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Toleran la corrupción en Yucatán
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Toleran la corrupción en Yucatán

El año pasado costó 1,800 mdp; el 82.2% de los empresarios ha pagado algún favor para agilizar trámites en el estado de Yucatán. 

por LaVerdad

Toleran la corrupción en Yucatán

Toleran la corrupción en Yucatán

Sectores sociales, empresariales, ciudadanos yucatecos que han vivido y tenido amargas experiencias  como víctimas de la corrupción y la impunidad que guardan las administraciones que han sido denunciadas por ser corruptas, exhiben a los organismos creados para combatirla sin que a la fecha haya un culpable en la cárcel.

La encuesta nacional México Elige, realizada por la empresa Investigaciones Digitales, revela en su estudio del mes de junio que la corrupción es el principal problema del país con un 27.4 % de sus respuestas, seguido por la seguridad con el 27%¸los problemas sociales con un 15,3 %, la economía con el 14.3% y otros con el 15.9 por ciento. 

En Yucatán, hay muchísimas denuncias que esperan ser esclarecidas, ya que desde las administraciones de Patricio Patrón Laviada e Ivonne Ortega Pacheco, así como las más recientes,  tanto a nivel estatal como municipal, han pasado leyes y reglamentos elaborados para el combate al flagelo, sin que hasta el momento exista un culpable. 

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El órgano más reciente, creado en julio de 2017, el “Sistema Estatal Anticorrupción de Yucatán”, se conformó por  cinco ciudadanos de probidad, solvencia moral y prestigio, quienes por su contribución a la transparencia, a la rendición de cuentas o al combate a la corrupción son ejemplares, pero aún no han dado resultados. 

El problema es como señalan los analistas políticos, podrán crearse órganos y más órganos, leyes y más leyes para combatir la corrupción, pero si los que ocupan los cargos públicos en las alturas del aparato del Estado carecen de voluntad para terminar con ella, la ciudadanía seguirá siendo víctima del engaño.  

El combate frontal a la corrupción e impunidad es una prioridad para la actual administración, aseguró la titular de la Secretaría General de Gobierno (SGG), María Fritz Sierra, al atestiguar la firma de un convenio entre el Poder Judicial del Estado y la Vicefiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción.

Es por eso que se creó el Consejo Consultivo del Presupuesto y Ejercicio del Gasto, el cual fomenta la rendición de cuentas de manera clara y transparente, así como el cumplimiento de los estándares de datos abiertos.

En marzo se presentó una iniciativa ante el Congreso local para modificar la Constitución Política del Estado y elevar el rango de la actual Vicefiscalía Estatal Anticorrupción a Fiscalía Autónoma a cargo de José Enrique Goff Ailloud. 

La corrupción es uno de los fenómenos más complejos y que mayor daño ha causado a México, cuyas consecuencias se extienden a todos los ámbitos sociales, especialmente en los grupos más vulnerables, obstaculizando el cumplimiento de metas y el desarrollo, expuso.

Para las empresas y los ciudadanos la corrupción es uno de los principales retos del país, sólo por detrás de la inseguridad y la delincuencia; y desde la percepción pública basta con acudir a realizar algún trámite en la Administración Pública, en cualquiera de sus tres niveles.

Los empresarios señalaron que esta práctica se da principalmente en las oficinas gubernamentales y su burocracia. Es una medida a la que recurren para agilizar trámites, evitar multas o conseguir licencias y permisos para desarrollar su actividad.

Basta decir que el año pasado el costo de la corrupción en el país fue de 1,800 millones de pesos. 

A nivel nacional los ciudadanos coinciden en que sus experiencias de corrupción se dieron al tener contacto con las autoridades para realizar algún trámite, pago o solicitud de servicio público.

Por su parte, la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (ENCRIGE), revela a su vez que cada empresa gastó 12,243 pesos en actos de corrupción, mientras que en el caso de las empresas medianas ese monto alcanzó los 84,806 pesos y en las industriales los 15,766 pesos. El 82.2% de los empresarios refirió que esta práctica es frecuente por parte de los servidores públicos, según los datos del reporte elaborado por el Inegi.

Vale la pena señalar que de cada 100 mil habitantes, para 12 mil 590, la corrupción es de carne y hueso, ya que ese es el número que representa la tasa de población que tuvo contacto con algún servidor público y tuvo alguna experiencia de corrupción; mientras que 59 mil 713 de cada 100 mil habitantes cree que existe corrupción en los trámites que realizó.

La investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Mariana Tapia, destaca que el 51% de los encuestados por el Inegi considera que durante 2018 fue más difícil cumplir con los requisitos regulatorios, en los tres niveles de gobierno. Ante esto se debe trabajar en reducir y eficientar el número de documentos y peticiones que se les hace a los ciudadanos al realizar un trámite.

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