El exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, obtuvo una nueva extensión de 90 días para presentar su escrito inicial de apelación ante la sentencia de 38 años de prisión que se le impuso en octubre de 2024 por delitos relacionados con el narcotráfico. La medida fue otorgada por la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito en Nueva York, bajo la supervisión de la jueza Alison Nathan.
El plazo ahora se extiende hasta el 18 de diciembre de 2025, lo que marca la tercera ampliación para la defensa de García Luna, representada por los abogados César de Castro y Valerie Gotlib.
Mejoras en la comunicación legal y derechos del recluso
La corte también instruyó al Buró Federal de Prisiones (BOP) a garantizar que el exfuncionario pueda comunicarse regularmente con sus abogados mediante llamadas legales programadas y visitas presenciales. Esta es la primera vez que un tribunal estadounidense ordena explícitamente mejorar las condiciones de contacto entre García Luna y su defensa.
“Se ordena que se conceda la moción para acceso regular y visitas en persona a la defensa”, señaló la jueza Catherine O’Hagan Wolfe en el comunicado judicial.
Quejas por incomunicación y presuntos malos tratos
Los abogados defensores habían denunciado que durante los últimos ocho meses solo pudieron comunicarse una vez con García Luna, dificultando la preparación de su apelación. Además, denunciaron restricciones severas al acceso de documentos legales, afectando el derecho a una defensa adecuada.
Previas quejas documentaron que el exsecretario fue sometido a malos tratos en una prisión de Virginia, donde se le prohibió usar cubiertos, ducharse, rasurarse y estuvo en confinamiento especial sin infracciones disciplinarias. Según su defensa, perdió aproximadamente 14 kilos durante su estancia.
Actualmente, García Luna se encuentra en la prisión de máxima seguridad de Florence, Colorado, donde los abusos han cesado, aunque la incomunicación persiste en ciertos aspectos.
Contexto y repercusión del caso
García Luna, exfuncionario clave en el gobierno mexicano, fue condenado por colaboración con cárteles de narcotráfico y enriquecimiento ilícito. Su caso ha sido vigilado internacionalmente debido a la gravedad de los delitos y a su influencia en la seguridad nacional de México. La reciente decisión de la corte estadounidense refleja un equilibrio entre la severidad de la condena y la protección de los derechos legales del acusado.
