La detención en Acapulco de Eric Antonio “N” representa un momento decisivo en la investigación por el doble feminicidio ocurrido el pasado 12 de enero en el municipio de Cuautitlán, Estado de México. El caso, que generó indignación social y atención nacional, puso en evidencia no solo la violencia feminicida, sino también los retos de la persecución penal cuando los presuntos responsables intentan evadir la justicia trasladándose entre estados.
Durante días, el nombre de Eric Antonio “N” fue seguido de silencio y búsqueda. Las víctimas, su ex pareja y la madre de ella, se convirtieron en símbolo de una violencia que muchas familias enfrentan en México. La captura en Guerrero confirma que el seguimiento institucional no se detuvo.
Cómo se logró la captura del presunto feminicida
La operación que culminó con la detención en Acapulco fue resultado de trabajos de inteligencia y labores de campo coordinadas entre distintas instancias federales y estatales. Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional trabajaron de manera conjunta con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Fiscalía General del Estado de Guerrero.
Gracias al intercambio de información, las autoridades identificaron un domicilio en Acapulco donde el presunto responsable se mantenía oculto con ayuda de un tercero. El despliegue fue ejecutado de forma precisa para evitar riesgos a la población y asegurar el cumplimiento de la orden de aprehensión vigente.
Un segundo detenido y una red de encubrimiento
Durante el operativo también fue detenido Alejandro “N”, señalado por haber auxiliado a Eric Antonio “N” a ocultarse tras los hechos. Este segundo individuo contaba con una orden de aprehensión previa por el delito de abuso sexual en agravio de una menor, correspondiente a hechos registrados en 2022 en Cuautitlán.
Este elemento añade una dimensión adicional al caso, ya que expone cómo redes de apoyo informal pueden facilitar la evasión de la justicia, incluso cuando existen antecedentes penales. La investigación ahora se amplía para determinar el grado de responsabilidad de cada implicado.
Traslado al Estado de México y proceso legal
Luego de la detención en Acapulco, ambos hombres fueron informados de sus derechos conforme a la ley y trasladados al Estado de México. Ahí quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien será el encargado de definir su situación jurídica en las próximas horas.
Este paso es clave, ya que permite que el proceso continúe en la entidad donde se cometieron los hechos, garantizando el debido proceso y la integración adecuada de las carpetas de investigación.
La importancia de la coordinación interinstitucional
Casos como este evidencian la relevancia de la cooperación entre fiscalías y fuerzas de seguridad de distintos niveles. La detención en Acapulco no habría sido posible sin un trabajo articulado que incluyó inteligencia, vigilancia territorial y acción operativa coordinada.
Para las autoridades, este tipo de acciones envían un mensaje claro: huir de un estado a otro no garantiza impunidad. Para la sociedad, refuerza la exigencia de justicia en delitos de alto impacto como el feminicidio.
Contexto social y exigencia de justicia
El doble feminicidio de Cuautitlán se suma a una larga lista de casos que mantienen abierto el debate sobre la violencia contra las mujeres en México. Cada detención no solo tiene un impacto legal, sino también simbólico, al demostrar que los crímenes no quedan en el olvido.
Familiares de las víctimas y colectivos han insistido en que la justicia no termina con la captura, sino con sentencias firmes y procesos transparentes. En ese sentido, la detención en Acapulco es apenas un paso dentro de un camino más amplio.
Detención en Acapulco y el mensaje contra la impunidad
La detención en Acapulco de Eric Antonio “N” cierra una etapa de búsqueda y abre la fase judicial de uno de los casos más sensibles de las últimas semanas. Más allá del operativo, el hecho subraya la importancia de no normalizar la violencia y de fortalecer las instituciones encargadas de combatirla.
Mientras el proceso legal avanza, el caso permanece como recordatorio de la urgencia de justicia para las víctimas y de la responsabilidad del Estado para garantizar que ningún crimen quede sin respuesta.
