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Despojo de bienes, delito en aumento en Yucatán
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Despojo de bienes, delito en aumento en Yucatán

La mafia inmobiliaria en Yucatán opera mediante Notarios Públicos del Estado de México; Torreón, Coahuila;  Guadalajara, Jalisco y Quintana Roo, que operan bajo el esquema de fraude.

por LaVerdad

Despojo de bienes, delito en aumento en Yucatán

Despojo de bienes, delito en aumento en Yucatán

La mafia inmobiliaria en Yucatán opera mediante Notarios Públicos del Estado de México; Torreón, Coahuila; Guadalajara, Jalisco y Quintana Roo, que operan bajo el esquema de fraude y conexiones con los bancos -porque muchas veces se cometen con casas que tienen embargos- además de tener nexos con funcionarios del Registro Público de la Propiedad, denunció el sociólogo e investigador de la Uady, Luis Alfonso Ramírez Carrillo.

Reveló que uno de los delitos que con mayor incidencia se comete en el estado de Yucatán y que mantiene un alto margen de impunidad, es el despojo de bienes inmuebles.

Los afectados en su mayoría son personas de la tercera edad, con algunas enfermedades crónicas y que no saben leer o hablar español, condiciones de las que se aprovechan personas con poder económico y político para despojarlas del patrimonio que con años de esfuerzo, trabajo y sacrificio lograron obtener.

Desde el año pasado el tema se denunció con insistencia en medios informativos, tras darse a conocer denuncias de varios afectados, sobre la existencia de una “mafia inmobiliaria” que tendría por lo menos diez años de operar en Yucatán, pero sus actividades irregulares se recrudecieron en los últimos dos años.

En esta mafia organizada para quitar a los yucatecos terrenos y viviendas estarían involucrados litigantes, trabajadores de las dependencias encargadas de dar protección jurídica a los bienes patrimoniales, agentes bancarios y notarios, siendo éstos últimos los más señalados por la naturaleza de sus actos, la de dar fe a los mecanismos de compra – venta de bienes inmuebles.

Uno de los casos más sonados el año pasado fue el expuesto por el sociólogo e investigador de la Uady Luis Alfonso Ramírez Carrillo, quien tras ser víctima de despojo de una propiedad dedicó varias semanas a investigar, obteniendo resultados alarmantes.

“Estuve revisando el Diario Oficial y pude encontrar las demandas, y si revisamos los últimos 5 años, podemos ver en estas demandas a los mismos notarios involucrados en al menos un centenar de casos de carácter penal”, explicó Ramírez Carrillo.

Además de contar con el “top” de los 10 notarios públicos yucatecos con el mayor número de quejas por actos irregulares, Ramírez Carrillo agregó que sus investigaciones le permitieron saber que notarios del Estado de México, Coahuila, Jalisco y Quintana Roo, están legitimando propiedades de Yucatán con el mismo esquema de fraude.

Pero en Yucatán el delito de despojo con ayuda de funcionarios públicos estatales y notarios no ha parado, ahora empezando el año se destapa un caso nuevo que podría llevar a una nueva vertiente de la llamada mafia inmobiliaria: despojar a personas de la tercera edad en apuros económicos.

Bajo la carpeta de investigación 628/2018, a través del despacho Matú Molinay Asociados fueron señalados Orlando Alberto Paredes Lara (notario), Jorge Francisco Frisco Pérez Matos (prestamista) e Iván Escamilla (comprador), entre otros sujetos como los posibles responsables en el delito de despojo cometido contra la señora María Santos Ake Chán (qepd).

La señora de más de 80 años, en vida solicitó un préstamo por 43 mil 200 pesos a Jorge Francisco Frisco Pérez Matos, quien le dijo que debía firmar los pagarés que respaldaran el pago futuro de la deuda, a lo cual la señora accedió pero en medio de su desesperación y por no saber leer además de firmar los pagarés del préstamo también firmó hojas en blanco que luego se convirtieron ante la fe del notario Orlando Alberto Paredes Lara, en una promesa de compra venta entre la anciana y el prestamista.

Al paso de los meses la abuela, con la ayuda de su hija, fue pagando el préstamo en parcialidades en un lapso comprendido de julio de 2015 a septiembre de 2016. Sin embrago una vez concluida la devolución del préstamo, el señor Pérez Matos, de acuerdo con la denuncia interpuesta por María Cecilia Kantún Aké, hija de la anciana, seguía yendo a la vivienda de la anciana para amedrentarla para que se saliera de la casa por las buenas y en caso de oponerse “la sacaría a la calle como un animal”.

“Fue tanta la presión de Jorge Francisco Frisco Pérez Matos, y tanto el sufrimiento de la señora María Santos Ake Chán, que falleció en noviembre de 2016, posiblemente este hecho, mantuvo alejado por un tiempo al prestamista, pero a mediados del año pasado (2018) lanzó una nueva ofensiva contra los familiares de la abuela fallecida; el reclamo era el mismo: “desalojar por su propio pie, antes de ser sacados como perros a la calle”.

Fue entonces que María Cecilia Kantún Aké, se dio a la tarea de investigar hallando que a su madre la habían hecho firmar una promesa de compra-venta sobre su casa en la colonia María Luisa, de la ciudad de Mérida, con un valor supuesto de 260 mil pesos, dinero que la anciana no recibió, pero se cree que fue el préstamo de 43 mil 200 pesos y los papeles firmados ante el notario Paredes Lara, los que se usaron para conseguir que ahora la vivienda aparezca a nombre de un tercero identificado como Iván Escamilla, tal como si se hubiera realizado una acción de compra – venta legítima.

Lo que pide ahora María Cecilia Kantún Aké, es que se anule la escritura a favor del supuesto comprador, con quien la finada ni nadie de la familia tuvieron ningún acuerdo o arreglo verbal o monetario. Y que a su entender se trata de un acto doloso y fraudulento en el que están involucrados además de los antes mencionados, funcionarios del Instituto de Seguridad Jurídica y patrimonial de Yucatán (Insejupy) y de la misma Fiscalía General de Yucatán.

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