El sarampión volvió a poner bajo presión al sistema de salud mexicano. Después de que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) retirara a México la verificación como país libre de transmisión endémica, la Secretaría de Salud defendió su estrategia y aseguró que esta decisión no representa una emergencia sanitaria ni un aumento descontrolado de contagios. Sin embargo, detrás de los millones de vacunas aplicadas persiste una pregunta: ¿el país tiene la capacidad operativa para detener la transmisión en el plazo anunciado?

El brote comenzó en febrero de 2025 y, hasta noviembre de 2026, acumulaba 20 mil 701 casos confirmados y 50 defunciones. Ante ese panorama, el Gobierno federal puso en marcha un plan de respuesta rápida de 90 días, con la intención de cerrar el brote durante 2027 y recuperar la certificación internacional en 2028.

La autoridad reporta avances importantes, pero especialistas en epidemiología y salud pública advierten que alcanzar esa meta no depende únicamente de tener dosis disponibles. También requiere personal, vigilancia constante, brigadas en comunidades y recursos para atender las zonas donde todavía existen personas susceptibles.

Sarampión: las vacunas disponibles no resuelven todo el problema

La Secretaría de Salud informó que México ha aplicado 40.9 millones de dosis entre 2025 y 2026 y alcanzó una cobertura de vacunación de 90%. Además, reportó que cuenta con alrededor de 10.8 millones de vacunas gratuitas para continuar la estrategia nacional.

El despliegue contempla dosis para niñas y niños, adolescentes y personas adultas de hasta 49 años, además de cercos vacunales y búsqueda de casos sospechosos. Al 17 de noviembre, las autoridades contabilizaban 14 casos activos, concentrados principalmente en Chiapas y Quintana Roo. También informaron que 12 entidades llevaban tres meses o más sin contagios.

Andrés Castañeda, integrante de la Sociedad Mexicana de Salud Pública, señala que la estrategia de control no comenzó con el anuncio de los 90 días: las acciones de vacunación ya se habían reforzado conforme avanzaba el brote. El nuevo plazo corresponde a una etapa de cierre, cuyo propósito es cortar las cadenas de transmisión que todavía permanecen.

El especialista advierte, no obstante, que tener millones de dosis no garantiza que todas las personas vulnerables estén protegidas. Para conocer la inmunidad real de la población, considera necesario realizar encuestas serológicas y detectar dónde persisten grupos sin protección suficiente.

El desafío está en llegar a las comunidades

Víctor Gómez Bocanegra, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM, considera que el panorama operativo es más complicado de lo que sugiere un calendario de 90 días. El problema no se limita a conseguir vacunas: también implica identificar contagios, tomar muestras, procesarlas y desplegar personal donde se necesita.

Castañeda recuerda que anteriormente existía una estrategia de vacunación extramuros, mediante la cual los trabajadores de salud acudían a los domicilios para buscar a quienes necesitaban completar sus esquemas. Con el debilitamiento de esas actividades, una parte de la responsabilidad pasó a las familias, que deben trasladarse a las unidades médicas.

Ese cambio deja obstáculos para comunidades alejadas, personas con dificultades de movilidad y población que no tiene acceso sencillo a los servicios. Por eso, los especialistas consideran indispensable recuperar las brigadas y coordinar a instituciones como IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar.

El presupuesto también pesa en el control del sarampión

La discusión no termina en la disponibilidad de biológicos. Janet Oropeza, investigadora de Fundar, advierte que el financiamiento insuficiente y la fragmentación del sistema de salud dificultan conocer cómo se distribuyen y ejercen los recursos en cada institución.

Análisis de Fundar y del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) han señalado que el gasto público en salud ronda el 2.9% del PIB, por debajo del 6% recomendado internacionalmente. En vacunación también se observan altibajos presupuestarios, lo que complica sostener campañas y personal de campo durante periodos prolongados.

La desigualdad territorial agrava el problema: los promedios nacionales pueden ocultar municipios donde la cobertura es mucho menor. Así, aunque el país reporte 90% de vacunación, todavía necesita acercarse a la meta de 95% y conseguir que esa protección sea homogénea.

¿Qué necesita México para recuperar la certificación?

La OPS explicó que perder la verificación significa que el virus mantuvo transmisión endémica durante al menos 12 meses; no significa que exista una emergencia en todo el territorio. Para recuperar el reconocimiento, México deberá demostrar que interrumpió esa transmisión durante 12 meses consecutivos y fortalecer sus sistemas de vigilancia y vacunación.

El plan de 90 días puede ayudar a contener las cadenas restantes, pero no sustituye el trabajo sostenido que viene después. Los especialistas piden vigilancia activa, diagnóstico oportuno, vacunación casa por casa y presupuestos transparentes para llegar a las comunidades con mayores rezagos.

La Secretaría de Salud sostiene que el país avanza hacia el cierre del brote. El reto será demostrarlo en cada estado y no solamente en las cifras nacionales. Porque el sarampión no se detiene con un anuncio ni con vacunas almacenadas: se controla cuando cada comunidad tiene acceso efectivo a ellas y el sistema puede evitar que la transmisión vuelva a establecerse.