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Roban tierras a ejidatarios con trampas legales en Yucatán
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Roban tierras a ejidatarios con trampas legales en Yucatán

Por los menos una docena de familias han logrado acumular durante dos décadas, un grueso expediente con las quejas y denuncias que han presentado ante instancias ejidales, sin que hasta ahora obtengan la anhelada justicia.

por LaVerdad

Roban tierras a ejidatarios con trampas legales en Yucatán

Roban tierras a ejidatarios con trampas legales en Yucatán

Un gasto de 60 mil pesos por familia y más de 20 años, de esperar justicia en un problema de despojo de tierras en el ejido Chuburna, 12 familias que están pasando por este conflicto han sufrido un desgaste que ha comenzado a mermar en su bienestar.

“Además del dinero, ya no vivimos en paz, para muchos de nosotros es prácticamente la mitad de nuestras vidas padeciendo este problema, y sobre todo los últimos años la presión que ha ejercido el comisario ejidal Baltazar de los Reyes Ramos  Huchim y su abogada Rebeca Buenfil, quien trabajaba en el Tribunal y supuestamente la despidieron por malos manejos, ha sido terrible”, expresó don José Feliciano Sierra Rodríguez.

Don Feliciano, junto con 12 familias más ha sufrido los últimos años violencia a su familia y su terreno ejidal, el cual le fue heredado de su padre hace ya varios años, sobre todo porque el comisario Baltazar de los Reyes Ramos ha ejercido presión para sacarlos de los terrenos a través de otros presuntos ejidatarios y amedrentarlos destruyendo sus cosechas, y hasta sus casas.

“Desde 1982 mi padre adquirió ese terreno de 100 por 100 hectáreas, donde criaba cerdos y gallinas construyó un pozo, corrales, una casa, hay árboles frutales, por cuestiones que ignoro pacíficamente cedió la mitad.

En 1988 mi padre trató de legalizar el terreno pero los comisarios no han querido, sin embargo, en algún momento llegamos a un acuerdo de pagar a15 pesos el metro, pero no nos dan una garantía; unos compañeros han sido defraudados por el mismo comisario, que han entregado el dinero y no reciben los documentos”, dijo don Feliciano.

La historia

Su abogado, Luis Gamboa Pacheco, quien los ha representado todo este tiempo expresó que ese terreno se conoce como San Idelfonso, es un anexo que pertenecieron al ejido de Chuburná; tierras que en 1980, y estas familias entran, aún estaba en vigor la Ley de Reforma Agraria, la cual no contemplaba la prescripción positiva adquisitiva, y que fue hasta 1992 cuando la nueva Ley Agraria, la contempla.

“El artículo 48 de esta ley dice que quién haya poseído tierras ejidales en concepto de ejidatario, tiene derecho de concurrir al Tribunal Agrario para solicitar que le legalicen esas tierras que tienen en posesión, y no dice que concurran al comisariado. El Tribunal Agrario de acuerdo con las pruebas que se presenten decidirá y dictará una sentencia para que, a quien demanda, se le otorgue la posesión y ordenará al ejido que le otorgue la posesión; y que está sentencia se inscribe en el Registro Agrario Nacional para que le den su título de posesión”, dijo.

El abogado defensor expresó que el ejido se está defendiendo con actas de asignación de parcela, “ya hay algunas vendidas dolosamente, con tal de despojar a estas personas de las tierras, venden a terceros, y cuando nos enteramos pedimos la anulación de esas actas de asamblea”.

Indicó que el actual comisariato ejidal pretende cobrar 3 millones de pesos por hectárea, cantidad que para esta gente es imposible.

“Cuando entro a juicio con ellos, hace dos años, el comisariato ejidal comenzó a meter gente de choque en los terrenos, como ellos están decididos a no salirse y tienen la constancia del ejido y además las están trabajando, el comisariado alega que no son válidas, pero dentro de un procedimiento agrario esas constancias si tienen validez porque acreditan que ellos entraron de forma pacífica, no invadieron ni despojaron al ejido, fue el mismo ejido que en esa época, les dio la posesión de la tierra”, expresó.

Gamboa Pacheco señaló que el actual comisario nunca ha sido ejidatario, y nunca ha hecho trabajos de campo, sino que ahora pretende disfrutar de lo que dejaron sus abuelos o sus papás, por eso pretenden sacar a estas familias de sus tierras.

“Ya se han hecho los reportes, donde entran a cortar los alambres, a tirarles sus casas, e incluso ha intervenido la policía, porque los señores estaban violando la ley, por eso pedimos la suspensión de los actos, que es como un amparo, para que las cosas se queden como están y hasta que el juez no dicte sentencia, no se sabrá cómo va a quedar la situación y mientras tanto nadie puede hacer nada, pero no han respetado. El señor Baltazar de los Reyes Ramos Huchim, es el presidente del comisariado ejidal, es un taxista del Volante”, comentó.

Como dato adicional, el abogado expresó que el señor Ramos Huchim tiene otro litigio agrario, pues demandó a toda la colonia “Los Arcos”, porque supuestamente son tierras ejidales; han puesto 200 demandas para despojar a todas esas familias.

“Es otro caso, pero es la misma táctica, es el mismo dueño y la misma abogada Rebeca Buenfil”, dijo.

Cambios en la ley

Gamboa Pacheco recordó que en 1986, del entonces gobernador Víctor Cervera Pacheco, decretó que del anillo periférico, 500 metros van a ser del gobierno del estado, “olímpicamente estaba violando la ley con su decreto porque esa franja divide, el ejido de Caucel, Chuburná, al ejido de Santa Gertrudis Copó, Temozón Norte, Kanasín, Umán, Cinco Colonias y todas esas tierras por ley son federales, las tierras ejidales las rigen las leyes federales y no estatales.  Al año de proclamado el decreto, el mismo Gobernador lo mandó a derogar, pero la mentalidad de la gente era que a 500 metros la autoridad estatal iba a regular esas tierras y muchas de estas deben de tener títulos de propiedad por la dependencia que hoy en día es el Instituto de Vivienda (Ivey)”.

Indicó que las familias en litigio están en una superficie de aproximadamente 60 hectáreas de tierra ejidal, que en un principio eran un grupo más grande, pero se dividieron, “a primer grupo de 17 personas los asesoré, se logró llegar a un acuerdo ante el Tribunal Agrario, donde pagaron 15 pesos por metro cuadrado, y se regularon alrededor de 23 hectáreas”, dijo.

Expresó que esa superficie quedó aparcelada, “a las que quedaron asignadas se les entregó el dominio pleno, lo que quiere decir, que cuando se asignen esas parcelas, el que las adquiera, automáticamente ya no es un ejido, sino como propiedad privada”.

“Las parcelas de estas familias tienen número y están registradas a nivel nacional, a través del Registro Agrario Nacional, están identificadas, tienen planos, pero el ejido con tal de sacarlos hacen asambleas apócrifas, donde piden a supuestos ejidatarios para asignar las parcelas, con lo que están violando la ley, porque ellos saben que hay otras personas en posesión de esas tierras”, informó. El abogado indicó que por ley, al que le deben dar prioridad para vender la tierra, es al que la ha trabajado, ese trámite se llama el “derecho del tanto”, si tú estás viviendo la parcela lo mínimo que puede hacer el ejido que va a vender la tierra es preguntar si les interesa comprar, claro si les ponen un precio de 3 millones de pesos, cómo lo van a pagar, por eso no han llegado a ningún arreglo, por eso preferimos irnos a juicio, pero en realidad el Tribunal Agrario les debe de conceder la posesión, debe declarar nulo todo lo que haya hecho el ejido y le haya asignado a personas ajenas las tierras”.

Aclaró que estas personas que según fueron asignadas por el ejido, no las están viviendo, e incluso son personas que se dedican a la construcción que compran tierras, se van por la vía civil y ya que legalizan los terrenos, y se convierte en materia privada, se van a los juzgados civiles, y ahí los jueces se basan únicamente en el título de propiedad, “por eso existen los fraudes inmobiliarios, porque es muy difícil desechar la validez del documento”.

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