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Yucatán

Queman red de corrupción agraria

por La Verdad

Más de 15 mil hectáreas en riesgo en Chocholá y un número sin cuantificar en Chablekal

Rebeca González/Diario La Verdad MÉRIDA, Yucatán.- ‘Nos estamos quedando sin monte y sin territorio, porque las tierras han sido vendidas a los grandes empresarios, para construir desarrollos inmobiliarios, como el Country Club, en donde se nos prometió bonanza y fuentes de empleo pero los salarios son los más bajos y nos convirtieron en esclavos en nuestra propia tierra’, consideró José Euán Romero, representante de  Chablekal, queja a la que se sumaron otros representantes campesinos. La comisaria ejidal de Chocholá, Claudia Cob Durán expresó que en Yucatán opera una ‘mafia agraria’ que se mete en  las asambleas ejidales irregulares para llevar a cabo el despojo de tierras tal como está sucediendo en  esa demarcación, encabezada por Omar Corzo, delegado de la  Procuraduría Agraria.
‘Ha ido en contra de la resistencia de los ejidatarios y pobladores de Chocholá, quienes cada vez más cuentan con la solidaridad de miles de personas en Yucatán y fuera del mismo. Con Omar Corzo operan  Cástulo Ramírez delegado del RAN, así como el Tribunal Agrario donde solo se defienden los intereses  de los magnates que ahora se dicen ejidatarios, porque con dinero en mano consiguieron ingresar al padrón de ejidatarios para tener voz y voto en las asambleas’, aseguró.
 

CORRUPCIÓN FEDERAL

Cob Durán dijo que a pesar de la corrupción de estas autoridades federales seguirá en la defensa de unas 15 mil hectáreas de terrenos que pertenecen a más de 500 ejidatarios de Chocholá, y de las cuales se quieren apoderar magnates de apellidos como Abraham, Lixa, Magaña y Briseño, haciéndose pasar como ejidatarios. Euán Romero dijo que los cambios que se han generado desde el Ayuntamiento de Mérida, en la aplicación de las leyes para las comisarías , han sido detonantes para que muchos conflictos jurídicos no tengan solución rápida. Por ejemplo, señaló, antes en las comisarías teníamos la figura del juez de paz, quienes se encargaban de tomar las decisiones, las cuales eran acatadas por los habitantes, pero luego ese funcionario fue obligado a regirse por las Leyes Estatales y a causa de ello ahora los afectados tienen que viajar hasta Mérida para acudir al Ministerio Público y eso inhibe la solución rápida de los conflictos.

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