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Funcionarios y diputados toleran violencia sexual
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Funcionarios y diputados toleran violencia sexual

Representantes de organismos ciudadanos denuncian que los titulares de la Segey y la Fiscalía del Estado toleran el abuso y la violencia sexual contra menores de edad, tanto en las escuelas como en el entorno familiar. 

por LaVerdad

Funcionarios y diputados toleran violencia sexual

Funcionarios y diputados toleran violencia sexual

REBECA GONZÁLEZ

La indiferencia y tortuguismo de los funcionarios encargados de la Segey y la Fiscalía del Estado, favorecen la impunidad en los casos de abuso sexual y violencia en Yucatán, ante un gobierno panista ajeno a estos daños en donde también los diputados toleran violaciones a las reformas.

Los casos de Frida Sofía en el 2012; María Evelia, en el 2013 y Ana Cristiana en 2018 reflejan la crueldad en el abuso sexual contra menores cometidos en Yucatán.

De acuerdo con registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de la Fiscalía de Justicia de Yucatán y de los organismos defensores y vigilantes de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Yucatán se comete a diario, por lo menos de uno a dos delitos de tipo sexual contra menores de edad

En 2017, las agencias ministeriales recibieron un total de 520 denuncias por delitos sexuales contra menores (abusos y violaciones)

En 2018, se denunciaron 208 casos de ataques sexuales contra menores de edad; En 2019, se mantuvo una cifra del año anterior con la clasificación que solo en este año fueron violadas 65 niñas y 8 varoncitos.

Abuso y ataques sexuales, delitos que no se denuncian

Entre uno y dos casos de abuso sexual a niñas menores de 14 años son monitoreados todos los días por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, asegura su representante en Yucatán  Adelaida Salas Salazar.

delitos sexuales
Número de delitos sexuales en Yucatán

Yucatán se sitúa en el segundo lugar a nivel nacional en incidencia de estos delitos, dijo.

Pero no existen cifras concretas porque el gobierno estatal no ha hecho una base de datos que reúna los casos reportados a todas las instancias involucradas, como la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Salud y la Secretaría de Educación, según los reportes en escuelas.

Todavía en mucho más difícil que un delito sexual cometido contra niños, niñas y adolescentes llegue a la denuncia, porque en su mayoría son cometidos por los padres, padrastros, tíos, primos y abuelos de las víctimas, lo que significa que los agresores sexuales están en el entorno familiar, dijo Salas Salazar.

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Escuelas, epicentros del abuso

Aunque el entorno familiar es el principal riesgo en el caso de abusos contra menores, también lo son las escuelas donde los niños y adolescentes pasan gran parte del día (por lo menos hasta antes de la pandemia del coronavirus).

Pero también los centros escolares de Yucatán además de ser epicentros de los abusos contra menores de edad, también se han convertido en generadores de la impunidad.

Ante la disyuntiva de acusar o permitir, los directivos escolares se convierten en cómplices al proteger al personal que abusa bajo la idea que de saberse y denunciarse “se creará mala fama al plantel”.

Un ejemplo de esta actitud los representa el caso de la dirección escolar de la escuela Felipe Ángeles Ramírez, de Plan de Ayala Sur, donde padres de familia acusaron que al director Pedro Pablo Buenfil Mendoza, trataba de no atender un caso de abuso sexual en el interior del plantel.

“El abuso sexual infantil está presente en el hogar de los yucatecos, pero también en el interior de las escuelas”, confirmó Óscar Sabido Santana, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey

Con el protocolo de atención para casos de abuso sexual, establecido en la Secretaría de Educación Pública (Segey), se han abierto carpetas de investigación ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y quejas a la Codhey, tras denuncias de casos de abuso sexual en planteles escolares y en el ambiente doméstico.

Aunque no se tiene un registro exacto de cuántas carpetas de investigación y quejas existen, Sabido Santana afirmó que cada mes reciben al menos 20 oficios de la Segey por casos de abuso, en espacios públicos como la escuela y en privados como el hogar.

El procedimiento a seguir en caso de que un miembro del personal docente o administrativo del plantel escolar sea investigado por abuso sexual es la suspensión de las labores para que deje de tener contacto con los alumnos, la apertura de la carpeta de investigación ante la Fiscalía y la queja ante la Codhey.

Tras la investigación, si la acusación es cierta, se procede ante las autoridades judiciales; y si no se acredita, entonces se retorna a la situación original.

Cifras de transparencia revelan que en los últimos diez años, las escuelas públicas – principalmente del nivel preescolar, primaria, y básica- han sido escenario de por lo menos 82 casos de abusos y violaciones sexuales.

De los 82 casos que se registran en todo Yucatán, 37 se han cometido en planteles de Mérida, lo que significa un 45 por ciento de los casos totales; el resto se ha cometido en escuelas de los municipios del interior, principalmente en Valladolid, Kanasín, Umán y Hunucmá.

Más reformas, menos castigo

Pese las reformas hechas a la leyes, para dar los castigos a los agresores sexuales, el problema en Yucatán se mantiene constante e impune.

abuso sexual
Las denuncias cada vez son más públicas

Si ya la cifra de casos cometidos no es la misma que los denunciados; en los casos denunciados no todos llegan a una sanción de quien cometió los hechos.

Sólo una mínima parte de los sucesos trascienden y causan revuelo entre la sociedad, principalmente a través de las redes sociales, lo que de algún modo obliga a las autoridades investigadoras a concluir las indagatorias pues en la mayoría de los casos, prevalece la impunidad

En abril de 2018 el Congreso del Estado de Yucatán determinó que los delitos sexuales contra menores de edad como el abuso, acoso, hostigamiento, violación, entre otros, ya no prescriban y se seguirán penalmente en cualquier momento, pero estas medidas no han inhibido que se cometan los delitos.

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Faltan más políticas públicas

Para la agrupación civil “Un Lazo para María Evelia contra el Abuso Sexual Infantil”, surgida a raíz de uno de los casos más horrorosos de abuso sexual contra una menor, el Estado carece de una política pública que defienda a los menores que están bajo su cargo.

Un ejemplo de lo anterior es el caso de abuso infantil en el propio Centro de Atención al Menor en Desamparo (Caimede) donde hubo denuncias contra custodios y personal trabajador por abuso sexual contra infantes, las cuales están en una investigación por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Silvia Sarti González, presidenta de la asociación civil Vida y Familia (Vifac), advirtió que cuando los padres se enteran casos de abuso sexual o violación infantil en muchas ocasiones “no le creen a los niños” y son regañados y se asustan. Por ello, dijo, continúan siendo víctimas de abuso.

Entre las familias también existe un miedo a denunciar, debido a la posibilidad de perder el ingreso económico de la pareja, reconoció. Entonces, se pondera el abuso de un hijo contra la situación económica, lamentó.

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