La mañana del miércoles 24 de julio, Ulises Pinto Madera —alias “El Pinto”— fue detenido en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Identificado como segundo al mando del grupo criminal La Barredora, escisión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue inmediatamente trasladado a la Ciudad de México y puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).
Horas después, un secretario en funciones de juez del Juzgado Décimo Primero de Distrito en Materia Penal en CDMX otorgó una suspensión de plano que impide a las autoridades someterlo a tortura, incomunicación o malos tratos. La resolución no implica su liberación, pero sí exige condiciones mínimas de respeto a sus derechos humanos.
FGR y autoridades, obligadas a rendir cuentas
El mismo juzgado solicitó informes justificados a la FGR y otras instancias para conocer qué medidas han aplicado contra Pinto Madera desde su aprehensión. Esto forma parte del procedimiento estándar cuando se alega riesgo de violaciones a los derechos humanos.
La defensa legal de “El Pinto” argumentó en su solicitud de amparo que existía peligro real de “detención con incomunicación, malos tratos y tortura”, lo cual motivó la respuesta inmediata del juez.
¿Quién es Ulises Pinto Madera?
Según informes federales, Pinto Madera fue parte de cuerpos de seguridad antes de incorporarse a actividades criminales. Fue jefe de escoltas de Hernán Bermúdez Requena, alias “El H” o “El Abuelo”, entonces secretario de Seguridad Pública de Tabasco y presunto líder de La Barredora.
Juntos habrían creado un grupo conocido como La Hermandad o Cártel Policiaco, involucrado en tráfico de migrantes, trata de personas, venta de drogas y extorsión en bares y antros de Tabasco. Su ruptura con el Cártel del Golfo los llevó a alinearse con el CJNG, dando origen a la actual estructura de La Barredora.
De agente a capo: la red de poder y fortuna
Las investigaciones detallan cómo Ulises Pinto acumuló una fortuna millonaria operando en Jalisco y Tabasco. Poseía propiedades en zonas exclusivas de Zapopan y Guadalajara, y era propietario de múltiples vehículos de lujo.
A través del control territorial, su grupo se expandió al tráfico de armas, robo de hidrocarburos y extorsión sistemática a negocios. Su cercanía con altos mandos de seguridad pública facilitó la impunidad con la que operaban.
La orden de aprehensión y el futuro legal
La detención de “El Pinto” fue resultado de una orden de aprehensión emitida por un juez de Tabasco, que lo acusa del delito de asociación delictuosa. Aunque el amparo vigente impide tratos inhumanos, el proceso judicial continúa en firme y la FGR podría presentar nuevas imputaciones.
De confirmarse sus vínculos directos con redes de trata y narcotráfico, su caso podría convertirse en emblemático de la infiltración del crimen organizado en las fuerzas de seguridad del país.
Entre la protección legal y la justicia
El caso de Ulises Pinto Madera pone en evidencia la complejidad del combate al crimen organizado en México. Mientras los derechos humanos deben garantizarse incluso para los acusados de delitos graves, el Estado debe asegurar que estos procedimientos no se conviertan en herramientas de impunidad.
La próxima etapa será clave para conocer si el poder judicial actúa con firmeza frente a un personaje que, según la evidencia, fue pieza clave en una de las redes criminales más violentas del país.
