Resolución judicial a favor de Jaime Rodríguez Calderón
Un juez de control de Nuevo León decidió dejar sin materia el auto de vinculación en contra de Jaime Rodríguez Calderón, conocido como “Bronco”, por el delito de abuso de autoridad relacionado con la requisa del sistema de transporte Ecovía. El mandatario estatal estuvo presente de manera virtual en la audiencia, donde el juez Eduardo Hoyuela decretó la no vinculación y eliminó la medida cautelar de firma periódica previamente impuesta.
Antecedentes del caso Ecovía
El 10 de octubre, el Noveno Tribunal Colegiado declaró la inconstitucionalidad del artículo 209, señalando que vulnera los principios de taxatividad y legalidad, al no definir con claridad las conductas ilícitas ni las sanciones correspondientes. Con esta resolución, se ordenó que se dictara nuevamente la situación legal del exgobernador, garantizando su derecho a un proceso justo y transparente.
Reacciones de “Bronco” tras la exoneración
En sus redes sociales, Jaime Rodríguez Calderón celebró la resolución y agradeció el apoyo recibido. Señaló: “Fui exonerado del delito de abuso de autoridad, por el cual nunca debí haber sido vinculado. Agradezco a Dios, a mi equipo de abogados y a quienes soportaron junto a mí esta persecución. Su apoyo, paciencia y fe fueron fundamentales para mantenerme firme en la verdad”.
Implicaciones legales y políticas
Con esta decisión, el exgobernador ya no enfrenta procesos penales, lo que refuerza la discusión sobre los límites legales de la acción de los funcionarios públicos y la necesidad de leyes claras para prevenir interpretaciones arbitrarias. La exoneración también impacta en el panorama político de Nuevo León, donde “Bronco” mantiene presencia mediática y respaldo de su base de seguidores.
La importancia de la claridad legal
El caso subraya la relevancia de redactar leyes precisas que definan conductas ilícitas y sanciones, evitando abusos de autoridad o interpretaciones judiciales que puedan afectar la reputación de funcionarios electos. La anulación del artículo 209 es un ejemplo de cómo el sistema jurídico corrige disposiciones que vulneran derechos constitucionales.
