La reparación del daño se convirtió en el eje central de la respuesta del gobierno federal tras el accidente del Tren Interoceánico ocurrido el pasado 28 de diciembre. A casi un mes del descarrilamiento que dejó 14 personas fallecidas y 98 heridas, las autoridades anunciaron el inicio formal del proceso para atender a las víctimas y a sus familias.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que, luego de las investigaciones realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR), se determinó que la locomotora circulaba a 65 kilómetros por hora en una zona donde el límite era de 50, un exceso de velocidad que resultó determinante en el siniestro.
Qué determinó la investigación oficial
De acuerdo con la FGR, el tren transitaba por un tramo con curvas pronunciadas cuando ocurrió el descarrilamiento. El peritaje técnico estableció que la velocidad superaba en 15 kilómetros por hora lo permitido, lo que compromete directamente la seguridad operativa del convoy.
Este hallazgo abrió la puerta al procedimiento de reparación del daño, una figura legal que busca restituir, en la medida de lo posible, las afectaciones físicas, económicas y emocionales sufridas por las víctimas.
Un proceso interinstitucional sin traslados ni burocracia
Sheinbaum explicó que, a partir del lunes, un grupo interinstitucional encabezado por la Secretaría de Gobernación, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y la propia FGR acudirá directamente a las comunidades donde residen las personas afectadas.
El objetivo es claro: evitar traslados innecesarios, reducir trámites y ofrecer una atención cercana y humana. En total, el proceso abarcará a 225 personas, es decir, la totalidad de pasajeros que viajaban en el tren al momento del accidente.
Cómo funcionará la reparación integral del daño
Cada víctima contará con el acompañamiento de un asesor jurídico de la CEAV y personal especializado de la FGR. En estas mesas de trabajo se explicará el alcance de la reparación del daño, que incluye:
- Indemnización por parte de la aseguradora
- Apoyos adicionales definidos por la FGR
- Atención médica y psicológica
- Reparación por daños materiales
Los montos no serán uniformes. Según explicó el subsecretario de Derechos Humanos, Arturo Medina, la compensación será diferenciada y tomará en cuenta la gravedad de las lesiones, la pérdida de vidas, los daños patrimoniales y otras circunstancias particulares.
La decisión final será de las familias
Un punto clave del proceso es que ninguna víctima estará obligada a aceptar la propuesta. Las familias podrán decidir libremente si aceptan la salida alternativa planteada por la FGR y la aseguradora o si optan por otros mecanismos legales.
Este enfoque busca respetar los derechos de las personas afectadas y garantizar que la reparación del daño no sea un trámite impuesto, sino una solución consensuada.
Atención prioritaria a la salud de las víctimas
Las autoridades confirmaron que una persona permanece hospitalizada en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. El gobierno federal reiteró que todo el apoyo médico necesario continuará sin restricciones, independientemente del avance del proceso legal.
La atención, subrayó Sheinbaum, no se limita a lo económico, sino que contempla el acompañamiento integral en uno de los momentos más complejos para las víctimas y sus familias.
Un mensaje político y social
Más allá del caso concreto, el inicio del proceso de reparación del daño envía un mensaje sobre la responsabilidad del Estado frente a tragedias asociadas a infraestructura pública. El Tren Interoceánico es uno de los proyectos estratégicos del país, y el manejo de este accidente se observa con atención tanto a nivel nacional como internacional.
La instrucción presidencial fue clara: un procedimiento que normalmente podría extenderse más de seis meses deberá resolverse en cuestión de días o semanas.
Reparación del daño como eje de justicia
El caso del Tren Interoceánico marca un precedente sobre cómo el Estado mexicano responde ante un accidente de gran magnitud. Con un enfoque centrado en las personas, sin burocracia y con acompañamiento legal y humano, la reparación del daño se convierte en una pieza clave para reconstruir confianza y ofrecer justicia a quienes perdieron familiares, salud o patrimonio.
El proceso apenas comienza, pero su desarrollo será determinante para evaluar la capacidad institucional de responder con rapidez, sensibilidad y responsabilidad.
