Vehículos “monstruo”: blindaje artesanal para la delincuencia organizada
La Fiscalía General de la República (FGR) llevó a cabo un operativo para destruir 23 vehículos con blindaje artesanal asegurados previamente en distintos puntos de Tamaulipas. Estas unidades, conocidas popularmente como “monstruos”, son automotores modificados de forma rudimentaria para soportar impactos de alto calibre y participar en enfrentamientos armados.
Los vehículos habían sido decomisados en el marco de investigaciones contra organizaciones criminales que operan en esta entidad del noreste de México. De acuerdo con la información oficial, los vehículos destruidos estaban directamente relacionados con expedientes abiertos por delitos federales, y su eliminación forma parte del programa federal “Destino de Bienes y Objetos del Delito”.
¿Qué son los vehículos monstruo?
Los llamados vehículos monstruo son automóviles, camionetas o camiones adaptados con placas de acero, estructuras soldadas y recubrimientos improvisados, todo con el objetivo de resistir embates armados. Estas unidades suelen ser utilizadas por células del crimen organizado como medio de transporte y ofensiva, especialmente en regiones donde la presencia de grupos armados es constante.
Entre las características más comunes se encuentran:
- Blindaje artesanal para resistir disparos de armas largas.
- Protecciones en vidrios y neumáticos.
- Espacios para francotiradores o tiradores dentro de la estructura.
- Ausencia de placas de circulación o registro legal.
Estas modificaciones permiten a los grupos criminales evadir a las fuerzas de seguridad, enfrentarse a sus rivales o ejecutar acciones ilícitas con un mayor margen de protección.
Parte del programa federal contra el crimen
La destrucción de los 23 vehículos se realizó conforme al procedimiento legal establecido por el programa “Destino de Bienes y Objetos del Delito”, el cual permite a la autoridad disponer de bienes decomisados que están directamente relacionados con actividades delictivas.
Durante el operativo, participaron distintas dependencias gubernamentales, entre ellas:
- Agentes del Ministerio Público Federal, encargados de la identificación y validación de los vehículos.
- Peritos oficiales, responsables de asegurar que el proceso técnico cumpliera con las normas.
- Personal del Órgano Interno de Control (OIC) de la FGR, quien supervisó el cumplimiento de la legalidad.
Este tipo de acciones busca no solo reducir el armamento logístico de los grupos criminales, sino también mandar un mensaje de autoridad y desarticulación frente a las estructuras ilícitas que operan en el país.
Operativos coordinados en zonas de riesgo
Los vehículos destruidos fueron asegurados durante acciones conjuntas entre fuerzas federales y estatales, particularmente en zonas marcadas por conflictos violentos entre organizaciones delictivas. En estas acciones, la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) fue clave, en colaboración con:
- Guardia Estatal de Tamaulipas.
- Gabinete de Seguridad del Gobierno de México.
La coordinación entre estas instituciones permitió realizar aseguramientos estratégicos que derivaron en el decomiso de los vehículos, su documentación legal y finalmente su destrucción.
Tamaulipas y la lucha contra el crimen organizado
Tamaulipas ha sido, durante años, una de las entidades más afectadas por la presencia de grupos armados y bandas delictivas. El uso de vehículos modificados como los “monstruos” refleja el nivel de violencia y poder de fuego con el que operan estas células.
La destrucción de este tipo de armamento representa un paso importante en la estrategia nacional de combate al crimen organizado, aunque también evidencia los recursos que aún están al alcance de estos grupos para adaptarse y continuar operando.
Una señal firme del Estado
El operativo encabezado por la FGR en Tamaulipas no solo implica la eliminación de vehículos peligrosos, sino también el fortalecimiento del Estado frente a las amenazas del crimen organizado. La coordinación entre las distintas fuerzas de seguridad, el cumplimiento de los protocolos legales y la visibilidad del acto de destrucción envían un mensaje contundente: los bienes utilizados para delinquir no tendrán cabida en la legalidad.
Mientras continúe la violencia en ciertas regiones del país, es clave que este tipo de medidas se mantengan y se refuercen, atacando no solo a los responsables directos de los delitos, sino también a su infraestructura y capacidad de operación.
