Vinculan a proceso al exsecretario de Educación y Cultura de Sonora, Ernesto “N”, tras una audiencia judicial en la que un juez determinó que existen elementos suficientes para iniciar un procedimiento penal en su contra por el presunto desvío de recursos públicos superiores a 287 millones de pesos, destinados originalmente al pago de impuestos estatales.
La resolución, emitida este lunes en Hermosillo, marca un nuevo capítulo en los esfuerzos de la Fiscalía Anticorrupción de Sonora por esclarecer presuntas irregularidades cometidas durante administraciones pasadas y refuerza el discurso oficial de combate a la corrupción en el estado.
Acusaciones por el presunto desvío de más de 287 millones de pesos
De acuerdo con la información presentada ante el juez, la investigación se centra en una serie de contratos firmados durante la gestión de Ernesto “N” al frente de la Secretaría de Educación y Cultura (SEC). Dichos instrumentos habrían permitido la distracción de recursos que tenían como destino el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondiente a la nómina estatal.
Según la Fiscalía Anticorrupción, el dinero fue canalizado a través de un fideicomiso denominado “Plan de Beneficios Múltiples”, el cual presuntamente carecía de autorización fiscal y no contaba con sustento legal para operar con recursos públicos. Este fideicomiso se habría nutrido de fondos provenientes directamente de la nómina del gobierno estatal.
Las autoridades sostienen que el esquema no habría sido ejecutado de manera aislada, sino con la participación de otros servidores públicos y particulares, cuyas responsabilidades continúan bajo investigación.
Decisión judicial y plazos del proceso penal
Tras analizar los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público, el juez de control resolvió vincular a proceso al exfuncionario al considerar que existen indicios suficientes de responsabilidad penal. Como parte de la resolución, se estableció un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
Este periodo concluirá el 13 de marzo de 2026, tiempo durante el cual la Fiscalía podrá ampliar las indagatorias, recabar nuevas pruebas y definir con mayor precisión la participación de cada uno de los involucrados en el presunto desvío de recursos.
Aunque la vinculación a proceso no implica una sentencia, sí representa un avance relevante al permitir que el caso continúe su curso formal dentro del sistema judicial.
Un caso que se suma a otros procesos por corrupción en Sonora
El proceso contra Ernesto “N” no es un hecho aislado. Forma parte de una serie de investigaciones abiertas contra exintegrantes del aparato gubernamental de administraciones anteriores en Sonora, particularmente del sexenio encabezado por Claudia Pavlovich Arellano.
Entre los casos más relevantes destaca el de Raúl Navarro Gallegos, exsecretario de Finanzas, quien fue vinculado a proceso por los delitos de peculado y asociación delictuosa. Navarro Gallegos ocupó cargos clave en dos periodos distintos: de 1991 a 1997, durante el gobierno de Manlio Fabio Beltrones Rivera, y de 2015 a 2021, en la administración de Pavlovich.
En el ámbito educativo, también enfrentan procesos penales José Víctor Guerrero González y Francisco Alberto Curiel Montiel, ambos exsubsecretarios de Planeación de la SEC. Con estos casos, ya suman al menos tres exfuncionarios del sector educativo vinculados a proceso por presuntas irregularidades financieras.
Impacto político y mensaje institucional
Las autoridades estatales han subrayado que estos procesos buscan enviar un mensaje de cero tolerancia a la corrupción, independientemente del cargo o nivel que hayan ocupado los implicados. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que los avances del caso se darán a conocer conforme lo permitan los tiempos procesales, para no afectar el debido proceso.
Especialistas en temas de rendición de cuentas señalan que este tipo de resoluciones judiciales pueden contribuir a recuperar la confianza ciudadana, siempre que los casos se conduzcan con transparencia y concluyan con sentencias claras, ya sea absolutorias o condenatorias.
La vinculación a proceso del exsecretario de Educación de Sonora por el presunto desvío de más de 287 millones de pesos representa un paso relevante en la lucha contra la corrupción en la entidad. Aunque el proceso apenas inicia y aún resta la investigación complementaria, el caso refleja un esfuerzo institucional por llevar ante la justicia a exfuncionarios señalados por el uso indebido de recursos públicos. El desenlace de este y otros procesos similares será clave para medir el alcance real de la rendición de cuentas en Sonora.
