La violencia en Sinaloa ha alcanzado un punto crítico con la desaparición forzada como el delito de mayor crecimiento en el último año. De acuerdo con la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), se contabilizaron 2 mil 189 denuncias, cifra que rebasa la capacidad de los ministerios públicos.
El presidente de la CEDH, Óscar Loza Ochoa, explicó que cada agente debe atender hasta 180 expedientes, situación insostenible para una institución sin recursos suficientes. Ante ello, urgió a que el presupuesto estatal destine más apoyo a la Fiscalía General con el fin de fortalecer la investigación de delitos que han crecido de forma alarmante, como homicidios, robos y desapariciones.
Una crisis que rebasa a las autoridades
Julio fue el mes más grave del último año, con 233 desapariciones reportadas en solo 30 días. Loza Ochoa reconoció que las autoridades están rebasadas, lo que abre la puerta a una mayor impunidad. Señaló además que la corrupción y la tolerancia social a la violencia han permitido el avance del crimen organizado.
Por su parte, Miguel Calderón Quevedo, coordinador del Consejo Estatal de Seguridad Pública, subrayó que el problema no se limita a las desapariciones. La violencia ha dejado mil 782 homicidios en doce meses, con picos de 182 asesinatos en octubre y 120 en agosto. Aunque algunas cifras recientes muestran ligeras bajas, no representan una mejora real frente a la magnitud de la crisis.
Urgencia de un plan poscrisis
Calderón advirtió que es momento de diseñar un plan poscrisis que permita reconstruir el tejido social y la seguridad en el estado. Añadió que los robos de vehículos y comercios también afectan directamente a la población, aumentando la percepción de inseguridad.
Tanto él como Loza Ochoa coincidieron en que Sinaloa necesita un rediseño profundo en su estrategia de seguridad, con mayor presupuesto, coordinación entre instituciones y participación activa de la sociedad para enfrentar una ola de violencia que sigue dejando huellas profundas.
