Un escándalo político de dimensiones binacionales ha estallado en Baja California. Tras la revocación de la visa estadounidense a la gobernadora Marina del Pilar Ávila, el Partido Acción Nacional (PAN) ha lanzado una acusación explosiva: «Baja California es señalado como narco-gobierno».
Cuerpo de la Nota:
La relación entre Baja California y Estados Unidos atraviesa por su momento más tenso y polémico. La decisión del gobierno estadounidense de revocar la visa de entrada a la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, y a su esposo, Carlos Torres Torres, ha desatado una tormenta política con graves acusaciones y un mar de especulaciones.
La reacción más contundente provino de la oposición. Lizbeth Mata, presidenta del PAN en Baja California, no se guardó nada y calificó la situación como una muestra de la pérdida total de confianza en el gobierno estatal, utilizando una de las acusaciones más graves en el léxico político mexicano.
> «Si ella y su esposo son tan inocentes, ¿por qué no los defiende el canciller? (…) Hoy, Baja California es señalado como narco-gobierno», declaró Lizbeth Mata, exigiendo una explicación y una defensa por parte del gobierno federal que no ha llegado.
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El Silencio de EE.UU. y la Defensa de la Gobernadora
Mientras la oposición enciende la pradera política, el gobierno de Estados Unidos se ha apegado a su protocolo. La embajada en México aseguró que los registros de visados son confidenciales y que, por ley, no pueden discutir los detalles de casos individuales. Este silencio oficial es precisamente lo que alimenta el torbellino de especulaciones, que van desde temas administrativos hasta presuntas investigaciones por vínculos con actividades ilícitas.
Por su parte, la gobernadora Marina del Pilar ha intentado minimizar el hecho, calificándolo como un «tema administrativo» y asegurando que no existen investigaciones o acusaciones formales en su contra. En una declaración, afirmó que tener una visa «no es requisito para gobernar».
Sin embargo, los hechos son inéditos. Nunca antes a un gobernador mexicano en funciones se le había retirado el permiso de entrada a Estados Unidos, una medida que, por su naturaleza, se percibe como un fuerte mensaje político y diplomático.
Un Escándalo con Profundas Implicaciones
La revocación de la visa no es un asunto menor para un estado fronterizo como Baja California, cuya economía, seguridad y dinámica social están intrínsecamente ligadas a su vecino del norte. La medida dificulta la cooperación y el diálogo directo entre la gobernadora y sus contrapartes en California.
Fuentes periodísticas y de inteligencia sugieren que esta acción podría ser parte de una estrategia más amplia de Washington para crear listas de políticos mexicanos sujetos a restricciones por presuntos vínculos con el narcotráfico, una medida de presión que podría afectar a más funcionarios en el futuro.
El escándalo está en pleno desarrollo. La falta de una explicación oficial por parte de Estados Unidos deja un vacío que la oposición ha llenado con la más grave de las acusaciones, poniendo al gobierno de Baja California y a la administración federal en una posición extremadamente delicada.
