Cárcel y multas a funcionarios que impidan la justicia para mujeres de Yucatán
Proponen activistas y académicas ley para imponer prisión y multas a servidores públicos que obstaculicen la justicia para mujeres
Cárcel y multas a funcionarios que impidan la justicia para mujeres de Yucatán
Activistas y académicas acudieron al Congreso de Yucatán para presentar una iniciativa de Ley que permita castigos a servidores públicos que en el uso de sus facultades cometan violencia institucional contra las mujeres.
Las actividades para conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres, no pasó inadvertido en Mérida, donde se realizaron diversas acciones en noticias de hoy
Pero ¿Qué es la violencia institucional?
Las impulsoras de la ley la definen así: “Violencia institucional: es la cometida servidores públicos que tenga como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejercicio de los derechos humanos de las mujeres”.
Así como su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia, así como a cualquier otra a que tengan derecho, siempre que cubran los requisitos exigidos por la normativa vigente”.
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Ante ello dijeron a La Verdad Noticias que las leyes existentes a favor de las mujeres deben actualizarse y armonizarla con las disposiciones ya establecidas.
Penas severas a servidores públicos que nieguen justicia
Las activistas y académicas como Ligia Gamboa y Adelaida Salas, entregaron la iniciativa a los diputados del Congreso tras realizar una breve manifestación en el acceso del recinto legisaltivo.
En su iniciativa, piden sanciones de uno a tres años de prisión y de cien a doscientos días-multa y la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, de dos a seis años y, en su caso, la destitución del cargo a los servidores públicos que discriminen a una mujer.
Además cárcel de dos a cuatro años y de cien a doscientos días-multa y la inhabilitación para ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público, de dos a seis años.
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Y en su caso, la destitución del cargo, a los servidores públicos que obstaculicen o impidan el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres; o su acceso al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes tipos de violencia.
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