El proceso para identificar a los 383 cuerpos embalsamados descubiertos en un crematorio clandestino en Ciudad Juárez avanza con extrema lentitud, un reflejo de la crisis forense que enfrenta México y una tortura para las familias de personas desaparecidas que esperan respuestas.
El hallazgo de un crematorio clandestino en Ciudad Juárez, Chihuahua, con 383 cuerpos en su interior, ha expuesto una de las facetas más aterradoras de la violencia del crimen organizado en México: la industrialización de la desaparición y el exterminio. Semanas después del descubrimiento, el proceso de identificación se ha convertido en un calvario para las familias y un reto monumental para las autoridades.
El Hallazgo: Un Centro de Exterminio
El descubrimiento, reportado inicialmente como 384 cuerpos y luego ajustado a 383, tuvo lugar en el «Rancho Izaguirre», un lugar que funcionaba como un centro de operaciones criminales. A diferencia de las fosas clandestinas, este sitio representa una evolución logística del horror: una operación diseñada para la eliminación sistemática y masiva de personas, buscando borrar todo rastro.
El Proceso Forense: Un Reto Monumental
Fuentes oficiales han reconocido que la identificación de las víctimas «avanza lentamente». Este lento avance no es necesariamente un signo de negligencia, sino un síntoma de una realidad abrumadora: la capacidad forense de México está completamente superada por la escala de la violencia.
Un solo hallazgo de esta magnitud es un evento de víctimas en masa que pondría a prueba a los sistemas forenses de cualquier país. En México, donde existe un rezago de decenas de miles de cuerpos sin identificar, la tarea es titánica. Cada cuerpo requiere un análisis genético, dactiloscópico y antropológico, que luego debe ser cruzado con una base de datos de perfiles genéticos de familiares de desaparecidos, un proceso costoso y que consume mucho tiempo.
La Angustia de las Familias
Para los cientos de familias en Chihuahua y estados aledaños que buscan a un ser querido, la noticia del crematorio fue un golpe doble. Por un lado, la terrible posibilidad de que su familiar esté entre los cuerpos hallados. Por otro, la angustia de una espera que puede durar meses o incluso años.
Este caso pone de manifiesto la urgente necesidad de invertir en ciencia forense y en la creación de un banco nacional de datos genéticos robusto y eficiente. Mientras tanto, la justicia y el derecho a la verdad para 383 víctimas y sus familias penden de un hilo, en un laboratorio forense que lucha contra el tiempo y la magnitud de la tragedia.
