La justicia mexicana dio un paso firme contra la delincuencia organizada. Jonathan Barrios Belmonte, conocido como El Licenciado, El Gordo o El Patrón, y Fernando Montaño Domínguez, fueron sentenciados a 25 años de prisión por el delito de secuestro calificado en el Estado de México.
El anuncio fue realizado por la Fiscalía General de la República (FGR), que en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), logró integrar pruebas contundentes que demostraron la responsabilidad de ambos en múltiples casos.
Secuestros en Chimalhuacán y Nezahualcóyotl
Entre 2013 y 2014, los dos hombres operaron en los municipios de Chimalhuacán y Nezahualcóyotl, zonas donde la inseguridad alcanzaba niveles alarmantes. Familias enteras vivieron con miedo debido a los constantes reportes de privaciones de la libertad, lo que llevó a reforzar la coordinación entre autoridades estatales y federales.
La captura se llevó a cabo en junio de 2016, cuando se les cumplimentaron órdenes de aprehensión dentro del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde ya permanecían recluidos por otros delitos.
Un proceso judicial largo y complejo
El camino hacia la sentencia no fue sencillo. Tras varios procedimientos judiciales y apelaciones, el Ministerio Público Federal (MPF) presentó pruebas irrefutables que permitieron al Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de México dictar la condena.
Entre las pruebas, se incluyeron testimonios de víctimas, análisis periciales y evidencia documental que demostraron la forma de operar de los acusados. Con ello, la justicia federal cerró un capítulo que llevaba casi una década abierto.
La importancia de la investigación coordinada
La FGR destacó el papel de la FEMDO y de la Fiscalía Federal en el Estado de México. Gracias a la cooperación entre dependencias, fue posible documentar la red de delitos y evitar que quedaran impunes.
Este caso también resalta la importancia de las instituciones judiciales federales en el combate a la delincuencia organizada. En un país donde la percepción de impunidad es alta, noticias como esta envían un mensaje de confianza a la ciudadanía.
El impacto en la comunidad
En municipios como Chimalhuacán y Nezahualcóyotl, donde miles de familias enfrentan a diario problemas de inseguridad, la noticia fue recibida como un alivio. Si bien la violencia no ha desaparecido, la detención y sentencia de dos responsables devuelve cierta esperanza de que la justicia puede alcanzar a los culpables.
Justicia y memoria
El caso recuerda que cada secuestro tiene detrás un drama humano: familias desgarradas, víctimas marcadas de por vida y comunidades sumidas en el miedo. La sentencia de 25 años no borra el dolor, pero sí representa un paso hacia la reparación y el fortalecimiento del Estado de derecho.
El mensaje de la FGR es claro: ningún delito de alto impacto quedará sin castigo, aunque las investigaciones y procesos tarden años en llegar a una resolución.
