Desaparición forzada: condenan a 100 años en Cancún

Desaparición forzada en Cancún recibe condena histórica de 100 años

Desaparición forzada en Cancún recibe condena histórica de 100 años


Desaparición forzada es el delito por el que un juez de juicio oral sentenció a 100 años de prisión a un hombre en Cancún, Quintana Roo, en un caso que ha marcado un precedente judicial por la severidad de la pena y la gravedad de los hechos. La sentencia fue impuesta a José Asterio Triano Castillo, responsable de la desaparición de dos albañiles que trabajaban en una obra de construcción en la zona hotelera del municipio.

Una sentencia ejemplar por un delito de alto impacto

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el juez determinó la pena máxima prevista por la ley para el delito de desaparición forzada cometida por particulares, imponiendo 50 años de prisión por cada una de las víctimas. La resolución se dio tras acreditarse plenamente la responsabilidad penal del acusado, cuyas acciones se cometieron en septiembre de 2022.

Además de la pena privativa de la libertad, el sentenciado deberá pagar una multa superior a 1.7 millones de pesos, así como reparación del daño material por más de 864 mil pesos por cada víctima, de acuerdo con lo establecido en la sentencia.

Control criminal en una obra de la zona hotelera

De acuerdo con las investigaciones, José Asterio Triano Castillo formaba parte de un grupo criminal que operaba dentro de una obra de construcción de un centro de hospedaje ubicado en la zona hotelera de Cancún. Este grupo se dedicaba a la venta y distribución de narcóticos entre los trabajadores del lugar.

Las víctimas, ambos albañiles, eran obligadas de manera sistemática a comprar drogas como condición para poder seguir trabajando. Esta práctica de extorsión y control criminal se mantuvo durante un periodo prolongado, hasta que los trabajadores se negaron a seguir adquiriendo estupefacientes.

La desaparición de los albañiles

El 14 de septiembre de 2022, las víctimas salieron de su domicilio con rumbo a su centro de trabajo y nunca regresaron. Al perderse todo contacto con ellos, familiares y autoridades iniciaron las labores de búsqueda e investigación.

Las indagatorias permitieron establecer que el ahora sentenciado fue una de las últimas personas en tener contacto con los trabajadores desaparecidos. La evidencia presentada ante el juez acreditó que José Asterio Triano Castillo participó directamente en la privación ilegal de la libertad de las víctimas.

Un traslado violento y sin retorno

Según los hechos probados durante el juicio, las víctimas fueron trasladadas por la fuerza, junto con otros sujetos, a una zona de monte cercana a una laguna. Testimonios y elementos de prueba indicaron que desde ese lugar se escucharon gritos de auxilio, sin que posteriormente se volviera a tener noticia de su paradero.

El motivo de la desaparición fue claro para la autoridad judicial: la negativa de los albañiles a seguir comprando droga al grupo criminal. Hasta la fecha, las víctimas continúan desaparecidas, lo que refuerza la gravedad del delito y el impacto humano del caso.

Pruebas contundentes y responsabilidad penal plena

Durante el juicio oral, la Fiscalía presentó pruebas sólidas y suficientes que permitieron demostrar la plena responsabilidad penal del acusado. El juez consideró acreditados todos los elementos del delito de desaparición forzada cometida por particulares, lo que derivó en una sentencia histórica por su severidad.

Las autoridades destacaron que este fallo envía un mensaje contundente contra la impunidad, especialmente en delitos relacionados con grupos criminales que operan en entornos laborales y que vulneran derechos fundamentales como la libertad y la vida.

Un precedente contra la desaparición forzada

La condena de 100 años de prisión representa uno de los castigos más severos impuestos en Quintana Roo por este delito. Para la FGE, la resolución judicial reafirma el compromiso institucional de combatir la desaparición forzada, sancionar a los responsables y proteger a trabajadores vulnerables frente a redes criminales.

El caso también pone en evidencia la necesidad de reforzar la seguridad en obras de construcción, particularmente en zonas de alta actividad turística, donde este tipo de delitos suele permanecer oculto.

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