Modalidad 40 representa una oportunidad para mejorar el ingreso que recibirán al jubilarse. Sin embargo, las restricciones que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) comenzó a aplicar abrieron un debate sobre los derechos de quienes están cerca del retiro.
El tema llegó hasta el Senado y también a la Universidad Iberoamericana (IBERO). El maestro Jorge Antonio Loyo Pérez, académico del Departamento de Derecho, advierte que convertir las restricciones actuales en una reforma legal podría generar un conflicto constitucional, especialmente si afecta las expectativas de quienes ya habían dejado de trabajar y planeaban continuar sus cotizaciones bajo las condiciones anteriores.
Su planteamiento no significa que exista una reforma aprobada ni que el IMSS esté retirando las pensiones que ya paga. Se trata de un posible escenario que, de concretarse, tendría que analizarse desde la protección de los derechos adquiridos y las garantías constitucionales.
¿Qué cambiaría en la Modalidad 40 del IMSS?
La Continuación Voluntaria en el Régimen Obligatorio, conocida como Modalidad 40, permite a personas que dejaron de trabajar en un empleo formal continuar realizando aportaciones por su cuenta. Para quienes pertenecen al régimen de 1973, este mecanismo puede ayudar a mejorar el cálculo de su futura jubilación, pues permite elevar el salario base de cotización dentro de los límites establecidos.
El acuerdo del Consejo Técnico del IMSS, publicado el 21 de octubre de 2026, introdujo restricciones para nuevas incorporaciones y reingresos. Entre los puntos señalados están limitar el salario de cotización al último registrado al momento de la baja, con un margen adicional de una Unidad de Medida y Actualización (UMA), así como eliminar la posibilidad de realizar altas y pagos retroactivos.
Estas condiciones contrastan con el esquema que permitía cotizar hasta 25 UMAs. Por eso, quienes buscaban incrementar su base salarial para obtener una mejor pensión comenzaron a cuestionar el alcance de las nuevas disposiciones.
Los argumentos constitucionales para defender la pensión
Jorge Antonio Loyo Pérez sostiene que una eventual reforma tendría que respetar límites constitucionales. Uno de ellos es el principio de irretroactividad, establecido en el artículo 14 de la Constitución, que prohíbe aplicar leyes en perjuicio de las personas sobre situaciones jurídicas anteriores.
Desde su interpretación, quienes dejaron de trabajar antes de una eventual modificación podrían tener derechos y expectativas protegibles respecto a las condiciones bajo las cuales podían continuar cotizando. El especialista considera que una disposición posterior no debería eliminar esas posibilidades en perjuicio de los asegurados.
Su estrategia también contempla otros cuatro argumentos: el principio de progresividad de los derechos sociales, los estándares internacionales relacionados con la protección de las pensiones, la especial consideración que merecen las personas mayores y el principio de igualdad.
Este último punto plantea una diferencia entre personas que se encuentran en circunstancias similares, pero que podrían recibir un trato distinto dependiendo de la fecha en que se incorporaron al esquema. Para el académico, esa situación tendría que revisarse jurídicamente.
¿Cuánto podría reducirse la pensión con una reforma?
La advertencia económica del especialista es uno de los aspectos que más preocupación genera. Según las estimaciones presentadas por Loyo Pérez, una persona que esperaba recibir alrededor del 85 por ciento de su salario real podría terminar con una cantidad equivalente a entre 45 y 55 por ciento si se aplicaran las restricciones planteadas.
El académico calcula que la diferencia podría representar pérdidas de entre 36 mil y 45 mil pesos mensuales durante la jubilación. También estima que alrededor de 500 mil trabajadores en transición podrían estar expuestos a los efectos de una modificación de este tipo.
Es importante señalar que esas cantidades son estimaciones atribuidas al especialista, no un recorte confirmado por el IMSS ni una reducción que ya se esté aplicando a todas las personas aseguradas.
¿Qué dijo Zoé Robledo sobre los cambios?
El 18 de noviembre de 2026, el director general del IMSS, Zoé Robledo, se reunió con integrantes del Senado para hablar sobre el futuro de la Modalidad 40. Explicó que el Instituto realizará un estudio durante seis meses para identificar posibles abusos y conocer el impacto financiero del mecanismo.
También aclaró que las personas que ya reciben una pensión mediante esta modalidad y quienes firmaron un convenio con plazos y montos establecidos conservarán sus condiciones actuales. Por ahora, el acuerdo no modifica la Ley del Seguro Social ni implica la cancelación del esquema.
La revisión busca determinar si después será necesario plantear cambios legales. Robledo señaló que el análisis permitirá distinguir los casos en los que existieron posibles irregularidades de aquellos que operaron correctamente.
¿Qué pueden hacer los trabajadores ante una posible reforma?
La ruta planteada por el académico de la IBERO contempla presentar argumentos técnicos ante el Senado antes de que exista una reforma. Si una modificación legal llegara a aprobarse, propone analizar la posibilidad de promover amparos indirectos dentro de los plazos correspondientes.
También menciona una eventual acción de inconstitucionalidad, que pueden promover autoridades y legisladores facultados, así como recurrir a instancias internacionales si se cumplen los requisitos.
Por ahora, el debate sigue abierto y el estudio del IMSS será determinante para conocer qué medidas podrían proponerse. Quienes están próximos a jubilarse deben distinguir entre las restricciones temporales, una posible reforma futura y las condiciones que ya tienen reconocidas mediante su pensión o convenio.
La discusión no está resuelta: mientras el Instituto revisa la viabilidad financiera de la Modalidad 40, el académico sostiene que cualquier cambio deberá respetar los límites constitucionales para evitar que se vulneren los derechos relacionados con la pensión.

