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Empresarios exigen alto a la corrupción

por La Verdad

Consejo Coordinador Empresarial pide vetos a empresas que sobornen y paguen ‘moches’ a cambio de permisos o licencias

Redacción Web/Diario La Verdad MÉRIDA.- El Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán propone que las empresas involucradas en ‘moches’ o actos de corrupción sean vetadas o inhabilitadas. Además, pide que se incluyan cláusulas anticorrupción en la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLCAN), declaró el dirigente en la entidad, Gustavo Cisneros Buenfil. Resaltó que también el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) se sumó a la propuesta en el plano internacional, lo cual viene a reforzar las acciones emprendidas por la campaña  #VamosPorMas. Explicó que la presidenta nacional del IMEF, Adriana Berrocal, declaró que ‘los temas anticorrupción en el país están un poco enlodados y hay muchas señales de que no estamos avanzando como sociedad y el hecho de que se incluyan en los acuerdos paralelos, acuerdos adicionales o en el mismo tratado los temas de anticorrupción, es bueno para México porque eso nos va a jalar, más allá de que internamente no resolvamos las diferencias, por presión externa o por cumplir con nuestros socios comerciales probablemente avancemos mucho más rápido". Recordó que en Perú se adoptó la ley anticorrupción de Estados Unidos, a través de la cual si se detecta algo indebido en un proceso, la empresa involucrada queda automáticamente vetada o inhabilitada por años. CODIGO EMPRESARIAL INTERNO Por otra parte, agregó que un compromiso del sector empresarial para dar cumplimiento al Sistema Nacional Anticorrupción es que todas las empresas elaboren su código interno de cómo evitar este tipo de prácticas. ‘No hay una fecha límite, pero  lo cierto es que si estamos cansados en que para agilizar los trámites de permisos, licencias de construcción, de funcionamiento, entre otras gestiones, tengamos que dar ‘moches’, es momento de alinearnos, de cerrar filas para combatir frontalmente ese vicio’, aclaró. Detalló que según estudios del Inegi, el año antepasado la corrupción le costó a la iniciativa privada mil 600 millones de pesos. El 64% de las empresas declaró que se da dinero para agilizar trámites, mientras que un 36% indicó que es para evitar multas o sanciones. Según el estudio, en promedio una empresa desembolsó 12 mil 243 pesos para realizar trámites, evitar multas y obtener licencias o servicios, informó el  Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Con base en los resultados de la primera Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas, para el caso de las empresas medianas, la cifra llegó a 84 mil 806 pesos, y en las compañías industriales fue de 15 mil 766 pesos, cada una. A nivel nacional, 561 de cada 10 mil empresas que realizaron trámites durante 2016 experimentaron, al menos un acto de corrupción. Sin embargo, esta tasa se incrementa hasta mil 317 para las grandes; y 755 en las del sector industrial. MAYOR CORRUPCIÓN Al considerar las entidades donde se da este tipo de actos, se destacó que Quintana Roo, Colima y San Luis Potosí concentraron los costos más elevados de corrupción, en materia regulatoria. En el caso de Quintana Roo, el costo promedio fue de 146 mil 771 pesos por compañía. A partir de la encuesta, se reveló que el año pasado se realizaron 76.5 millones de trámites, pagos o solicitudes de servicios ante autoridades municipales, estatales o federales, lo que implicó un promedio anual de 19.5 trámites por negocio. A nivel nacional, las empresas de tamaño micro realizaron 18.2 trámites, pagos o solicitudes de servicios en promedio ante autoridades municipales, estatales o federales; mientras que las unidades grandes realizaron un promedio de 66.7 trámites, pagos o solicitudes de servicios durante 2016. Esta tramitología implicó que el 20.2 por ciento del total de las unidades económicas consideran que durante 2016 el marco regulatorio fue un obstáculo para el logro de sus objetivos de negocios. ‘El 50.9 por ciento consideró que, durante 2016, las cargas administrativas para cumplir con el marco regulatorio fueron mayores, o bien, siguieron igual de pesadas con relación a las de 2015. Las pequeñas, así como las del sector comercio consideraron, en mayor medida, que las cargas administrativas empeoraron o siguieron igual de pesadas durante 2016’, detalló el Inegi. NUMERALIA millones de trámites se hicieron el año pasado76.5 19.5 Trámites en promedio anual por negocio. 1,600 mdp Costó corrupción en 2016 a la IP FRASE ‘El 20.2% del total de las unidades económicas consideran que durante 2016 el marco regulatorio fue un obstáculo para el logro de sus objetivos de negocios’. Gustavo Cisneros Buenfil, Presidente del CCE.    

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