El contralmirante Fernando Farías Laguna, señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) como líder de una red de huachicol fiscal, perdió la suspensión que lo mantenía libre de prisión preventiva. La jueza Ana Cristina Ávalos, del Poder Judicial Federal, determinó que la protección otorgada previamente carecía de validez, dejando la puerta abierta a su detención inmediata.
La decisión judicial marca un nuevo capítulo en uno de los casos más relevantes sobre corrupción y contrabando de hidrocarburos en México.
El origen del conflicto legal
De acuerdo con registros del expediente 813/2025, la suspensión que protegía a Farías Laguna fue revocada tras comprobarse que existía otro amparo activo, promovido de forma paralela en Zacatecas. Este último —identificado como 2098/2025— habría sido tramitado por terceros sin consentimiento del acusado.
La defensa del contralmirante alegó que dicho recurso fue promovido a su nombre sin autorización, presuntamente por intermediarios relacionados con familiares del expresidente Andrés Manuel López Obrador, lo que generó confusión en el sistema judicial.
Sin embargo, la jueza Ávalos concluyó que no existía impedimento legal para retirar la suspensión y ordenó la cancelación definitiva del amparo que lo protegía de la prisión preventiva.
Posible arresto y nueva audiencia
Con esta resolución, la FGR podrá ejecutar la orden de aprehensión emitida el 19 de agosto, por su presunta participación en delincuencia organizada y contrabando de combustibles.
La audiencia inicial quedó programada para el 20 de octubre ante la jueza de control del Altiplano, Nancy Selene Hidalgo Pérez, quien determinará si Farías Laguna será vinculado a proceso.
La red de “Los Primos”: operaciones millonarias
Las investigaciones federales apuntan a que Los Primos, red presuntamente encabezada por Fernando y su hermano, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, operaban desde las aduanas de Altamira y Tampico, en Tamaulipas.
Según la FGR, el grupo habría facilitado el ingreso irregular de millones de litros de combustible desde Estados Unidos mediante más de 30 embarcaciones, evadiendo controles fiscales y aduaneros.
El esquema habría generado pérdidas millonarias al erario, consolidándose como una de las tramas de huachicol más sofisticadas en el ámbito marítimo.
Un caso que pone a prueba al sistema judicial
La caída de la suspensión representa un avance para la Fiscalía en su cruzada contra el robo y tráfico de hidrocarburos. También reaviva el debate sobre el uso del amparo judicial como escudo de impunidad entre figuras con influencia dentro del aparato estatal.A medida que se acerca la audiencia en el Penal del Altiplano, el caso Farías Laguna promete revelar nuevas conexiones entre altos mandos, empresarios energéticos y operadores aduanales implicados en el negocio del huachicol fiscal.
