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Perverso negocio en cuotas escolares en Yucatán
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Perverso negocio en cuotas escolares en Yucatán

Más de 322 millones de pesos pasan por las manos de directivas escolares al inicio de cada curso escolar; nadie fiscaliza el destino de las fuertes sumas pedidas en cada ciclo escolar

por LaVerdad

Perverso negocio en cuotas escolares en Yucatán

Perverso negocio en cuotas escolares en Yucatán

El cobro de cuotas “voluntarias”, desde preescolar hasta bachillerato, en instituciones públicas condiciona los derechos de los niños y niñas de México, a pesar de que están prohibidas.

“La educación básica es gratuita y lo que es voluntario no tienen por qué cobrarse, quien tiene la voluntad paga lo que puede”, expresó Paula Lira Moguel, presidenta de la Asociación Estatal de Padres de Familia de Yucatán A.C. (Aepaf).

Lo anterior se ha vuelto un negocio multimillonario, estimado en más de 322 millones 518 mil pesos por ciclo escolar en nivel básico.

Recalcó la defensora de los derechos educativos de los niños que los cobros lo hacen según la zona de la escuela, “si está por el norte, cobran más, es un negocio que depende de la capacidad económica de los padres, es una simulación, porque hay mucho discurso de la gratuidad de las autoridades, pero la realidad es está, y tratan de ponerlo como algo correcto, algo legal y esto es grave que estén fomentando más ilegalidad”.

Perverso negocio en cuotas escolares en Yucatán

Señaló que los directores no se involucran directamente porque lo manejan veladamente a través de las mesas directivas que se forman a modo en cada una de las escuelas, lo hacen de forma descarada, pues saben que no serán sancionadas y por eso abusan del poder que tienen sobre la mayoría de los padres.

“Hay quienes sí tienen el descaro, esto es una violación que se le atribuye al director, porque él es el responsable de la escuela; primero pasan los padres de familia a pagar a las mesas directivas y luego pasan a inscribir a los niños”, destacó.

Indicó que en la mayoría de los casos las autoridades educativas se ponen de acuerdo con las mesas directivas de la asociación de padres para hacer los cobros de inscripción de cada alumno; las mesas directivas van hacen lo que el director les pide”.

Dijo que por más de 20 años Aepaf ha realizado cientos de denuncias, pero que las autoridades están lejos de resolver, “las han disfrazado, pues argumentan que son las mesas directivas las que reciben el dinero, cuando es responsabilidad del director lo que sucede en la escuela”.

Lira Moguel señaló que las mesas directivas no tienen nada que hacer en las escuelas en fechas de inscripción, porque es un trámite administrativo, no de asociaciones de padres de familia; no obstante, los tutores desconocen esto y por miedo a que sus hijos sean rechazados aceptan las condiciones que imponen las escuelas.

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Comentó que obligan a los tutores a firmar acuerdos que violan los derechos de los escolares; hay muchas denuncias, no sólo durante las fechas de inscripción, sino todo el año, porque en el transcurso del ciclo escolar piden apoyos, incluso para el mantenimiento de las escuelas.

“La única inscripción que es legal, es cuando el alumno es de nuevo ingreso, ya sea de preescolar, primaria, secundaria o bachillerato; en tercero, cuarto o quinto año no se debe hacer ningún pago porque ya es un derecho, las cuotas son un invento para pedir dinero “voluntario”, que se vuelve obligatorio, esto es una violación grave al derecho del niño”, dijo.

Aclaró que la única forma en que se vuelve a dar un pago para la inscripción, es cuando el alumno cambia de escuela por cambio de domicilio.

Señaló que la autoridad nunca da respuesta a las denuncias, “a veces dan chamarras, uniformes, como para justificar ante los padres que están haciendo algo; pero la ayuda sería que directores, subdirectores, supervisores y jefes de sector no pidan nada, porque finalmente cobran, entonces ¿dónde está el apoyo?”

Lira Moguel dijo que la asociación sólo está en contra de condicionar con cuotas el derecho institucional de los niños, que es el acceso gratuito a la educación.

Informó que esta semana se reunió con el Secretario de Educación del estado de Yucatán, Delio Peniche Novelo, para explicarle lo que está sucediendo, “le entregué un documento y le pedí un boletín para todas las autoridades, para que se garantice esta gratuidad y se deje de estar condicionando, estoy en espera de su respuesta; porque no solo estamos hablando de cuotas, también se pide en especie, hasta bloques para construir aulas, cuando eso le corresponde todo a la secretaría.

 “Hoy en día cualquier denuncia que se hace buscamos que sea en la mayor secrecía posible, porque los niños son los primeros en sufrir hostigamiento o ‘bullying’ por parte de los maestros”.

“Cuando comencé a documentar los derechos de los niños, los padres y reglamentos de las escuelas, comprobó que la información que dan los centros educativos no está apegada a derecho, ni al de los alumnos. Desde hace 30 años existe el reglamento para padres de familia, pero no se ha aplicado y manejado por las instituciones educativas que siempre piden dinero, violando el derecho a la gratuidad de la educación básica.

Recalcó  que los mismos profesores discriminan y maltratan a los alumnos regulares y con los que tienen alguna necesitan educación especial, “hay cosas gravísimas en contra de los niños con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), autismo u otra necesidad educativa, ahí no hay respeto, lo único que les interesa es el dinero que aportan los padres de familia de forma obligatoria”.

Lira Moguel expresó que desde 2012, el bachillerato es básico y obligatorio y por consiguiente gratuito, pero la que la realidad es otra en el país, “es un problema nacional, donde la educación se condiciona y se cobra”.

Explicó que se piden “donaciones” para el mantenimiento de escuelas, por lo que un padre de familia gasta unos mil 500 pesos, durante el ciclo escolar, “esto multiplicado por cada alumno son millones de pesos que cada escuela se lleva y nadie sabe dónde o quien se queda con ese dinero”.

“En las escuelas todo es obligatorio y cuando los padres no cuentan con el  medio económico, los niños son exhibidos. las autoridades crean divisiones entre los padres de familia y provocan que los alumnos sean retirados de sus escuelas para evitar conflictos”, aseveró.

La presidenta de padres de familia dijo que ha sufrido ataques de las diversas autoridades para que deje de trabajar en favor de los estudiantes, incluso desacreditando su agrupación, “pero pueden más mis principios y la convicción en lo que uno hace para seguir adelante”.

Lira Moguel señaló que muchos padres de familia no se enteran de lo que sucede al interior de los centros educativos, porque hay muchos niños de escasos recursos: “un papá con un salario mínimo de 88.94 no tiene para comprar un periódico, y si están trabajando todo el día,  o se conforman con que sus hijos vayan a las escuelas, estamos oprimiendo y estafando al más necesitado”.

Indicó que este tema no es nuevo, porque sucede desde hace 40 años y las autoridades no hacen nada, ni a nivel estatal ni federal. “no estamos hablando algo particular, se da en todos los estados, lo que se tiene que cambiar es el sistema, pero tiene que haber voluntad de las autoridades del estado para que se garantice la gratuidad de la educación, pero en la realidad, porque los supervisores y jefes de sector no están haciendo nada, al contrario están de acuerdo con los directores, los están protegiendo para que siga sucediendo esto y están perjudicando y violentando a los padres para que paguen y están cometiendo represalias o negando el acceso a las primarias, a los hijos de los padres que quieren ejercer este derecho constitucional y sagrado”.

“Los padres de familia tienen miedo de denunciar, porque saben lo que han sufrido sus hijos, y se mantienen así esperando que las autoridades actúen y viniendo a Aepaf, que es la única asociación que ve sus derechos de la niñez y adolescencia”, dijo.

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