FGJ recibió una denuncia relacionada con posibles irregularidades en la expedición de un certificado de uso de suelo para un restaurante bar ubicado en Monte Everest 705, en la colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo. La Secretaría de Planeación, Ordenamiento Territorial y Coordinación Metropolitana informó que presentó el caso ante la Fiscalía General de Justicia y también ante su Órgano Interno de Control para determinar las responsabilidades correspondientes.
El asunto comenzó a tomar fuerza después de una protesta realizada por vecinos de la zona y por integrantes de la Red en Alerta para la Democracia, el Ambiente y la Representación por el Derecho a la Ciudad. Los inconformes señalaron posibles anomalías en el documento que permitía el funcionamiento del establecimiento y solicitaron que las autoridades revisaran cómo fue expedido.
FGJ recibe denuncia por posibles irregularidades
De acuerdo con la Secretaría, la denuncia ante la FGJ busca que se investiguen posibles delitos cometidos durante el proceso de emisión del certificado y que se determine quién podría resultar responsable. Paralelamente, el Órgano Interno de Control recibió otra denuncia por posibles faltas administrativas relacionadas con el trámite.
La dependencia explicó que mientras avanzan las investigaciones también adoptó medidas para reforzar sus controles internos. Entre ellas se encuentran ajustes en la estructura organizacional del personal encargado de emitir este tipo de certificados, con el objetivo de fortalecer la revisión de los procedimientos.
El certificado cuestionado fue expedido el año pasado con base en un documento de 1982 que había sido avalado por la alcaldía Miguel Hidalgo. Sin embargo, según lo señalado por el abogado Gustavo García Arias, no se habría corroborado el cumplimiento de algunos requisitos establecidos por la legislación, entre ellos la continuidad del giro mercantil durante al menos cinco años.
Autoridades buscan revisar el certificado de uso de suelo
Además de acudir ante la Fiscalía, la Secretaría informó que está reuniendo evidencias para promover ante el Tribunal de Justicia Administrativa un juicio de lesividad. El objetivo de este procedimiento sería dejar sin efectos la certificación cuestionada.
La medida abre otro frente en el caso, pues mientras la investigación busca determinar posibles responsabilidades, el procedimiento administrativo pretende revisar la validez del certificado que permitió el funcionamiento del establecimiento. La dependencia señaló que ambas acciones forman parte de la respuesta a las irregularidades denunciadas.
Para los vecinos, el caso representa una preocupación sobre la forma en que se autorizan determinados usos de suelo en zonas habitacionales de la capital. La revisión permitirá establecer si el documento cumplió con los requisitos necesarios o si existieron fallas durante su expedición.
La intervención de la FGJ ocurre así en medio de una discusión más amplia sobre el ordenamiento urbano y la vigilancia de los permisos que permiten determinadas actividades comerciales en la Ciudad de México.
Xoco también prepara una impugnación
Mientras este caso avanza en Lomas de Chapultepec, habitantes del pueblo de Xoco anunciaron que impugnarán otra decisión relacionada con desarrollos inmobiliarios. La comunidad informó que recurrirá la resolución del juzgado cuarto de distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, que negó una suspensión definitiva para dos proyectos de Be Grand.
Los desarrollos se encuentran en José María Rico 709, en Del Valle Centro, y San Felipe 33, en el pueblo de Santa Cruz Atoyac. La suspensión buscaba impedir que las obras continuaran mientras se desarrolla el juicio de amparo relacionado con la falta de consulta a la comunidad.
Durante la audiencia, el juez Ulises Oswaldo Rivera González determinó retirar las medidas que mantenían detenidas las obras y negó la protección solicitada. Entre sus argumentos señaló que no podía presumirse una afectación directa a la comunidad y que detener los proyectos podría afectar el interés social y público al tratarse de construcciones destinadas a vivienda.
Los habitantes de Xoco, sin embargo, sostienen una postura diferente y señalaron que los proyectos no corresponden a vivienda social, sino que tienen un carácter inmobiliario especulativo. Por ello, anunciaron que continuarán con las acciones legales para defender su posición.
En ambos casos, las autoridades y las comunidades mantienen abiertos distintos procedimientos para revisar decisiones relacionadas con el desarrollo urbano. En Lomas de Chapultepec, la FGJ deberá investigar la denuncia presentada y determinar si existieron posibles responsabilidades, mientras el procedimiento administrativo buscará establecer el futuro del certificado de uso de suelo.
