La mañana de este domingo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó el ingreso al penal de Tlalnepantla de Alejandro “N”, conocido como ‘Lord Pádel’, junto con su esposa Karla Alejandra “N”, Othón “N” y Germán “N”, todos investigados por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa.
Los hechos que derivaron en su captura ocurrieron el pasado 19 de julio, cuando Israel Morales Hernández, un instructor de pádel, fue brutalmente golpeado en el club deportivo Alfa Pádel, en Atizapán de Zaragoza. El ataque quedó registrado en video, lo que generó una ola de indignación nacional en redes sociales.
La detención en Cancún y el operativo conjunto
Tres días después del ataque, los presuntos agresores fueron detenidos en el aeropuerto internacional de Cancún, Quintana Roo, gracias a un operativo en el que participaron la Secretaría de Marina, la Policía Municipal de Atizapán, así como la Fiscalía mexiquense, Interpol México, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Conase y la FGR.
Tras su captura, fueron trasladados bajo un fuerte dispositivo de seguridad al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, donde quedaron a disposición de un juez que determinará su situación jurídica en las próximas horas.
El video que desató indignación en México
El caso tomó relevancia nacional luego de que el video de la agresión se volviera viral en redes sociales. En las imágenes, se observa a Alejandro “N”, acompañado de sus escoltas y de Karla Alejandra “N”, golpear repetidamente al instructor dentro de las instalaciones del club de pádel.
Posteriormente, la víctima interpuso una denuncia ante la FGJEM por el delito de tentativa de homicidio, ya que las lesiones pusieron en riesgo su vida.
Lo que sigue en el proceso legal
De acuerdo con la FGJEM, el caso se encuentra ahora en manos de un juez, quien definirá si los imputados permanecerán en prisión preventiva mientras avanza el proceso. La dependencia también recordó que los detenidos deben ser considerados inocentes hasta que se dicte una sentencia condenatoria.
Este caso ha reabierto el debate sobre el uso de escoltas privados y la violencia en clubes deportivos, además de evidenciar cómo la presión social y mediática puede acelerar la acción de las autoridades.
