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"Preocupa" a diputado árboles urbanos pero no la deforestación de Yucatán

El diputado Luis Enrique Borjas Romero propuso cárcel para quien tale un árbol en las zonas urbanas de Yucatán.

por LaVerdad

"Preocupa" a diputado árboles urbanos pero no la deforestación de Yucatán

De aprobarse la iniciativa del diputado Luis Enrique Borjas Romero, toda aquella persona que sea sorprendida derribando un árbol en las áreas urbanas del estado de Yucatán, podrá ser remitida a la cárcel  y permanecerá ahí hasta por dos años como castigo a su osadía.

La propuesta del diputado tricolor podría ser buena en una época en que la tala indiscriminada que afecta a Yucatán con la construcción de nuevos complejos habitacionales, fábricas y centros comerciales acelera la creación de una gran plancha de concreto sobre la entidad.

El saqueo de mangle es un delito sin castigar en Yucatán.

Pero al diputado Borjas lo mismo que a sus compañeros diputados se les ha olvidado pronunciarse y exigir que se apliquen las leyes existentes en los muchos casos donde se han derribado no uno, sino cientos y miles de árboles para construir granjas, viviendas, fábricas, parque fotovoltaicos en el interior de Yucatán.

Los diputados yucatecos han permanecido cómplices con su silencio ante los llamados de auxilio y justicia que organizaciones de campesinos y ejidatarios han hecho al respecto de la tala y devastación de los bosques, montes y manglares de Yucatán.

La iniciativa de Borjas busca quitarle responsabilidades a la Secretaría de Desarrollo Sustentable.

Otro aspecto de la iniciativa de Borjas Romero, es prácticamente dejar sin atribuciones a la de por si grisácea Secretaría de Desarrollo Sustentable del Estado (SDS) que encabeza Sayda Melina Rodríguez, al pedir la desaparición del artículo 206 del Código Penal que señala, que para proceder penalmente por delitos contra el medio ambiente, es necesario que esta dependencia formule la denuncia.

De aprobarse, la titular de la SDS Sayda Melina Rodríguez, tendría todavía menos trabajo, ya que cualquier ciudadano u organización de la sociedad civil, podría hacer la denuncia ante la Vicefiscalía de Yucatán.

_Rebeca González

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