*Mtro. Rafael Estrada Cano, analista Político
La “conexidad” entre la Corte Penal Internacional (CPI) y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) denota la debilidad del sistema de justicia internacional.
En el Sistema de las Naciones Unidas existen 22 Organizaciones intergubernamentales que han recibido una invitación permanente para participar en calidad de observadoras en los períodos de sesiones y en los trabajos de la Asamblea General, las cuales mantienen oficinas permanentes de observación en la Sede de las Naciones Unidas; dos de ellas son la CPI y la Interpol.
La CPI surgió a través del denominado Estatuto de Roma en julio de 1998, puesta en marcha en 2003. Sucedió a los tribunales ad hoc conformados en la década de 1990 para abordar crímenes cometidos en la antigua Yugoslavia y en Ruanda; la CPI enjuicia el genocidio, los crímenes de guerra y los delitos de lesa humanidad. En total 124 naciones forman parte de ella: 33 Estados africanos; 18 de Europa Oriental; 28 de America Latina y el Caribe; un Estado, Canadá, por América del Norte; 24 de Europa occidental; 19 de Asia y el Pacifico, destacando que Palestina desde el 2 de Enero de 2015 y Jordania desde el 11 de Abril de 2002 lo son; dos Estados, Burundi y Filipinas, se han retirado, mientras que 31 Estados de diversas latitudes firmaron en algún momento pero “aún no lo han ratifica”, destacando, Rusia -13 de septiembre de 2000- e Israel y Estados Unidos -31 de diciembre de 2000-.
La Interpol se formó en 1923. En razón de su rol “políticamente neutral”, en su artículo 3, prohibe cualquier tipo de relación con crímenes políticos, militares, raciales y religiosos; así que su labor se centra en cuatro áreas globales que consideran las “más acuciantes” actualmente: el terrorismo, la ciberdelincuencia, la delincuencia organizada, la delincuencia financiera y la corrupción. Cuenta con 196 países miembros: Estados Unidos lo es desde el 7 de Septiembre de 1923, Israel desde el 15 de Octubre de 1949, y Rusia desde el 27 de Septiembre de 1990.
Filias y fobias globales
En ambos casos, la asociación CPI-Interpol es un tema que pocos pueden tratar, por el temor a que el Estado Policía se haga presente en la activación de protocolos tan sensibles, que pueden casi detonar conflictos diplomáticos y una conflagración de corte incalculable.
La “orden de detención” que la CPI libró contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por “crímenes de guerra y lesa humanidad en Palestina” y el “exhorto” del fiscal de la Corte, Karim Khan, para que todos los gobiernos de los países miembros “cumplan su compromiso” con el tribunal y ejecuten las órdenes judiciales que exigen detener a Netanyahu y Gallant… ha exhibido extrema y públicamente la multipolaridad de las filias y fobias globales entre las naciones.
Los tipos penales razonados por la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI contra Netanyahu y Gallant, les define como responsables penales y coautores de crímenes de guerra al menos desde el pasado 8 de octubre de 2023, incluyendo “el uso del hambre como método de guerra y los crímenes de lesa humanidad de asesinato, persecución y otros actos inhumanos” en la Franja de Gaza. La CPI también emitió una orden de arresto contra Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, conocido como Deif, jefe de las Brigadas Al-Qassam, ala militar de Hamás, por su papel en los ataques mortales en suelo israelí del 7 de octubre de 2023. Sin embargo, el propio ejército israelí asegura que Deif murió en un ataque aéreo en Gaza en julio de este año.
En resumen, tras la emisión de las órdenes, Netanyahu calificó a la Corte como «antisemita» y Gallant denunció un «peligroso precedente» que incentiva el “terrorismo”; por su parte, la Autoridad Palestina la describió como una «señal de esperanza”.
Importante es señalar que la CPI no cuenta con una “fuerza policial” para arrestar a Netanyahu-Gallant y Deif, quienes oficialmente son presuntos criminales de guerra para la justicia internacional.
Esta sesión Biopolítica nos retorna a la linea de tiempo de 2 precedentes: primero, cuando al presidente sudanés Omar al-Bashir se le emitieron 2 órdenes de arresto de la CPI en 2009 y 2010 por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio, presuntamente cometidos en Darfur, Sudán, desde el año 2005, asiéndole el primer líder de Estado buscado por una Corte Internacional; y segundo, cuando la CPI emitió orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, en marzo de 2023 a causa de la invasión a Ucrania.
Conclusión Biopolítica
- Es un momento simbólico, pues desmitifica la “inmunidad” legal para personajes anclados en relaciones de poder y placer con la diversidad de “elites” gobernantes.
- La CPI colapsa la economía de la industria armamentista, ya que todo aquel convenio, contrato, acuerdo, pacto, asociación y relación comercial que vea el suministro, venta, distribución y “colaboración” con Israel ya no será presumiblemente un delito, sino es prueba plena del tipo penal que contribuye la materialización de esos “crímenes”.
- La ONU desde abril de 2013 adoptó un código de conducta que impone a los Estados miembro, limitar sus contactos con «criminales de guerra» perseguidos por la CPI a solo interacciones «indispensables», lo que generará un crack entre los aliados occidentales de Tel Aviv.
- La Interpol debe emitir solicitudes de cooperación internacional o alertas en la “búsqueda de los prófugos” o acaso dirá que NA…
- Lindsey Olin Graham senador senior gringo, padece un profundo y severo “autismo político” y un agudo estrabismo biopolítico al amenazar con activar la ley estadounidense «anti-CPI» de 2002 y creer que podrán usar «todos los medios necesarios» para liberar a personas «detenidas injustamente» por la CPI.
