La violencia vicaria dejó de ser un concepto teórico para convertirse en una realidad judicial en Coahuila. Por primera vez, un juez de control vinculó a proceso a una mujer por este delito, abriendo una nueva etapa en la forma en que el sistema penal aborda los conflictos familiares donde los hijos quedan atrapados en disputas entre adultos.
El caso, ocurrido en Saltillo, no solo marca un precedente legal en la entidad, sino que coloca a México frente a una discusión profunda sobre los límites entre la protección de la infancia y la judicialización de conflictos familiares complejos.
Qué ocurrió en el caso que hizo historia
Durante la audiencia inicial, la Fiscalía presentó datos de prueba que apuntan a que Stella “N” habría utilizado a sus hijos como medio para causar daño emocional al padre, Jhonny Robles. Según la acusación, existió una negación reiterada del contacto entre el padre y los menores, así como conductas dirigidas a debilitar el vínculo paterno-filial.
El juez consideró que los elementos eran suficientes para iniciar el proceso penal y ordenó la apertura de la investigación complementaria, con lo que el caso avanza formalmente dentro del sistema de justicia.
Cómo define la ley la violencia vicaria
En Coahuila, la violencia vicaria está tipificada desde 2023 en el artículo 251 del Código Penal como una modalidad de violencia familiar. La norma establece que incurre en este delito quien, por acción u omisión, utilice a personas dependientes —principalmente hijos— como víctimas directas de violencia con el objetivo de causar daño a otra persona.
Este enfoque reconoce que el daño no siempre se ejerce de manera frontal. En muchos casos, el impacto más profundo ocurre cuando los menores son colocados como piezas dentro de una confrontación emocional entre adultos.
Una violencia que no siempre se ve, pero sí se siente
De acuerdo con especialistas en derecho familiar, la violencia vicaria no se manifiesta necesariamente con golpes o amenazas directas. Puede tomar la forma de manipulación emocional, impedimento sistemático de la convivencia, mensajes descalificadores o decisiones que rompen deliberadamente el vínculo afectivo entre hijos y uno de sus progenitores.
A mitad del análisis, resulta claro que la violencia vicaria plantea un reto jurídico enorme: demostrar la intención de causar daño y diferenciarla de decisiones legítimas tomadas en contextos familiares conflictivos.
Las posibles consecuencias legales
El Código Penal de Coahuila establece penas de seis meses a seis años de prisión para el delito de violencia familiar, además de sanciones accesorias que pueden ser más severas que la pena corporal. Entre ellas destacan la pérdida de derechos parentales, restricciones en el régimen de visitas e incluso la patria potestad.
También se contemplan medidas de seguridad como la prohibición de acudir a determinados lugares o residir en ellos, lo que convierte este tipo de procesos en asuntos de alto impacto personal y social.
La postura de la defensa y el debate jurídico
La defensa de Stella “N” rechazó la imputación y anunció que buscará revertir las medidas cautelares, entre ellas la obligación de firmar periódicamente ante un juzgado en Colima. Argumentó que la acusada se presentó de forma voluntaria y recordó que en un procedimiento anterior no fue vinculada a proceso por falta de elementos.
Este antecedente alimenta el debate sobre la consistencia probatoria y la necesidad de un análisis integral que contemple el contexto familiar completo, no solo los hechos aislados.
Una discusión que divide opiniones
El caso ha generado reacciones encontradas. Por un lado, colectivos y familiares que celebran que la violencia vicaria sea reconocida y sancionada como una forma grave de violencia familiar. Por otro, organizaciones civiles advierten sobre el riesgo de trasladar disputas familiares al ámbito penal sin mecanismos suficientes de mediación y evaluación psicológica.
La pregunta de fondo es compleja: ¿cómo proteger a los menores sin convertirlos en el centro de una batalla judicial prolongada?
Un punto de inflexión para la justicia familiar
Más allá del resultado final del proceso, este caso coloca a la violencia vicaria en el centro del debate público y obliga a jueces, fiscales y defensores a desarrollar criterios más claros, sensibles y técnicos.
Al final, la violencia vicaria no solo interpela al sistema de justicia, sino a la sociedad entera sobre cómo se gestionan los conflictos familiares y cómo se protege, de verdad, el interés superior de la infancia.
