Diego Rivera Tequila se ha convertido en el epicentro de una de las investigaciones más delicadas que involucran a un alcalde en funciones y presuntos vínculos directos con el crimen organizado en México. Lo que comenzó como una detención discreta por fuerzas federales, terminó por destapar un expediente que conecta política local, extorsión sistemática y secuestros con fines electorales.
La Fiscalía General de la República imputó al alcalde morenista de Tequila, Jalisco, por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y secuestro agravado, delitos por los que un juez federal decretó prisión preventiva justificada en el penal del Altiplano, uno de los centros de máxima seguridad del país.
Prisión preventiva y acusaciones de alto impacto
Durante la audiencia celebrada en Almoloya de Juárez, Estado de México, la FGR sostuvo que Diego Rivera utilizó su posición como alcalde para operar una red de extorsión contra empresarios y productores de tequila, una de las industrias más importantes de la región.
De acuerdo con el expediente judicial, el dinero obtenido de manera ilegal era presuntamente canalizado a través de esquemas financieros que configuran operaciones con recursos de procedencia ilícita. Este punto resulta clave, ya que no solo implica corrupción administrativa, sino la presunta integración del municipio a una estructura criminal de mayor alcance.
El juez concedió la duplicidad del término constitucional solicitada por la defensa, por lo que será en los próximos días cuando se determine si Rivera es vinculado a proceso penal.
El secuestro como herramienta política
Uno de los elementos más graves del caso Diego Rivera Tequila es la acusación de secuestro con fines políticos. La FGR señala que el edil habría ordenado la privación ilegal de la libertad de dos precandidatos de Morena en marzo de 2021, con el objetivo de obligarlos a renunciar a la contienda electoral.
Las víctimas, Guillermo Cordero García y Julio Alejandro García Gutiérrez, fueron levantadas en un restaurante del municipio y forzadas a firmar su renuncia a la candidatura. Según la acusación, un notario público de Jalisco, presuntamente vinculado al CJNG, dio fe del acto, lo que agrava aún más el caso al evidenciar una colusión entre crimen organizado, autoridades locales y procesos electorales.
Funcionarios municipales también implicados
La red señalada por la Fiscalía no se limita al alcalde. Junto a Diego Rivera fueron imputados Juan Manuel Pérez Sosa, director de Seguridad Pública de Tequila, y Juan Gabriel Toribio Villarreal, director de Catastro municipal.
Ambos enfrentan cargos por delincuencia organizada, mientras que Pérez Sosa comparte con Rivera la imputación por secuestro agravado, relacionado con comerciantes que habrían sido privados de la libertad tras negarse a pagar extorsiones para continuar con sus actividades comerciales.
Este patrón, según la FGR, revela un uso sistemático del aparato municipal para beneficiar a una organización criminal, presuntamente el Cártel Jalisco Nueva Generación.
CJNG, control territorial y economía local
La investigación sostiene que el grupo criminal buscaba consolidar su control en Tequila no solo a través de la violencia, sino mediante el dominio de actividades económicas clave, como la producción y comercialización del tequila.
El caso Diego Rivera Tequila pone sobre la mesa una realidad incómoda: la infiltración del crimen organizado en gobiernos locales estratégicos, donde el control político facilita la extorsión, el lavado de dinero y la coacción electoral.
Un caso que trasciende lo judicial
Más allá de la responsabilidad penal que se determine, el expediente tiene implicaciones políticas profundas. Morena enfrenta cuestionamientos por los mecanismos de selección de candidaturas y los controles internos para evitar perfiles vinculados con estructuras criminales.
La prisión preventiva en el Altiplano envía una señal clara desde el Estado mexicano: el caso no será tratado como un delito menor ni como una falta administrativa.
Lo que sigue para Diego Rivera
En los próximos días, el juez definirá si Diego Rivera Tequila y los funcionarios implicados son vinculados a proceso. De ser así, el caso podría convertirse en uno de los juicios más emblemáticos sobre crimen organizado y poder municipal en los últimos años.
Al cierre de esta etapa, Diego Rivera Tequila permanece en prisión preventiva, mientras la investigación sigue abierta y con posibles nuevas imputaciones.
