El municipio de Tzucacab, en el sur de Yucatán, vivió una noche de tensión y violencia tras la muerte de un joven dentro de la cárcel local. Aunque habitantes realizaron una marcha pacífica para exigir justicia, la protesta terminó en disturbios que incluyeron destrozos, saqueos y un incendio en el palacio municipal. Sin embargo, el Gobierno de Yucatán aseguró que se trata de “hechos aislados” y que el orden ya fue restablecido.
Los hechos que desataron la protesta
Todo comenzó con el fallecimiento de Ángel Alejandro, un joven padre de familia que se encontraba detenido en la cárcel de Tzucacab. Su muerte, ocurrida en la madrugada del martes, generó indignación entre familiares y habitantes, quienes denunciaron presuntos abusos de autoridad.
La noche del jueves, vecinos convocaron una marcha pacífica para exigir justicia y el esclarecimiento de lo ocurrido. Sin embargo, lo que inició con consignas como “¡justicia!” y “¡no más abusos!” derivó en un estallido social: un grupo de manifestantes ingresó al palacio municipal, destruyó mobiliario, saqueó oficinas y prendió fuego a vehículos y enseres.
El alcalde Eric Fernando Ku Caamal, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), abandonó el lugar tras recibir amenazas de que los inconformes incendiarían su casa.
Respuesta del Gobierno estatal
El secretario General de Gobierno de Yucatán, Omar Pérez Avilés, declaró en entrevista que los disturbios ya fueron controlados con la intervención de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y el apoyo de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas.
“Se ofreció la atención oportuna con las Fuerzas Armadas y también el apoyo de la Guardia Nacional. Ya regresó, afortunadamente, la calma al municipio, y vamos a estar al pendiente de lo que se tenga que hacer”, afirmó el funcionario.
Pérez Avilés subrayó que los disturbios no reflejan un incremento general de la violencia en Yucatán, sino que deben entenderse como un incidente focalizado. “Los hechos de violencia en Tzucacab son hechos aislados. Las instituciones están comprometidas a esclarecer lo ocurrido y dar certeza a la población”, sostuvo.
Investigación en curso
El funcionario explicó que el alcalde de Tzucacab ya interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para que se investigue lo sucedido, tanto en torno a los disturbios como a la muerte del joven detenido.
Respecto al deceso, Pérez Avilés señaló que será la Fiscalía quien determine las causas de la muerte. “Es normal que la familia pida claridad sobre el motivo del fallecimiento. Las instituciones están comprometidas a hacer su trabajo y se informará oportunamente sobre los resultados”, aseguró.
La tensión social en la comunidad
La protesta evidenció un profundo descontento social en Tzucacab, donde los habitantes expresaron desconfianza hacia las autoridades municipales y exigieron la presencia de funcionarios estatales para garantizar una investigación imparcial.
Testimonios en redes sociales reflejan el enojo de los pobladores, quienes consideran que el caso de Ángel Alejandro no es un hecho aislado, sino parte de un patrón de abusos y falta de transparencia en las autoridades locales.
La situación también puso de manifiesto la fragilidad en la relación entre el gobierno municipal y la ciudadanía, ya que la respuesta violenta al fallecimiento mostró un quiebre en la confianza institucional.
Reacciones políticas y sociales
Diversos actores sociales y políticos han pedido al Gobierno estatal no minimizar los hechos, advirtiendo que catalogarlos como “aislados” podría alimentar la percepción de impunidad. Para organizaciones civiles, lo ocurrido en Tzucacab debe ser una alerta sobre las condiciones en las cárceles municipales y los protocolos de actuación de las policías locales.
Por otro lado, el restablecimiento del orden con apoyo de la Guardia Nacional ha sido valorado por sectores que consideran fundamental garantizar la tranquilidad en comunidades rurales, donde la presencia del Estado suele ser limitada.
El caso de Tzucacab refleja la tensión que puede surgir cuando la ciudadanía percibe falta de justicia y transparencia en la actuación de las autoridades. Aunque el Gobierno de Yucatán calificó los disturbios como hechos aislados, lo ocurrido abre el debate sobre la necesidad de reforzar la confianza institucional, mejorar las condiciones de las cárceles municipales y garantizar investigaciones imparciales en casos de muertes bajo custodia.
La calma regresó al municipio tras la intervención de fuerzas estatales y federales, pero el reclamo de justicia de la comunidad sigue presente. En los próximos días, el rumbo de la investigación será clave para determinar si la versión oficial logra convencer a los pobladores o si, por el contrario, la desconfianza hacia las autoridades locales seguirá alimentando la inconformidad social.
