En una medida sin precedentes que sacude al poder judicial, el Departamento de Justicia (DOJ) anunció hoy cargos penales federales contra dos jueces en Nuevo México y Wisconsin, acusándolos de obstruir operaciones de las fuerzas del orden y ayudar a inmigrantes a eludir la detención.
Washington D.C. – El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha dado un paso extraordinario al presentar cargos penales federales contra dos jueces en funciones, acusándolos de una grave interferencia en las operaciones de inmigración. Los casos, anunciados simultáneamente, señalan una escalada significativa en el conflicto entre la política de inmigración del gobierno federal y la respuesta de algunos sistemas judiciales locales.
«Las acusaciones contra la Jueza Dugan y la Jueza Cano son serias: nadie, y menos un juez, debería obstruir las operaciones de las fuerzas del orden», declaró la Fiscal General Pamela Bondi en un comunicado. «Hacerlo pone en peligro la seguridad de nuestros oficiales y socava el estado de derecho».
Esta acción del DOJ envía un mensaje contundente de que perseguirá penalmente incluso a miembros del poder judicial que perciba como un obstáculo para sus políticas de inmigración.
El Caso de Nuevo México: Vínculos con el Tren de Aragua
En el Distrito de Nuevo México, la ex jueza del condado de Dona Ana, Nancy Ann Cano, y su esposo, José Luis Cano, fueron arrestados por cargos de manipulación de pruebas. Las acusaciones están relacionadas con una investigación federal contra Cristhian Ortega-López, un ciudadano venezolano que reside ilegalmente en Estados Unidos y que presuntamente tiene vínculos con la organización criminal transnacional Tren de Aragua.
La investigación federal descubrió que Ortega-López había publicado en redes sociales fotos y videos de él y otros inmigrantes ilegales manejando armas de fuego en un campo de tiro en Las Cruces. Fue arrestado por posesión ilegal de armas y municiones. Los Cano están acusados de manipular pruebas en este caso y enfrentan una pena máxima de 20 años de prisión si son declarados culpables.
El Caso de Wisconsin: Ayuda para Evadir a ICE
En el Distrito Este de Wisconsin, la jueza del Tribunal de Circuito del Condado de Milwaukee, Hannah C. Dugan, enfrenta cargos de obstrucción y ocultamiento. Se le acusa de interferir en una operación de ICE y de ayudar ilegalmente a un individuo a evitar el arresto.
Según la denuncia penal, cuando los agentes de ICE llegaron al juzgado para detener a un individuo llamado Flores-Ruiz con una orden de arresto administrativa por violaciones de inmigración, la jueza Dugan supuestamente los confrontó. Les exigió una orden judicial y los envió a la oficina del Juez Principal. Una vez que los agentes se retiraron, la jueza Dugan presuntamente canceló la audiencia del caso penal de Flores-Ruiz y lo escoltó personalmente a través de una salida restringida para «jurados», permitiéndole evadir a los agentes federales.
«Nadie, y menos un juez, debería obstruir las operaciones de las fuerzas del orden. Hacerlo pone en peligro la seguridad de nuestros oficiales y socava el estado de derecho.» – Fiscal General Pamela Bondi.
Un Campo de Batalla Legal: Órdenes Administrativas vs. Judiciales
Ambos casos, pero especialmente el de la jueza Dugan, ponen de relieve un punto de fricción legal crucial: la diferencia entre una orden de arresto administrativa y una judicial. Las agencias federales como ICE operan en gran medida con órdenes administrativas, que son emitidas internamente por la propia agencia. Sin embargo, muchas jurisdicciones estatales y locales, especialmente dentro de los juzgados, han establecido políticas que requieren una orden judicial, firmada por un juez, para efectuar un arresto en sus instalaciones, con el fin de proteger el debido proceso.
Este choque de autoridad ha convertido a los juzgados en un nuevo frente en la batalla por la inmigración. Al procesar a la jueza Dugan por exigir una orden judicial, el DOJ está intentando afirmar la supremacía de las órdenes administrativas federales sobre las políticas de los tribunales locales. Este es el mismo punto de conflicto que surgió en el reciente y caótico arresto del Contralor de la Ciudad de Nueva York, Brad Lander, quien también exigió una orden judicial antes de ser detenido por agentes de ICE.
Estas acciones sugieren una estrategia deliberada por parte del gobierno federal para desmantelar la resistencia institucional a sus políticas de inmigración, demostrando que nadie, ni siquiera un juez, está exento de ser procesado penalmente.
