El ex director de Seguridad Regional de la Policía Federal, Luis Cárdenas Palomino, fue sentenciado a cinco años tres meses de prisión por torturar a Mario Vallarta Cisneros y otras tres personas vinculadas presuntamente con la banda de secuestradores Los Zodiaco.
El fallo, emitido por el juez Jesús Alberto Chávez Hernández, establece que el ex mando policiaco actuó con el objetivo de obtener confesiones mediante sufrimiento físico y psicológico, y le prohíbe ocupar cargos públicos durante la vigencia de su condena.
Agentes involucrados y penas adicionales
Junto con Cárdenas Palomino, fueron sentenciados tres ex agentes de la Policía Federal: Horacio Parra Rubio, Marisela García Toledo y Fernando Valdez Aparicio, quienes recibirán cuatro años de prisión.
El caso evidencia la participación de múltiples policías en tortura sistemática, autorizada por un superior jerárquico, un patrón que refleja la gravedad de los abusos dentro de la institución.
Antecedentes y contexto del caso
Luis Cárdenas Palomino fue detenido en julio de 2021, tras órdenes de aprehensión derivadas de investigaciones iniciadas en 2012. Se le vincula estrechamente con el ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna y enfrenta otros procesos judiciales, como el caso “Rápido y Furioso”, relacionado con la introducción ilegal de armas de fuego al país.
El delito de tortura ocurrió el 27 de abril de 2012, en un inmueble de la colonia Carlos Hank González, en Iztapalapa, donde se buscaba obtener confesiones bajo amenazas, golpes y descargas eléctricas.
Repercusiones legales y próximas acciones
El abogado de Cárdenas, Luis Yaser, anunció que apelarán la sentencia, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) continúa con investigaciones adicionales. La condena refleja un avance en la justicia por violaciones a los derechos humanos en México, aunque el caso aún enfrenta más desarrollos judiciales.
Tortura y derechos humanos: un llamado a la vigilancia
El caso de Cárdenas Palomino resalta la importancia de combatir la impunidad dentro de las fuerzas de seguridad. La autorización de tortura por parte de mandos superiores evidencia la necesidad de supervisión estricta y políticas efectivas de protección a los derechos humanos.
La resolución judicial no solo sienta un precedente legal, sino que también subraya la relevancia de procesos transparentes y justos para evitar violaciones a los derechos fundamentales en el país.
